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Opinión | El recorte

¿Cuántas mentiras más?

El exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en 2025.

El exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en 2025. / Arturo Jiménez

Cuando algunos medios de comunicación empezaron a contar la despendolada vida pública de José Luis Ábalos y los pelotazos que florecían a su sombra, en Moncloa se les calificó como «pseudomedios» que transmitían bulos y fango. Mentiras para dañar la imagen impecable de un presidente progresista. Luego Ábalos cayó a los infiernos, se desvaneció la presunción de inocencia y los suyos le abandonaron como si fuera radiactivo.

Luego, se empezaron a filtrar datos de la investigación a Santos Cerdán. La reacción fue incluso más virulenta. Se dijo que esas investigaciones eran falsas. Que no existía ningún informe de la UCO. «Y ahora quién restituye el honor a una persona inocente», llegó a decir el portavoz socialista Patxi López. El PSOE dijo que se trataban de «acusaciones infundadas» con el propósito de hacer un «linchamiento mediático». Luego un juez ordenó a la UCO detener a Cerdán y ordenó su ingreso en prisión para evitar la destrucción de pruebas. Y sus ardientes defensores se alejaron de él como de un leproso.

Cuando empezaron a salir informaciones sobre Leire Díez, esa investigadora sin libros de investigación, esa militante de base que se reunía milagrosamente con las principales autoridades socialistas del país, en el Gobierno y el partido afirmaron que era una ilustre desconocida. Una que, no obstante, había estado designada en puestos de responsabilidad en Correos y en la empresa del Uranio, Enusa. Aparecieron sus diarios, con anotaciones manuscritas y empezaron a desvelarse sus mensajes y reuniones con Santos Cerdán, con los hombres de confianza de Sánchez y con personas notables como la mano derecha del fiscal general del Estado o la propia directora de la Guardia Civil. Se mostró en todo su lóbrego esplendor la existencia de una trama de cloacas para boicotear la acción de la justicia y la policía, que había sido financiada -aún no se sabe hasta dónde- con fondos del Partido Socialista. Y entonces, de nuevo, silencio amordazado.

Cuando Zapatero, el referente ético del socialismo español, fue imputado, el argumento defensivo fue desesperado. El mismo de los casos del hermano y la esposa de Pedro Sánchez: el lawfare. Una organización espontánea de muy distintos jueces puestos de acuerdo para demoler el Gobierno progresista de España. Un golpe de Estado reaccionario de magistrados, guardias civiles y policías. Una conspiración contra un líder admirable y admirado en el mundo, en cuyo entorno ha crecido la corrupción y el escándalo pero sin que él, jamás de los jamases, se haya dado cuenta: Pedro El Ignorante. Los socialistas cierran filas contra los jueces. Y levantan la bandera de la presunción de inocencia que jamás han usado con los adversarios. Hasta que aparecen las joyas. Unas «baratijas» dijeron. Una «herencia familiar» que «solo» valen treinta o cincuenta mil euros. Y cuando se comprueba que pasan del millón de euros, más silencio y más vergüenza.

Los socialistas no están en la trinchera, sino en una fosa séptica. Defienden un maloliente cadáver que se descompone. Pero sin ellos, España se adentra en la inestabilidad. La sucia caída del Sanchismo no solo está matando a un partido centenario, está cuarteando la democracia. Esa es la tóxica herencia que dejará el oportunista.

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