Memoria

Antes del amanecer del 18 de julio Francisco Franco, comandante militar de Canarias, había firmado el Bando del Estado de Guerra, fundamentado supuestamente en el artículo 36 y «sus concordantes» del código de justicia militar. Antes se había tomado un café de campaña y después, tras reunirse con sus subordinados más próximos, se agarró al teléfono y se pasó mucho rato hablando. Las llamadas más perentorias tenían relación con los preparativos para la salida, 48 horas más tarde, del avión Dragon Rapid –cortesía de Juan March– que habría de transportarlo a Tetuán para ponerse al mando de todas las fuerzas militares españolas presentes en Marruecos. Los hechos de aquel 18 de julio en Santa Cruz de Tenerife son conocidos, pero deberían serlo más. El actual alcalde, José Manuel Bermúdez, no parece muy interesado en la historia de su ciudad. Sueña con una Santa Cruz intemporal, blanca, azul, donde la disidencia política es una grosería y el conflicto social casi un pecado. Su antecesor ese 18 de julio, José Carlos Schwartz, fue detenido ese mismo día y algunos meses después lo asesinaron en Las Cañadas del Teide y lo tiraron por ahí como a un perro. Algo un poco más incómodo que sufrir una moción de censura, por ejemplo. En realidad la pregunta más pertinente que debería hacerse a Bermúdez no es si el Ministerio de Memoria Democrática tiene o no derecho a ordenar la retirada del monumento a Franco (lo tiene) sino una más sencilla: ¿por qué no lo ha retirado usted en los catorce años que lleva de regidor? ¿No lo perturba ninguna incomodidad ni se siente democráticamente concernido por mantener en el espacio público de su ciudad un monumento de exaltación a un golpista que asesinó a muchas docenas de chicharreros?

La Guerra Civil llevaba tiempo planificándose, pero comenzó aquí precisamente, en Tenerife, y en pocas horas, la represión alcanzó a toda Canarias. Uno de los focos de resistencia más activos al golpe de Estado estuvo en La Palma. Hasta el 25 de julio aguantaron las autoridades republicanas apoyadas por los partidos del Frente Popular y los sindicatos. Los golpistas enviaron desde Gran Canaria a un cañonero con dos compañías a bordo. Desembarcaron sin problemas y se hicieron rápidamente con el control. La represión fue aterradora. Asesinatos, torturas, encarcelamientos. A los que huyeron al monte se les cazó como conejos. Una noche cálida llegaron a casa de mis abuelos en Breña Alta. Una pareja de campesinos con siete hijos que comían de lo que sembraban y criaban. Un suboficial y varios niñatos falangistas. Encontraron una escopeta de balines utilizada para cazar conejos; nadie pensó en entregarla en el cuartel de la Guardia Civil. Frente a su aterrorizada familia abofetearon e insultaron a mi abuelo con gran jolgorio aunque, afortunadamente, no se lo llevaron. Todo el verano y el principio del otoño aterrorizaron por la noche y fusilaron al amanecer. Después llegó la lluvia pero no borró la sangre.

Olvidar no solo es una estupidez política: es una crueldad añadida a los que padecieron tanto sufrimiento e ignominia. Pero la memoria activa –que debe incluir las responsabilidades en las que también incurrió la izquierda– no puede ser la coartada para reducir la historia a historieta y legitimar así la voluntad frentista de un Gobierno empecinado en usar la guerra civil y el franquismo como mecanismo de agitación política destinado a impugnar éticamente a la mitad de la población. España no es Francoland. La monarquía parlamentaria no es franquista, ni el sistema judicial, ni la Constitución, ni nuestro desarrollo legislativo, ni las fuerzas armadas. El sistema político de 1978 es precisamente el intento más afortunado –y para nada perfecto– de superar el guerracivilismo y modernizar democráticamente el país. Yo también quiero identificarme como un hijo del pacto constitucional (un pacto que sin duda merece algunas críticas y reservas) antes que un nieto tragicómico de la Guerra Civil. La memoria pública debe estar al servicio de todas las víctimas y no de quien la enarbola como una bandera.

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