«Indicios suficientes»

Con la resolución de la Audiencia de Madrid, enviando a juicio con jurado popular a Begoña, la situación cambia de manera relevante, no tanto porque vaya a producirse un juicio de forma inmediata –todavía quedan tiempo y trámites– sino porque el principal tribunal revisor de la instrucción ha validado, en lo esencial, que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por la vía del Tribunal con Jurado por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

La noticia tiene dos derivadas: la primera es que dificulta la estrategia de Moncloa de presentar el caso como producto exclusivo de un juez prevaricador, obsesionado con la mujer de Sánchez. Hasta ahora el Gobierno podía centrar sus críticas en Peinado, un juez cuya instrucción ha sido parcialmente corregida por la Audiencia. Hay incluso un elemento jurídico confuso: la Audiencia no confirma todo lo que sostiene Peinado. Ha descartado dos delitos y ha corregido el auto del instructor. Eso demuestra que se ha revisado críticamente el trabajo del juez, aceptando unas partes y rechazando otras. Es decir, no ha actuado como un órgano de refrendo. La Sección 23 ha dictado su resolución con sus cinco magistrados, y no solo tres como suele ser lo habitual, y mantiene que existen «indicios verosímiles, con una fuerza incriminatoria más que consistente», de que Begoña «se prevalió de su condición de mujer del presidente del Gobierno» para que le crearan una cátedra extraordinaria de la que «se benefició».

La Audiencia es contundente, pero al mismo tiempo ha descartado los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Esa circunstancia fortalece la credibilidad de la resolución, como ocurre con la condena al hermanísimo y Gallardo, donde la Audiencia de Badajoz no fue para nada especialmente cruel. Pero cuando es un tribunal colegiado formado por cinco magistrados el que confirma el núcleo de la investigación, el argumento cambia de naturaleza: ya no le basta al entourage sanchista con desacreditar al instructor; hay que sostener que también la Audiencia participa de una persecución política orquestada por los jueces. Y es ahí donde aparece la segunda derivada: la escalada de un enfrentamiento que nos lleva de cabeza a una crisis institucional.

La respuesta de Moncloa es especialmente significativa porque no se limita a defender la presunción de inocencia –algo lógico y perfectamente legítimo– sino que afirma categóricamente que Begoña Gómez «es inocente», que todo obedece a una «causa política» basada en «denuncias y noticias falsas». Eso es un salto cualitativo. El Gobierno deja de censurar una resolución concreta para cuestionar la legitimidad misma del proceso judicial. Porque son sucesivos tribunales los que vienen validando, con distintos matices, que existen indicios suficientes para que el procedimiento se mantenga.

Ya no se trata de discutir si Begoña es culpable o inocente o de qué es culpable y de qué inocente –eso tendrá que decidirlo un tribunal– sino de una imparable deslegitimación preventiva de cualquier resolución judicial desfavorable a Sánchez, en la que el Gobierno de una democracia europea parece empeñado. Ni Hungría llegó tan lejos.

Conforme el Gobierno y el PSOE pierden las formas en relación con la Justicia (a la que ni de lejos aplican la misma ‘presunción de inocencia’ que reclaman) hay una pregunta que el Gobierno no va a ser capaz de contestar: si el juez instructor –Peinado– está contaminado porque detesta a Sánchez y al PSOE, ¿también lo están los cinco magistrados de la Audiencia madrileña que avalan la apertura de juicio con jurado? Lo cierto es que la lógica del relato del sanchismo conduce inevitablemente en esa dirección.

Pero no se trata de un episodio aislado. En los últimos meses se ha acusado de motivaciones políticas a la Audiencia de Badajoz, a Anticorrupción, a jueces, a fiscales, a la UCO, al Tribunal Supremo en distintos procedimientos e incluso ha habido ministros especialmente bocachanclas, que se han referido a la existencia de una conspiración judicial-mediática contra el Gobierno. El caso Begoña amplía ahora esa confrontación, al incluir a la Audiencia de Madrid. Y es curioso que la conspiración se refiera sólo a los jueces y fiscales cuya intervención afecta específicamente a Sánchez, al hermano, a Begoña, al fiscal general del Estado, y al entorno más próximo.

En este sentido, los jueces que juzgan a Abalos, a Koldo, a Cerdán, a Leire –considerados como piezas caídas y prescindibles por el Gobierno– serían jueces buenos, o al menos no serían jueces malos. Pero los que se ocupan de la familia de Sánchez, o de quienes Sánchez ha decidido proteger –ministros, nombramientos directos suyos, amigos personales– serían directamente taimados conspiradores conectados a la derecha y su red de medios entregados y perversos.

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