Propaganda inmobiliaria

El Ministerio de Vivienda ha decidido gastar nuestro dinero en una campaña que atribuye la responsabilidad sobre la crisis habitacional a las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda. El mensaje es sencillo: si usted no encuentra casa, si el alquiler se ha vuelto imposible, si sus hijos no pueden emanciparse o si una parte creciente de su sueldo desaparece cada mes para pagar un techo, la culpa es de esas regiones rebeldes que se niegan a cumplir la Ley de Vivienda. Creo que es la primera vez en la historia de la publicidad institucional en este país, en las que se usa un anuncio con un criterio tan bolivariano. Pero a lo mejor me equivoco. Es posible que haya anuncios que no he visto…

En cualquier caso, la cuestión no es si la ley funciona o no, o si las autonomías deben aplicarla. Las leyes sirven para intervenir cuando hay conflicto, cuando se quiere aplicar políticas o cuando hay que regular algo que no lo está. Aunque ahora, muchas leyes tienen una finalidad exclusivamente propagandística. Se aprueban desde la certeza de que son inaplicables, de que el Estado carece de mecanismos para hacerlas cumplir. ¿De qué sirve una ley que no puede hacerse cumplir? A los efectos, sólo para hacer patente la voluntad de quien la aprueba. Leyes como esas se han aprobado en muchos países al socaire de las nuevas formas de hacer política: hay leyes que abolen la prostitución, que prohíben la pobreza o que plantean derechos y obligaciones que no tienen posibilidad de hacerse cumplir. Para mí, se trata de leyes inútiles. Y la Ley de Vivienda es –al menos en parte- una de esas leyes inútiles a la que los Parlamentos son cada vez más aficionados.

Pero… volviendo a la cuestión: ¿es legítimo que el Gobierno de la nación utilice recursos públicos para financiar una campaña destinada a responsabilizar a las regiones de un problema cuya solución corresponde también, y de forma muy destacada, al propio Gobierno? Imaginemos por un momento que el Ejecutivo canario decidiera contratar anuncios en televisión asegurando que la crisis migratoria es consecuencia de la incompetencia del Ministerio del Interior. O que financiara una campaña culpando al Gobierno central del colapso sanitario o del fracaso escolar en las islas. Sospecho que el escándalo sería mayúsculo. Hablaríamos durante semanas de uso partidista de las instituciones, de propaganda y del abuso de recursos públicos. Pero si es el Gobierno de Sánchez quien malgasta nuestros cuartos en esa campaña, entonces las reglas son otras.

En fin… cada día aparecen nuevas informaciones sobre tramas de corrupción, contratos sospechosos, comisionistas, grabaciones, cloacas y procedimientos judiciales que afectan al entorno de Moncloa. En ese contexto, convertir la escasez de vivienda en una responsabilidad de otros resulta conveniente. Aunque lo paradójico es que pocas personas se han comprometido tanto en materia de vivienda -y han cumplido tan poco- como Sánchez. En octubre de 2021 se anunció la movilización de 100.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. Más tarde se elevó la cifra a 183.000. Después llegaron nuevas promesas, nuevos planes y nuevas comparecencias en las que el número siguió creciendo hasta superar las 200.000 prometidas en campaña. Sánchez presento algunas promociones por segunda vez. Otras ya existían. Y algunas dependían de administraciones distintas. Otras no pasaron jamás del titular. La vivienda se ha convertido en uno de las grandes promesas del marketing político del sanchismo. Ha habido anuncios, actos, presentaciones, infografías y declaraciones solemnes. Aunque lo que ha escaseado ha sido la entrega de llaves.

Los precios continúan subiendo, el acceso a la vivienda empeora, los jóvenes retrasan cada vez más irse de casa de sus padres, y las familias dedican una parte creciente de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Y la oferta resulta cada día más insuficiente. En ese contexto resulta difícil sostener que la principal responsabilidad de la situación corresponde a las regiones que no aplican una ley aprobada hace apenas tres años, cuando el propio presidente lleva ocho años instalado en La Moncloa prometiendo soluciones estructurales.

La realidad es bastante más compleja: no hay viviendas ni suelo urbanizable, sobran trámites y burocracias, escasea la oferta pública, los costes de la construcción se han disparado, y miles de personas llegan cada año a España buscando techo y trabajo. Nada de eso cabe en el anuncio del Ministerio, pero es muy fácil señalar a un culpable. Mucho más cómodo presentar a las administraciones que gobierna el adversario como responsables de lo que es un fracaso colectivo.

Gobernar consiste en resolver problemas. La propaganda explica por qué los problemas son culpa de otros. Pedro Sánchez prometió cientos de miles de viviendas. Las que ha entregado, por ahora, suman cero. Quizá por eso el Ministerio ya no anuncia casas. Prefiere señalar culpables a poner ladrillos.

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