Opinión
Europeos de primera clase

Archivo - Bandeiras da Unión Europea, en imaxe de arquivo. / UGT - Archivo
España se ve a sí misma como parte del núcleo de Europa. No como país satélite, no como receptor indefinido de fondos de cohesión, sino como nación integrada en la primera división continental: con sus instituciones, su moneda, sus derechos y sus aspiraciones compartidas. Es una posición legítima y, en muchos sentidos, merecida. Pero también es una posición que exige coherencia interna.
La coherencia empieza por una pregunta que nadie formula con claridad: ¿puede sostenerse esa aspiración con el modelo productivo que tenemos?
La respuesta es tan sencilla como incómoda: un poder adquisitivo europeo requiere una productividad europea. No hay otra vía. Los salarios no son una variable política que se ajusta por decreto - son la consecuencia de lo que una economía es capaz de generar. Cuando el modelo produce poco, el decreto no corrige el problema. Solo lo disimula temporalmente en la nómina.
Hay una estadística que lleva diecisiete años demostrándolo. En 2008, el 43% de los trabajadores españoles ganaba menos del doble del Salario Mínimo Interprofesional. En 2024, esa cifra es el 67%. No el 43. El 67. Durante ese mismo período, el SMI ha crecido más que en ningún otro tramo comparable de la historia reciente española. Cada subida llegó acompañada de titulares que la celebraban como un avance histórico. Y sin embargo, dos de cada tres trabajadores siguen viviendo en la franja baja de la distribución salarial, medida en términos del propio suelo que se suponía que los iba a elevar.
Eso no es una distribución de primera clase. En términos de estructura de renta, es la fotografía de una economía de periferia que se esfuerza por parecer de centro.
Conviene detenerse aquí, porque la conclusión fácil es la equivocada. Esto no es un argumento contra subir salarios. Es exactamente lo contrario: es el argumento más sólido que existe para exigir que los salarios suban de verdad, y no solo en el papel.
Lo que ese dato revela no es codicia empresarial ni pasividad sindical. Revela algo mucho más estructural: que el modelo productivo español no genera suficiente valor por hora trabajada como para financiar el nivel de vida al que aspiramos como europeos de primera clase. Cuando se sube agresivamente el suelo sin que la productividad media acompañe, no se levanta la distribución. Se comprime. Los tramos medios se vacían. El tejido empresarial que debería ocuparlos -empresas de tamaño medio, intensivas en conocimiento, con márgenes suficientes para pagar bien- no existe en la proporción necesaria. El resultado, diecisiete años después, está en el dato: más trabajadores cerca del suelo, menos en el tramo medio, una clase media que no crece porque el modelo no la genera. Se habla mucho de reducir la desigualdad. Pero una política que ensancha la base pobre y vacía el tramo medio no reduce la desigualdad: la reordena.
En Canarias, el fenómeno se concentra con más intensidad. Una economía con peso estructural en hostelería, comercio y servicios de escaso valor añadido va a mostrar, inevitablemente, una concentración mayor en los tramos salariales bajos. No porque los empresarios canarios paguen peor que los del resto del país, sino porque el modelo insular genera un tipo de actividad -estacional, intensiva en mano de obra, con baja densidad tecnológica y sometida a los costes adicionales que impone la insularidad- que limita estructuralmente lo que el mercado puede ofrecer. El transporte encarece la producción. La estacionalidad dificulta la planificación. La lejanía ralentiza el acceso al capital y al talento. Todo eso se traduce en márgenes más estrechos y salarios más ajustados que en otras regiones.
El turismo no es el problema. Es uno de los pilares sobre los que construir, y un sector que ha demostrado una capacidad de resiliencia extraordinaria. El problema es haberlo convertido en el único soporte de la estructura, sin desarrollar en paralelo sectores capaces de generar la clase media que Canarias necesita para ser, también ella, una economía de primera clase dentro de España y dentro de Europa.
¿Qué significa todo esto en términos de política económica? Que las subidas del SMI deben ir acompañadas -y no sustituidas- por reformas estructurales que aumenten la productividad. Inversión real en formación profesional y cualificación. Reducción de la carga burocrática que asfixia a la empresa mediana y desincentiva el crecimiento. Incentivos efectivos a la innovación y a la incorporación de tecnología. Apuesta decidida por sectores de conocimiento capaces de generar el tramo salarial medio que el modelo actual no produce. Sin ese acompañamiento, el SMI no mejora la vida de los trabajadores. Solo cambia el número en la nómina mientras el modelo de fondo permanece intacto.
Los empresarios no somos el problema de los salarios en España. Tampoco somos su solución exclusiva. Somos un actor dentro de un sistema cuya productividad determina los límites de lo posible. Y precisamente por eso, el debate sobre los salarios no puede reducirse a quién tiene más músculo en la negociación colectiva o qué partido necesita un titular para mañana. Tiene que ampliarse a una pregunta más honesta: qué tipo de economía queremos ser y qué hace falta construir para poder pagarla.
Europa lleva años debatiendo entre sus dos velocidades. Hay quienes avanzan y quienes se quedan. España tiene vocación de ir en el carril rápido. Pero diecisiete años de datos salariales dicen que, de momento, el modelo no acompaña a la ambición.
Queremos que los salarios suban. Queremos más clase media y menos clase pobre. Por eso mismo, decimos que el camino actual no es suficiente. Los europeos de primera clase no se conforman con cambiar la etiqueta.
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