Del relato al impacto

Bueno, ya pasó. Ahora hay que preguntarse si vēnit, vīdit et vīcit. Y la cuestión tiene su pertinencia porque el evento ha sido sufragado, en parte, de forma colectiva con fondos públicos. Y sí. Estamos hablando de la visita de la jefatura de Estado de la Ciudad del Vaticano a Canarias, siendo este un país con una monarquía absoluta electiva de carácter teocrático que no se rige por principios de igualdad plena en el acceso a todos los cargos. En este sentido, en una época marcada por la creciente exigencia de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, la evaluación de las políticas públicas y el análisis del impacto económico de determinados eventos se han convertido en herramientas fundamentales para la toma de decisiones. Ya no basta con poner en marcha una iniciativa, organizar un acontecimiento o financiar un proyecto. Resulta imprescindible conocer cuáles son sus efectos reales sobre la economía, el empleo, la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, teniendo en cuenta el denominado coste de oportunidad en el uso del dinero procedente del abono ‘religioso’ de nuestros impuestos, que no es otra cosa que la alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión. En otras palabras, representa el beneficio que se deja de obtener por elegir una opción en lugar de otra.

Tengamos en cuenta que la sociedad demanda cada vez más información sobre el destino de los recursos públicos y sobre los resultados obtenidos con ellos. Esta exigencia es especialmente relevante en un contexto en el que las administraciones gestionan presupuestos limitados y deben priorizar aquellas actuaciones capaces de generar un mayor valor económico y social. En este escenario, la evaluación rigurosa deja de ser un ejercicio académico para convertirse en una necesidad estratégica, en la que se debe analizar, no solo los efectos positivos generados, sino también los ingresos, empleos o retornos económicos que potencialmente se dejan de obtener.

Tradicionalmente, el éxito de una actuación se ha asociado al porcentaje de ejecución, sin analizar con suficiente profundidad si dichas actuaciones lograron realmente los objetivos perseguidos. De hecho, en contextos de abundancia, el error se lapida. Sin embargo, una política pública no debe medirse por lo que cuesta, sino por lo que consigue, siendo la diferencia entre ambas enorme, para evitar que las decisiones públicas corran el riesgo de basarse en percepciones, intuiciones o intereses particulares, en lugar de apoyarse en evidencias objetivas.

Desde una perspectiva meramente metodológica, la evaluación del impacto económico de un acontecimiento se ha de realizar mediante un proceso estructurado que busca estimar los efectos netos sobre la economía, diferenciando entre actividad generada y simple redistribución de gasto donde el enfoque estándar combina contabilidad de flujos junto a la modelización económica.

En primer lugar, se delimita el perímetro del análisis. Esto implica definir el ámbito geográfico, el horizonte temporal y el tipo de impacto a medir. También se identifica el escenario contrafactual, es decir, qué habría ocurrido en ausencia del evento, que es la referencia clave para evitar sobreestimaciones. A continuación, se procede a la recogida de datos primarios y secundarios. Los datos primarios suelen obtenerse mediante encuestas a asistentes, organizadores, empresas y proveedores, capturando variables como gasto medio diario, duración de la estancia, origen de los visitantes o estructura de consumo. Los datos secundarios provienen de fuentes estadísticas, cuentas regionales, registros fiscales o información turística.

El siguiente paso es la estimación del impacto directo, que recoge el gasto inicial asociado al evento. Incluye, por ejemplo, el gasto de visitantes en alojamiento, restauración, transporte y ocio, así como la inversión de los organizadores en producción, logística, personal y servicios. Este flujo inicial constituye la base del análisis. Posteriormente, se calculan los efectos indirectos, que reflejan cómo ese gasto inicial se transmite a lo largo de la cadena de valor. Aquí se emplean habitualmente tablas input-output regionales o nacionales, que permiten estimar cómo los sectores proveedores incrementan su producción para responder a la demanda generada por el evento. Después se estiman los efectos inducidos, derivados del aumento de renta disponible de las plantillas y empresas implicadas, que se traduce en mayor consumo en la economía local. Este efecto suele modelizarse mediante multiplicadores de renta o consumo, aunque su estimación requiere especial cautela para evitar duplicidades. Sin esta corrección, el impacto tiende a estar sobreestimado.

Con todos estos componentes se calcula el impacto económico neto, expresado habitualmente en términos de producción, valor añadido bruto, empleo equivalente a tiempo completo y recaudación fiscal asociada. También se complementa con indicadores cualitativos, como notoriedad del destino, reputación o legado institucional del evento. Y todo esto hay que hacerlo porque, sin mecanismos adecuados de evaluación, resulta imposible saber si esos recursos están produciendo los resultados esperados, y es de esa forma como se genera una mayor confianza ciudadana al facilitar información objetiva sobre el uso de los recursos públicos.

Así y todo, a pesar de estos avances, todavía persisten importantes desafíos. En muchos casos existe una limitada cultura de evaluación, insuficientes recursos técnicos o una escasa disponibilidad de información estadística. También continúan observándose estudios excesivamente optimistas que sobreestiman los beneficios y minimizan los costes asociados a determinadas actuaciones. Por ello, resulta fundamental garantizar la independencia, la transparencia y el rigor metodológico de los procesos de evaluación. Solo así será posible disponer de información fiable que contribuya realmente a mejorar la calidad de las decisiones asumiendo que evaluar no significa cuestionar la utilidad de las inversiones. Significa, precisamente, dotarlas de una mayor legitimidad, mejorar su eficacia y maximizar sus beneficios para la sociedad. En un contexto caracterizado por recursos limitados y necesidades crecientes, conocer qué funciona, qué no funciona y por qué funciona constituye una obligación ineludible.

La evaluación de políticas públicas, eventos, empresas e instituciones representa, en definitiva, una herramienta imprescindible para construir economías más competitivas, administraciones más eficientes y sociedades mejor informadas. Medir el impacto ya no es una opción. Es una condición necesaria para tomar mejores decisiones y garantizar que cada euro invertido contribuya efectivamente al desarrollo económico y al bienestar colectivo, porque, cuando una sociedad canaliza recursos comunes hacia determinados fines, el análisis no debería detenerse en la intención o en el valor simbólico de la decisión, sino incorporar sus efectos agregados sobre el bienestar general. Tal vez sea esa una de las mejores opciones para ganarse el cielo.

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