Un modelo subdesarrollante

La mayoría de la ciudadanía española ha estado a favor de la regularización extraordinaria de migrantes ya residentes en España. Es una mayoría no aplastante pero generosa, que cree –y con razón– que nos irá mejor si los migrantes son legalizados, disfrutan de derechos laborales y sociales y pagan sus impuestos, y desde esa posición jurídica consolidada puedan acceder a la ciudadanía desde 2036. Lo que sin duda no esperaban es que el proceso de regularización acumulara 1.174.987 solicitudes: el doble de las previstas en su día por el Gobierno español (en Canarias 37.525). Es para sufrir un pequeño ataque de nervios, porque las cifras demuestran –de nuevo– un procedimiento basado en la improvisación, la desidia, la chapucería buenista. Un Gobierno debe decidir y adoptar una regularización excepcional sobre una cifras creíbles que permitan cierta planificación. Pero todo se ha hecho puñeteramente mal. Por poner un ejemplo: el conocido como certificado de vulnerabilidad se aprobó cuando ya se había abierto el plazo de solicitudes. Las terminales administrativas estuvieron a punto de colapsar y pocos discuten que resulta imposible que no se hayan cometido errores porque se priorizó un ritmo enloquecido de tramitación.

Uno de los sintagmas-aspirina que nos tranquiliza a todos establece que ese millón largo de migrantes que serán regularizados «ya estaban aquí, a menudo hace años, no vienen de afuera». Es una afirmación muy rara. Es como afirmar que como estaban aquí hace seis meses o seis años no van a suponer ninguna presión extra a los presupuestos públicos o que ya disponían de una vivienda familiar en condiciones. Por supuesto no es así. En lo que se refiere a vivienda pública a partir de ahora podrán inscribirse como demandantes. ¿Cuántos habrá antes de fin de año? ¿Doscientos mil? ¿Trescientos mil? ¿Medio millón? ¿El Gobierno dispone de alguna previsión mínimamente solvente al respecto? Si no manejaba porcentajes fiables sobre el monto de las solicitudes no caben esperanzas de precisión en ningún otro aspecto. Por disparatado que pueda parecer se prefirió proceder a una regularización masiva de cientos de miles de personas antes de conseguir un repertorio estadístico sobre su situación y sus contextos en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, y no al contrario. Más asombrosamente todavía: la regularización no se entiende gubernamentalmente como un punto y aparte, sino como un punto y seguido. Con esta regularización –por así decirlo– se agota la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Imagino que a partir de ahora toca esperar a la próxima regularización extraordinaria dentro de ocho o diez o doce años, otro millón de migrantes con permiso de residencia en España, y así sucesivamente.

No es un acto de generosidad y buenrollismo: es un modelo de desarrollo subdesarrollante. Las mismas narrativas oficiales conceden a la migración el valor de principal factor del crecimiento económico: sostiene la evolución positiva del PIB y ofrece mano de obra barata. Es asombroso que se aplauda entre sonrisas esta mala noticia, porque un crecimiento fundamentado en una actividad de bajo valor añadido, limitada formación académica y profesional y salarios de supervivencia te puede sostener el PIB, pero condiciona estratégicamente tu futuro económico, científico y tecnológico, limitando tu productividad y, en el medio y largo plazo, tensionando servicios sociales y asistenciales de calidad. En sus primeros años los migrantes de baja cualificación aportan al erario público cantidades relativamente significativas, pero con el paso de pocos años esa aportación se ve superada por el coste por habitante de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia) y más delante, desde luego, por las pensiones públicas tal y como funcionan actualmente en España. De aquí a veinte años no es un bueno negocio pero, ¿quién piensa en todo esto? ¿Cuándo se ha debatido la política migratoria en las Cortes? Silencio y a esperar el siguiente millón.

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