¿Libres? Según y cómo

El Ministerio de Igualdad ha lanzado una campaña publicitaria que viene a cumplir la función de la jofaina donde Herodes se lavó las manos cuando ordenó crucificar a un judío incómodo. Una gran página señala tres mensajes. El primero es que un tercio de los hombres en España reconoce haber pagado por sexo –no se citan expresamente ni al tito Berni, ni a Ábalos, ni a Koldo–. El otro dice: un tercio de los hombres de España perpetúa «la forma de esclavitud más antigua del mundo». Y un tercer párrafo contundente de remate: «no hay nada reseñable en agredir sexualmente a una mujer» o «detrás de la prostitución no hay un servicio, hay una mujer que está siendo consumida».

Que un ministerio lance este mensaje hace pensar que está a punto de aprobarse una legislación que prohíba el ejercicio de la prostitución. Porque si el Gobierno cree que se trata de «una forma de esclavitud» o incluso de una «agresión sexual», está meridianamente claro que debe actuarse de forma inmediata contra ello. Pero no es así. Se trata de un brindis al sol. De una condena moral formulada a través de una inversión publicitaria. Como se dice hoy, puro postureo.

Frente a lo que parece desprenderse de las afirmaciones ministeriales, la explotación sexual de las mujeres sí está condenada y perseguida. Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia española persiguen las redes de trata de blancas y a los proxenetas. A través de sus actuaciones hemos podido conocer horripilantes historias de chicas que han sido obligadas a prostituirse con amenazas a sus familias u obligadas a pagar una deuda –siempre impagable– por haber sido traídas a España. Hay estremecedores relatos de mujeres provenientes del Este de Europa, de Sudamérica o de África, que han terminado denunciando ante la policía a quienes las estaban explotando.

Lo que resulta más vidrioso es extender ese delito a aquellas mujeres –no pongamos número, las que sean– que han optado por alquilar sus servicios sexuales de manera voluntaria. Las abolicionistas consideran que esas mujeres no lo hacen «realmente» por decisión propia, sino que es la consecuencia de una infancia traumática, con abusos sexuales, o por la pura necesidad de escapar de una situación de pobreza. Pero ese argumento, que en algún caso puede ser verdad, no sirve de forma genérica, ni se puede aplicar sin conocer cada caso. La pobreza no lleva a la prostitución de la misma manera que no conduce al delito. Asociarlo de manera automática parece más propio de la fachosfera que de la izquierda. Aunque bien se ve que las hojas del mismo rábano se pueden coger por ambos bandos, cuando así conviene.

La gran razón para la defensa del derecho al aborto es, sin duda, el ejercicio de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Nadie, ni siquiera eso que llamamos Estado –siempre propenso al desprecio de lo individual–, tiene derecho a expropiar el cuerpo de una mujer para obligarla a hacer algo que no quiere. Y si reconocemos ese derecho de las mujeres sobre sí mismas, el argumento del Ministerio de Igualdad se esfuma en la evanescencia. Si se legitima que se puede prohibir a una mujer alquilar su cuerpo y cobrar por el acto sexual, se estará cercenando su libertad sobre su cuerpo. Y esa puerta puede conducir a territorios mucho más sombríos en el terreno reproductivo, donde, además, entra en juego eso que ahora llama Ayuso «el concebido no nacido».

Los hombres y mujeres alquilamos nuestros cuerpos y mentes habitualmente. Se llama trabajo. Y cobramos por ese alquiler. Y encima lo revestimos de un aura de elogio –el trabajo dignifica– y de progreso. Pero el sexo y la muerte siempre han sido territorios prohibidos. Lo fueron en el pasado, perseguidos tenazmente por los curas y una Iglesia castradora: la vida es de Dios y el sexo es pecado. Y lo vuelven a ser ahora, atacados por las nuevas religiones laicas progresistas.

Los seres humanos tienen dificultades para decidir sobre su propia muerte, tutelados por un Estado paternalista que se entromete desde la cuna a la tumba. El comercio del sexo, que se mueve en la penumbra de la vergüenza, se considera un intercambio ilegítimo y repugnante, aunque haya acuerdo entre las partes. Aunque acabe en un trabajo en una empresa pública. O en un piso en la Castellana. Esas mujeres son, para los conservadores, pecadoras, y para los progres, víctimas. Mismo desprecio con diferentes disfraces. Aunque solo sea postureo hipócrita, la página del Gobierno es, por muchas cosas, indecente. Deberían mandarla a Soto del Real.

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