Prioridad nacional

La noción de «prioridad nacional» suele asociarse a aquellos objetivos que un Estado considera esenciales para garantizar el bienestar de la población, el crecimiento económico y la estabilidad institucional. En estos tiempos se ha asociado la expresión al control poblacional y al análisis coste-beneficio de las personas que terminan radicando en un territorio determinado para saber si son deficitarias o superavitarias. Sin embargo, desde una perspectiva económica y presupuestaria, las prioridades nacionales no se definen únicamente mediante declaraciones políticas, sino a través de decisiones concretas sobre quién recauda los recursos públicos, cómo se distribuyen entre los distintos niveles de gobierno y qué territorios reciben financiación para impulsar su desarrollo. En este sentido, puede interpretarse como el conjunto de decisiones que determinan la asignación de recursos públicos entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y, en nuestro caso, las Instituciones Europeas. Esto, junto a la política fiscal y presupuestaria constituye el mecanismo fundamental mediante el cual se materializan las prioridades colectivas.

Asumiendo como hipótesis válida que la recaudación tributaria es el punto de partida de cualquier política pública, sin ingresos suficientes no pueden financiarse servicios esenciales como la sanidad, la educación, las infraestructuras, las pensiones o la seguridad, entre otras áreas. Con todo, en Estados descentralizados como España surge una cuestión adicional relacionada con la titularidad de la recaudación de los impuestos para, posteriormente, decidir cómo gastar los recursos obtenidos. Y la respuesta a estas cuestiones está estrechamente vinculada al concepto de autonomía fiscal. Esta puede definirse como la capacidad para obtener ingresos propios y decidir el destino de una parte significativa de los recursos públicos. Cuanto mayor es dicha capacidad, mayor es también el margen de decisión política y económica del territorio. España es uno de los países más descentralizados de Europa en términos de gasto público ya que las Comunidades Autónomas gestionan competencias fundamentales. Sin embargo, la capacidad de generar ingresos propios no siempre guarda una relación directa con el volumen de gasto que deben asumir.

Este fenómeno genera una tensión permanente entre autonomía y solidaridad. Por un lado, las Comunidades Autónomas reclaman mayores niveles de corresponsabilidad fiscal para adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de sus ciudadanos. Por otro, el Estado debe garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a unos servicios públicos básicos equivalentes, independientemente del territorio en el que residan. La prioridad nacional, desde esta perspectiva, consistiría en encontrar un equilibrio entre la autonomía financiera de los territorios y la cohesión económica y social del conjunto del país donde un sistema excesivamente centralizado puede dificultar la adaptación de las políticas a las realidades locales, mientras que una descentralización extrema podría generar desigualdades significativas entre regiones con distinta capacidad económica.

En el caso español, esta cuestión adquiere una especial relevancia debido a las importantes diferencias territoriales existentes en renta, población, dispersión geográfica y estructura productiva. Las Comunidades Autónomas con mayor capacidad recaudatoria suelen demandar una mayor vinculación entre los ingresos generados y los recursos disponibles para financiar sus servicios públicos. En cambio, las regiones con menor capacidad económica dependen en mayor medida de los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial, teniendo como elemento vertebrador el sistema de financiación de los diferentes niveles de la Administración Pública.

Canarias constituye un caso singular dentro de este modelo dada su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, reconocida en el derecho comunitario, junto al Régimen Económico y Fiscal destinado a compensar los costes derivados de la lejanía, la fragmentación territorial y las limitaciones estructurales asociadas a la insularidad. En este caso, la existencia de figuras tributarias propias, diferentes de algunas aplicadas en la España peninsular, responde precisamente a la consideración de que la cohesión territorial constituye una finalidad cuyo objetivo no es generar privilegios fiscales, sino reducir los sobrecostes que soportamos por razones geográficas ajenas a nuestra voluntad. No obstante, la autonomía fiscal por sí sola no garantiza la capacidad de financiar todas las necesidades públicas de un territorio. Por este motivo, la financiación procedente del Estado y la propia Unión Europea desempeña un papel fundamental.

Es aquí donde la integración europea ha transformado profundamente el concepto tradicional de prioridad nacional. En la actualidad, una parte relevante de las inversiones públicas responde a prioridades definidas conjuntamente por los Estados miembros y las instituciones comunitarias. La transición energética, la digitalización, la innovación tecnológica, la cohesión territorial y la lucha contra el cambio climático son ejemplos de objetivos que trascienden las fronteras y se financian mediante instrumentos europeos donde hemos sido históricamente uno de los principales beneficiarios. Durante décadas, los fondos estructurales y de inversión europeos han contribuido a modernizar infraestructuras, mejorar la competitividad, fortalecer el capital humano y reducir las disparidades regionales no como una transferencia asistencial, sino como una inversión estratégica destinada a fortalecer la integración económica y territorial. Además, estos fondos han supuesto una oportunidad extraordinaria para acelerar transformaciones estructurales que difícilmente podrían financiarse exclusivamente mediante recursos nacionales. En Canarias, la relevancia de esta financiación es aún mayor debido a que la condición ultraperiférica del archipiélago permite acceder a mecanismos específicos de apoyo destinados a compensar las limitaciones derivadas de la distancia respecto al continente europeo.

En definitiva, las verdaderas prioridades nacionales se reflejan en la capacidad de articular mecanismos eficientes de recaudación, distribución y gasto de los recursos públicos. En nuestro caso, esta realidad debe manifestarse a través del equilibrio entre la autonomía fiscal junto a la solidaridad territorial. Llegados a este punto, hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el origen de los fondos europeos y nacionales que utilizamos en el Archipiélago? Pues proceden de contribuyentes del resto de países y territorios que aportan su cuota correspondiente para crear el modelo europeo por el que se ha apostado, siendo la cohesión económica y social dos de sus principales signos de identidad. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de los Estados miembros apostara por «su» prioridad nacional y que cada cual se pague lo suyo? Pues, en el caso de Canarias, para mantener el mismo nivel de prestación de bienes y servicios públicos esenciales, nuestra presión fiscal se estima que se tendría que elevar un 400%. Entonces ¿qué ocurre cuando lo que creemos exclusivamente nuestro depende, en parte, de la aportación del resto? Quizá entonces convenga preguntarse de nuevo qué entendemos por «prioridad nacional».