Propósitos y realidades

Las calles del infierno están empedradas de buenas intenciones. La Europa de la Agenda 2030 –basada en la premisa «a recaudar, a recaudar, que el mundo se va a acabar»– decidió en su día que «el que contamina, paga». El mundo se gobierna con maravillosos eslóganes aunque luego tengan muy poco que ver con la realidad. Por ejemplo: los que contaminan volando son las compañías aéreas, pero lo paga el pasaje.

En el caso de los residuos de las grandes ciudades, los ayuntamientos han intentado trasladar ese principios a las tasas. Eso que se ha dado en llamar «tasazo» es un encarecimiento de lo que pagamos por recoger y tratar la basura, cobrando más a los que más generan. Lo que pasa es que no hay manera de saber lo que se produce en cada vivienda. Así que los cálculos se hacen por superficies. O por barrios. Y eso no deja de ser una estimación hecha a ojo de mal cubero. Un piso de noventa metros cuadrados donde vivan cinco personas producirá más basura que una vivienda de doscientos donde solo viva una. ¿Pero quién le pone el cascabel a ese gato? En Las Palmas lo intentaron y se quedaron con el cascabel en la mano, porque los jueces le han tumbado el sistema.

Otro ejemplo es la regulación del alquiler vacacional. En el preámbulo de la última norma se apelaba a la situación de emergencia habitacional que vive Canarias. Con tanta gente buscando piso de alquiler ¿cómo podríamos permitir que las familias canarias alquilen sus viviendas a los guiris? Pues bien, después de cargarse, hasta el momento, casi diez mil viviendas destinadas al vacacional, el número de pisos en oferta de alquiler de larga estancia no ha subido. O sea, hemos hecho un pan como unas tortas. Miles de familias han perdido el alquiler turístico, pero no se fían del alquiler de larga estancia. Porque más allá de los discursos está la realidad. Como no se protege al propietario privado y se permite a los inquilinos incumplir los contratos sin que pase nada, la gente es reacia a poner sus viviendas en riesgo de ocupación.

El director de Ordenación Turística de este Gobierno ha dicho que las viviendas vacacionales «solo» generan mil millones frente a los veinticuatro mil que facturan los alojamientos hoteleros tradicionales. Y ha añadido que «no aportan a la economía» de las islas. Es posible que tenga razón en cuanto a empleo directo, pero su análisis es digno de una dirigencia comunista. El dinero que ingresan las familias por los alquileres turísticos sí va a la economía –a la renta familiar– aunque no vaya al fisco en la misma medida que el de los hoteles. Mil millones repartidos entre miles de pequeños propietarios es muchísimo dinero para quien más lo necesita.

Pero la realidad es que se han extinguido esas miles de rentas familiares, en donde los canarios participaban directamente y sin intermediarios en el negocio alojativo turístico, pero no se han conseguido viviendas de alquiler de larga estancia. Si lo que se pretendía era ese trasvase, como decían, se han estallado como un ropero. Pero si lo que se defendía era el negocio hotelero tradicional –el que inyecta más recursos tributarios en el bolsillo público– la operación va saliendo redonda.

No hace falta ser un lince para saber cuál era el verdadero objetivo.

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