La persecución

La causa iniciada por la jueza Beatriz Biedma, ha terminado en sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez, David, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. El desquiciado Gobierno Sanchista ha reaccionado con lo que ya parece un irremediable trastorno obsesivo compulsivo, acusando también a estos jueces extremeños de lawfare a favor de la extrema derecha. Y bendiciendo el fúbol, que ha actuado como extintor informativo.

«Se persigue a la persona, no al delito». «Es una ‘cacería’ contra Pedro Sánchez». Los ministros de Moncloa y los portavoces socialistas ya han perdido ya cualquier tipo de contención. Arremeten a saco contra la Justicia y los jueces para generar el relato, en una parte de la sociedad, de que son víctimas de una persecución injusta. Una versión que no estropean ni las joyas de Zapatero, ni las comisiones de Ábalos y Koldo, ni los escándalos que vendrán en los próximos meses.

Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, se lamentaba ayer de que en este caso de nepotismo, los jueces hayan actuado con extrema dureza, que él solo se explica porque el caso afecta a un familiar de Pedro Sánchez. Es lógico que en un partido donde Pablo Iglesias instauró la dedocracia más escandalosa, colocando y descolocando responsabilidades y candidatas en función de sus amistades o parejas, este tipo de nepotismo se vea como un pecado muy venial. Cosas de la costumbre.

Pero es que hay casos y casos. Más de una vez he recordado el del año 2014, cuando el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife que condenaba a cuatro años y medio de cárcel al alcalde de Valle Gran Rey, Ruimán García, a quien se consideró culpable del delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. García, siendo primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, formalizó el contrato de jornada completa a una mujer –su hermana, al parecer– con «plena conciencia de su ilegalidad y en virtud de sus lazos personales» durante ocho meses, como monitora de una ludoteca cerrada. Cobró siete mil euros.

Una familiar de un concejal cobró siete mil euros. Otro, David Sánchez, ingresó trescientos cuarenta mil. Son casos distintos, pero tal vez los que piensan que la condena de nueve años de inhabilitación es «demasiado dura» deberían revisar su doctrina. Salvando las distancias entre La Gomera y Badajoz, parece que la Justicia actuó con muchísima más dureza en el caso del más débil, políticamente hablando.

Pero como esta sociedad es inmune al sentido común, cada secta se quedará con su virgen. El Gobierno Sanchista ha sacado de procesión el socorrido argumentario de la «persecución judicial», con el que intentar encubrir el géiser de mangantes que está aflorando de entre sus filas. Y la derecha, que ya tiene los suyos casi amortizados, vuelve a exigir la fantasía de una dimisión imposible. Cada mochuelo en su olivo.

Tal vez hoy el ex alcalde gomero, al que emplumaron con cuatro años y medio de cárcel por enchufar a su familiar, se estará preguntando, como Calderón: «¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron qué yo no gocé jamás?». Y el viento le contestará: «el apellido, amigo».

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