De misiles a pelusas

La experiencia histórica demuestra que muchas de las innovaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana nacieron vinculadas a programas de defensa. De hecho, esa aspiradora redonda que deambula por nuestras casas buscando pelusas a la vez que asusta a nuestras mascotas procede de un artilugio inicialmente concebido para mapear entornos enemigos y hostiles sin necesidad de disponer de presencia humana alguna. Otros, como el GPS o buena parte de los avances en navegación, telecomunicaciones y aeronáutica, son ejemplos de cómo determinadas inversiones militares terminaron siendo parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, no toda inversión en defensa produce innovaciones disruptivas, pero sí puede actuar como un potente catalizador tecnológico cuando se orienta hacia la investigación y el desarrollo.

La reflexión viene a colación porque las últimas cumbres de la OTAN han marcado un punto de inflexión en la política económica y de seguridad de Occidente. La presión ejercida por Estados Unidos para que los aliados incrementen de forma sustancial el esfuerzo presupuestario en defensa ha dejado de ser una simple recomendación diplomática para convertirse en una auténtica exigencia estratégica. De hecho, se considera que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad y reducir su dependencia, ya que la protección colectiva exige un mayor compromiso financiero.

Esta posición refleja un cambio profundo en el equilibrio geopolítico mundial. Estados Unidos necesita concentrar cada vez más recursos en la contención de la influencia de China, mientras espera que Europa sea capaz de garantizar una mayor estabilidad en su propio entorno estratégico. La guerra en Ucrania, la creciente tensión en Oriente Próximo, los ataques híbridos, las amenazas sobre infraestructuras críticas y la proliferación de ciberataques han terminado de consolidar un escenario en el que la seguridad vuelve a ocupar un lugar prioritario. El debate, sin embargo, trasciende el ámbito estrictamente militar. La cuestión no consiste únicamente en destinar un mayor porcentaje del PIB a capacidades defensivas, sino en comprender las implicaciones económicas que conlleva una decisión de semejante magnitud.

Desde una perspectiva económica, la seguridad constituye un bien público imprescindible para el funcionamiento de cualquier economía moderna. La estabilidad institucional, la protección de las infraestructuras estratégicas y la capacidad de disuasión crean un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico. En ese sentido, el gasto en defensa puede interpretarse como una inversión preventiva. Igual que contratamos seguros para minimizar riesgos futuros, un Estado desarrolla capacidades militares con el propósito de evitar que determinadas amenazas lleguen a materializarse. La paradoja de la defensa consiste precisamente en que su éxito no se mide por el uso de sus recursos, sino por su capacidad para impedir que sea necesario utilizarlos.

Pero el impacto económico de estas inversiones no termina ahí. La industria de defensa representa uno de los sectores con mayor intensidad tecnológica de la economía contemporánea. Inteligencia artificial, ciberseguridad avanzada, nuevos materiales, sistemas espaciales, robótica o electrónica de precisión forman parte de un ecosistema industrial cuya actividad trasciende ampliamente el ámbito militar.

Para Europa, además, el nuevo escenario representa una oportunidad industrial de enorme relevancia. Durante décadas, la industria europea de defensa ha permanecido fragmentada entre numerosos programas nacionales, con duplicidades productivas y una limitada coordinación entre Estados. El incremento del gasto podría favorecer una mayor integración industrial, impulsar proyectos conjuntos y consolidar cadenas de suministro estratégicas que reduzcan la dependencia tecnológica del exterior.

Pero la cuestión resulta especialmente significativa porque el verdadero beneficio económico no dependerá únicamente del volumen de recursos movilizados, sino del destino de esos recursos. Si el aumento del presupuesto termina financiando principalmente importaciones de material militar fabricado fuera de Europa, el efecto multiplicador sobre la economía europea será limitado. En cambio, si sirve para fortalecer empresas tecnológicas, centros de investigación y proveedores industriales europeos, el retorno económico podría extenderse mucho más allá del propio sector de defensa.

Sin embargo, las oportunidades conviven con riesgos que conviene no minimizar. El primero de ellos es el coste de oportunidad. Los recursos públicos continúan siendo limitados y cada incremento del gasto en defensa obliga inevitablemente a redefinir prioridades presupuestarias. Sanidad, educación, vivienda, infraestructuras o transición energética compiten por los mismos recursos fiscales. Además, en países con elevados niveles de deuda pública, como es España, el margen para aumentar simultáneamente todas las partidas resulta extremadamente reducido. Y el debate adquiere aún mayor relevancia si el incremento presupuestario se convierte en estructural porque no se trata de responder a una emergencia puntual, sino de asumir compromisos permanentes que deberán financiarse durante décadas. Sin una estrategia fiscal sólida, el esfuerzo en defensa puede traducirse en mayores niveles de endeudamiento y en una creciente presión sobre las cuentas públicas.

El verdadero reto europeo consiste en transformar una obligación estratégica en una oportunidad

También conviene evitar interpretaciones excesivamente simplistas porque, aunque determinadas inversiones tecnológicas pueden generar importantes externalidades positivas, no toda expansión presupuestaria produce automáticamente mayor productividad. La rentabilidad económica dependerá de la capacidad para integrar la innovación, formación y transferencia tecnológica en la economía dentro de una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Precisamente por ello, el verdadero reto europeo consiste en transformar una obligación estratégica en una oportunidad. El incremento del gasto en defensa no debería entenderse exclusivamente como una respuesta a las demandas de Washington, sino como una ocasión para fortalecer la autonomía tecnológica, consolidar una base industrial más competitiva y desarrollar capacidades propias en sectores de elevado valor añadido.

Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, la calidad del gasto terminará siendo mucho más importante que su volumen. La defensa del siglo XXI ya no depende únicamente del número de carros de combate o de aviones adquiridos, sino de la capacidad para desarrollar tecnologías críticas, proteger infraestructuras digitales, garantizar la resiliencia energética y fortalecer la innovación. Por todo ello, la respuesta no puede limitarse a cumplir un determinado porcentaje del PIB. Debería consistir en convertir ese esfuerzo presupuestario en una auténtica política de desarrollo capaz de reforzar simultáneamente la seguridad, la competitividad y la autonomía estratégica. O eso, o estamos a las puertas de crear otro potente electrodoméstico.

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