Un mundo más justo

Respetaría las ideas de personas a las que aprecio, que se confiesan de izquierdas, si no fuera porque su sistema para organizar un mundo «justo» se basa en la igualación por la amputación: para nivelar el tamaño de los diferentes árboles del bosque humano proponen serrar a los más altos o a los que más ramas tienen.

La igualdad es una idea terrible, porque solo se puede conseguir de forma traumática. La naturaleza es desigual. Tanto que no existen dos gotas de aguas exactamente iguales. Las organizaciones sociales que predicaron el igualitarismo acabaron creando ciudadanos lobotomizados, tornillos de la máquina de un Estado totalitario dirigido por una élite. El perfecto hormiguero comunista chino o los terribles desfiles robóticos nacional socialistas.

El concepto de «justicia» o «dignidad» que hoy reivindican los herederos del comunismo no propone un reparto igualitario de dones espirituales, como la educación o el talento. Porque por supuesto, es imposible. Se refiere exclusivamente al derecho a disfrutar de un producto de la acción humana llamado riqueza. O sea, el dinero.

Un famoso economista, Pareto, sostenía que si alguien pudiese repartir de forma equitativa la riqueza del mundo entre todos los seres humanos, al cabo de un mes volverían a existir ricos y pobres. Porque unos tendrían más suerte, más habilidad o más inteligencia en el trabajo de multiplicar su patrimonio. Y otros terminarían dilapidándolo. Porque unos trabajarían más y otros dejarían de hacerlo. Porque no somos iguales.

El sofisticado mecanismo que hemos llamado Estado del Bienestar se construyó como un sistema dinámico de nivelación. Eso que llamamos «justicia social» es un artefacto muy poco justo, por más que haya terminado siendo necesario. Se basa en coger una buena parte de la riqueza que unos generan con su trabajo o su talento, y entregarlo a otros con peores desempeños. Y en paralelo, con parte de esa riqueza financiar la prestación de servicios públicos que tienen carácter finalista gratuito para todos los ciudadanos.

Desde que Bismarck, a finales del XIX creó los primeros sistemas modernos de seguro de enfermedad, accidentes, invalidez y vejez, el Estado del Bienestar se ha transformado en el modo de organización en que funcionan las sociedades modernas. La posguerra mundial fortaleció ese wellfare state hasta tal punto de convertirlo en algo tan natural como el aire que respiramos. Como si fuera inmanente a la propia naturaleza humana.

La izquierda, que tuvo muy poco que ver con la gestación y el parto de esa criatura, se ha apropiado de ese complejo mecanismo social para pervertirlo. Hoy es moneda común escuchar que el Estado del Bienestar no está obligado solo con sus ciudadanos, sino que tiene carácter y vocación universal. Y que los gestores de ese gigantesco mecanismo, que forma lo que se ha dado en llamar sector público, pueden recabar cada vez mayores cantidades de riqueza, tanta como sea necesaria, para chutarla en el sistema.

El último cero energético que se produjo en España ocurrió cuando las oscilaciones de potencia hicieron saltar la red de distribución. La inepcia de unos gestores que viven de mal administrar el dinero ajeno y el costo del peso de un sector público ineficiente, son un peligro para el mantenimiento de la red del sistema del Estado del Bienestar. Existe una delgada frontera entre el esfuerzo fiscal y el expolio.

Sin echar mano de Laffer y sus curvas, sino solo del sentido común, cuando el Estado se lleva más de la mitad de lo que ganas con tu trabajo empieza a descender el incentivo para producir más y mejor. Cuando piensas que se puede vivir perfectamente con sanidad, educación y ayudas garantizadas sin necesidad de ocupar la mayor parte de tu vida en un tedioso trabajo, se está sembrando una peligrosa semilla para la prosperidad futura porque quienes sostienen empiezan a ser menos que los sostenidos.

Algunos que creen, con la fe del carbonero, en su peculiar idea de la «justicia social», han dado un paso más allá. El Estado del Bienestar ya no es un contrato social y voluntario entre ciudadanos. Es un ente autónomo que obliga a sus supuestos dueños. Lo «privado», es decir, los hombres y mujeres que no forman parte del sistema gestor del Estado, están al servicio de «lo público». Son solo piezas de una máquina superior. Como si los gerentes de un club convirtieran a sus socios, los verdaderos propietarios, en esclavos. Como si la supervivencia del club fuera mucho más importante y prioritaria que la de quienes lo forman. Ese es el momento que vivimos. El de una «justicia facial» que propone que puesto que no puede haber gente más guapa que otra, hay que ir sacando ojos y haciendo cicatrices en las caras, para igualarnos a todos en fealdad. La inestabilidad de un sistema tan extremadamente estúpido nos llevará de cabeza a un cero energético social.

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