Las cicatrices económicas de Venezuela

No se pretende dar recomendaciones desde la comodidad de la lejanía. Realmente, lo que se pretende es concienciar sobre la gravedad de lo acontecido y sobre lo costoso del camino que queda por recorrer. Esta afirmación se fundamenta en que, cuando terremotos de gran magnitud golpean a un país, las primeras imágenes que llegan suelen ser las del drama humanitario que dejan tras de sí con la esperanza de encontrar vida como último remedio. Sin embargo, una vez que las cámaras abandonan la zona cero, comienza otra tarea centrada en la reconstrucción de la zona. En el caso de Venezuela, el desastre sísmico acontecido no solo ha supuesto una innegable tragedia humana, sino también un desafío de enormes dimensiones, capaz de poner a prueba la capacidad de respuesta de su población, la recuperación de la necesaria fortaleza de sus instituciones y el compromiso de la comunidad internacional. La experiencia acumulada en otros territorios demuestra que la reconstrucción no consiste únicamente en rehacer infraestructuras. Implica recuperar la actividad productiva, restablecer las cadenas de suministro, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y devolver la confianza.

El primer desafío sería conocer la verdadera dimensión del daño. Para ello, la reconstrucción exige calcular el valor de lo perdido junto a los costes que supondrá mantener, durante meses o incluso años, programas extraordinarios de ayuda social. Solo una evaluación rigurosa permitiría conocer el volumen de recursos necesarios para devolver al país a un nivel de actividad similar al existente antes del desastre, sabiendo que ningún Estado dispone de recursos suficientes para reconstruir simultáneamente todo lo destruido. Por ello, la economía de la reconstrucción consiste, precisamente, en decidir qué inversiones producen el mayor efecto multiplicador sobre el resto de la actividad económica.

La prioridad debería centrarse en restablecer los servicios esenciales. Sin suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones o atención sanitaria resulta imposible reactivar el resto de la economía. La segunda fase debería dirigirse hacia la reconstrucción de la red logística nacional, mientras se restablece la conectividad internacional. Posteriormente llegaría la reconstrucción del parque residencial. Es cierto que muchas personas necesitarán nuevas viviendas, pero la urgencia no debería conducir a repetir errores del pasado. La experiencia internacional demuestra que reconstruir con los mismos estándares que existían antes del desastre equivale a preparar la siguiente catástrofe.

Está claro que todo ello exigiría una financiación extraordinaria. La reconstrucción obligaría a combinar recursos presupuestarios nacionales, préstamos de organismos multilaterales, emisiones específicas de deuda, cooperación internacional e inversión privada. En estos procesos, como la cooperación no puede sustituir la responsabilidad interna, la confianza institucional adquiere un valor casi tan importante como el propio dinero, porque no solo se evalúa la magnitud de la tragedia, sino también la capacidad del país para ejecutar proyectos con transparencia, seguridad jurídica y estabilidad administrativa, teniendo en cuenta que la experiencia demuestra que la dispersión de competencias entre diferentes administraciones suele traducirse en retrasos, duplicidades y sobrecostes.

Igualmente, importante es potenciar el funcionamiento de un maltrecho sistema financiero porque, tras el cataclismo, se pierde una parte importante de los activos y aumenta la morosidad. Una parte esencial de la gestión recaería sobre la conformación de un sistema cambiario confiable. Para ello, el país debería operar bajo un régimen de tipo de cambio flexible administrado, en el que el valor del bolívar se determine principalmente por la oferta y la demanda en el mercado de divisas, mientras que el Banco Central de Venezuela intervendría únicamente para corregir fluctuaciones excesivas que pudieran poner en riesgo la estabilidad financiera. Este modelo combinaría la disciplina del mercado con una actuación prudente de la autoridad monetaria, evitando tanto la rigidez de los tipos de cambio fijos como la volatilidad propia de una flotación completamente libre.

Llegados a este punto, la recuperación de la credibilidad en el propio Banco Central, así como en el resto de las administraciones públicas, la libre convertibilidad de la moneda, la ausencia de controles cambiarios generalizados y el mantenimiento de un elevado nivel de reservas internacionales permitirían que Venezuela afrontara episodios de incertidumbre externa con una menor volatilidad cambiaria. A ello debería sumarse una política monetaria basada en metas de inflación que contribuiría a preservar el poder adquisitivo de la moneda y a generar confianza entre los inversores nacionales e internacionales. Asimismo, en estos primeros momentos podría asumirse un cierto grado de dolarización financiera transitoria, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la moneda nacional y una reducción progresiva de la dependencia del dólar, consolidando así un sistema financiero más sólido y resiliente.

Además, la reconstrucción constituirá una enorme política de empleo. Miles de personas serán necesarias para levantar viviendas, reparar carreteras, reconstruir hospitales, instalar redes eléctricas y rehabilitar infraestructuras públicas. Si estos programas se diseñan adecuadamente, la inversión pública puede convertirse en un poderoso instrumento para absorber el desempleo, incrementar la renta de los hogares y estimular el consumo interno durante los primeros años posteriores al desastre.

Llegados a este punto, conviene recordar que, utilizando el contexto de Canarias, existe un recurso que con frecuencia recibe menos atención de la que merece. En este caso, pudiéndose convertir en uno de los pilares de la recuperación, la diáspora venezolana aparece como una oportunidad. Se estima que en el Archipiélago residen casi 90.000 ciudadanos venezolanos, los cuales generan una huella económica de 3.000 millones de euros aproximadamente, lo que evidencia una elevada capacidad de generación de riqueza. Por ello, más allá de la propia solidaridad internacional, las remesas familiares constituirían otro de los mecanismos de apoyo, permitiendo reducir la presión durante los primeros meses de la emergencia.

Al final, la reconstrucción del país nunca consiste únicamente en sustituir lo que el terremoto destruyó. En este caso, se ha entrado en una fase distinta donde las prioridades han de reordenarse porque Venezuela tendría ante sí la posibilidad de transformar una tragedia nacional en un punto de inflexión histórico, siempre que la reconstrucción se concibiera como una política de desarrollo y no solo como una sucesión de obras públicas. Porque los edificios pueden levantarse en pocos años, pero la confianza, la productividad y las instituciones sólidas requieren una visión de largo plazo. Es ahí donde se decide si una catástrofe deja únicamente cicatrices o también el impulso necesario para iniciar una nueva etapa de crecimiento económico. Para todo ello, ¡fuerza, Venezuela!