Las previsiones no cambian el futuro. Las decisiones sí

Cada vez que un organismo nacional o internacional publica una previsión económica, se produce la misma reacción. Si los datos son positivos, algunos los presentan como un éxito asegurado. Si son negativos, otros los interpretan como un fracaso inevitable. Sin embargo, las previsiones no son ninguna de las dos cosas. Son escenarios construidos con la información disponible en un momento determinado. No son una sentencia. Pero tampoco pueden ignorarse cuando reflejan tendencias que ya están presentes en la realidad.

Hoy sabemos que Europa entra en una nueva etapa. Los fondos extraordinarios que han impulsado el crecimiento durante los últimos años llegan a su fin. La política fiscal volverá a ser más prudente. La incertidumbre geopolítica continúa. La competencia internacional se intensifica. Y las empresas deberán asumir un papel aún más importante como motor de la inversión. Ese diagnóstico no debería generar miedo. Debería generar responsabilidad.

Porque la verdadera cuestión no es si las previsiones se cumplirán exactamente. La verdadera cuestión es si estaremos preparados para actuar antes de que se cumplan.

La economía nunca ha sido una fotografía. Es una película en constante movimiento. Y quienes esperan a que aparezcan los problemas en las estadísticas suelen llegar demasiado tarde. Por eso resulta especialmente importante distinguir entre dos tipos de previsiones.

Las primeras son aquellas que pueden cambiar si actuamos a tiempo. Son una advertencia. Nos permiten corregir el rumbo.

Las segundas son la constatación de procesos que ya han comenzado. No anuncian el cambio; simplemente lo describen. En esos casos, discutir si el dato es exacto resulta mucho menos relevante que preguntarse cómo adaptarnos a la nueva realidad.

España y Canarias afrontan precisamente uno de esos momentos. Durante años, el crecimiento ha contado con un importante apoyo europeo. Ese impulso ha permitido sostener inversiones públicas y privadas que difícilmente habrían alcanzado la misma intensidad sin esos recursos extraordinarios. Ahora el contexto cambia. Y cuando cambia el contexto, también deben cambiar las políticas. No podemos responder a una nueva realidad utilizando las mismas herramientas diseñadas para otra completamente distinta. Necesitamos políticas capaces de facilitar la inversión, acelerar la actividad económica y reforzar nuestra competitividad. Eso significa reducir burocracia, mejorar la productividad, afrontar con decisión el problema del absentismo, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas, resolver los déficits de mano de obra y ofrecer un marco regulatorio estable que permita planificar inversiones a largo plazo.

No se trata de defender a las empresas frente a las administraciones. Se trata de comprender que una sociedad solo puede mantener su Estado del bienestar si antes es capaz de generar la riqueza necesaria para financiarlo. No existe contradicción entre crecimiento económico y cohesión social. Al contrario. Son dos retos que se necesitan mutuamente.

Cada nueva empresa que invierte, cada proyecto que sale adelante, cada empleo que se crea y cada mejora de productividad terminan convirtiéndose en mayores oportunidades para las familias, mejores salarios, más recursos públicos y una economía más resistente frente a futuras crisis. Por eso las reformas estructurales no deberían entenderse como una imposición técnica, sino como una inversión colectiva en nuestro futuro. Además, esas reformas solo serán eficaces si nacen del consenso.

Los grandes retos económicos no distinguen entre ideologías. Afectan por igual a trabajadores, empresarios, autónomos, administraciones y ciudadanos. La estabilidad institucional, el diálogo social y la capacidad de alcanzar acuerdos son hoy un activo económico de primer nivel. Las decisiones improvisadas generan incertidumbre. Las decisiones consensuadas generan confianza. Y la confianza sigue siendo el principal combustible de cualquier economía moderna. Canarias conoce especialmente bien esta realidad.

Nuestra condición de región ultraperiférica nos obliga a competir con desventajas estructurales que no desaparecerán por sí solas. Precisamente por eso necesitamos aprovechar cada margen de competitividad disponible. Cada trámite que se simplifica, cada inversión que se acelera, cada mejora en infraestructuras, formación o productividad tiene un impacto mucho mayor que en otros territorios. No podemos permitirnos desperdiciar esa oportunidad.

Las previsiones económicas no deben utilizarse para alimentar debates estériles sobre quién tenía razón. Deben servir para construir respuestas compartidas. Porque el verdadero éxito de una previsión no consiste en acertar. Consiste en que nos impulse a tomar decisiones que mejoren el resultado final. Ese debería ser el objetivo de cualquier política económica responsable: acompañar los cambios que ya están llegando con medidas valientes, realistas y consensuadas. No solo para crear más riqueza. También para proteger aquello que más importa: la calidad de vida de nuestras familias, las oportunidades de las próximas generaciones y la capacidad de Canarias y España para seguir prosperando en un mundo que cambia cada vez más deprisa.

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