La brecha inaceptable

El éxito económico de una región no se mide únicamente por la riqueza que genera, sino por el número de personas que pueden participar de ella. La reflexión viene a colación porque, como cada año, los datos sobre pobreza y exclusión social nos obligan a enfrentarnos a una realidad incómoda. Nos recuerdan que detrás de los grandes indicadores macroeconómicos existen personas concretas cuyas rentas no alcanzan para cubrir el coste de la vida de forma digna y sosegada.

Es cierto que la economía crece y el empleo aumenta, pero el dato vuelve a matar al relato porque, mientras España registra una tasa Arope del 25,7%, Canarias se sitúa en el 31,2%, manteniéndose inalterado el porcentaje respecto al año anterior. Es decir, más de 700.000 personas en las islas continúan en riesgo de pobreza o exclusión social, con el riesgo de que deje de comportarse como un fenómeno coyuntural para convertirse en una característica estructural.

Sería injusto afirmar que Canarias no ha avanzado. Los datos muestran una reducción significativa respecto a los peores años de la pasada década. En 2016 la tasa Arope alcanzó el 47%, una cifra que reflejaba las secuelas de la crisis económica. Diez años después, el indicador se sitúa en el 31,2%. La mejora existe y debe reconocerse. Lo que ocurre es que el entorno exterior ha mejorado a una velocidad mayor, por lo que, de forma relativa, da la sensación de no avanzar. De facto, durante los últimos años la reducción de la pobreza se ha ido ralentizando hasta prácticamente detenerse. Canarias ha pasado del 36,2% en 2022 al 33,8% en 2023 y al 31,2% en 2024. Pero en 2025 el indicador se estanca completamente. ¿Es que la mejora ha encontrado un techo? No. Lo que ocurre es que las herramientas que han permitido reducir parcialmente la pobreza ya no son suficientes para seguir avanzando.

Según la teoría, el crecimiento económico acaba beneficiando al conjunto de la sociedad, pero la realidad es más tozuda. Las islas han vivido una recuperación económica notable tras la pandemia. El turismo ha alcanzado cifras históricas. El empleo ha aumentado. Las tasas de crecimiento del PIB se han situado por encima de la media nacional. Sin embargo, la pobreza permanece prácticamente inmóvil. Esto significa que la riqueza generada no está llegando de forma suficiente a una parte muy importante de la población.

Llegados a este punto conviene recordar que contamos con dos grandes mecanismos de redistribución de la renta cuya importancia suele quedar eclipsada por el debate sobre el crecimiento económico como son la política fiscal y la negociación colectiva. Cuando ambos instrumentos funcionan adecuadamente, contribuyen a que los beneficios del crecimiento lleguen a capas más amplias de la sociedad. Cuando su capacidad redistributiva resulta insuficiente, las desigualdades tienden a perpetuarse incluso en contextos de expansión económica.

La política fiscal permite corregir parcialmente las diferencias de renta mediante impuestos progresivos y la financiación de servicios públicos y prestaciones sociales. Educación, sanidad, dependencia, pensiones o ayudas a las familias constituyen mecanismos que reducen desigualdades y generan oportunidades. Sin embargo, cuando el coste de la vida aumenta más rápidamente que la capacidad de respuesta de estas políticas, su efecto corrector pierde intensidad y amplios sectores de la población continúan atrapados en situaciones de vulnerabilidad.

El segundo gran redistribuidor es la negociación colectiva. Los convenios sectoriales y de empresa determinan cómo se reparte una parte sustancial de la riqueza generada por la actividad económica entre el capital y el trabajo. Pero cuando el coste, la productividad y la competitividad no aumentan de forma equivalente, se produce una desconexión.

No estamos ante una economía incapaz de crecer. Estamos ante una economía que distribuye de forma desigual los beneficios de ese crecimiento. De hecho, uno de los aspectos más reveladores de la evolución reciente es que los indicadores laborales muestran mejoras sustanciales mientras que los indicadores sociales avanzan mucho más lentamente. La tasa de desempleo continúa reduciéndose y el número de personas ocupadas alcanza máximos históricos. Sin embargo, la mejora del mercado laboral no se traduce automáticamente en una reducción equivalente de la pobreza. A lo mejor la presión fiscal junto a las cotizaciones a la seguridad social tienen algo que ver, porque cuando el empleo deja de ser una garantía contra la pobreza, el problema adquiere una dimensión mucho más profunda.

A esta realidad se suma otro factor que ha ganado protagonismo en los últimos años como es la inflación acumulada. Aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ha moderado, los hogares siguen soportando el impacto de los incrementos registrados desde 2021. Por ello, muchas familias no perciben la recuperación económica que reflejan las estadísticas. Su experiencia cotidiana está marcada por una sensación persistente de pérdida de poder adquisitivo. Llegar a final de mes sigue siendo una preocupación constante para una parte importante de la población, incluso entre quienes cuentan con empleo estable.

Ahora bien, si hubiera que identificar una única variable capaz de explicar gran parte del estancamiento social en Canarias, probablemente sería la vivienda. De hecho, es una horca que poco a poco se va estrechando hasta dejar asfixiada a buena parte de la sociedad. Durante décadas, la vivienda fue considerada un elemento de estabilidad económica. Hoy se ha convertido en una de las principales fuentes de vulnerabilidad. La apertura de la brecha entre oferta y demanda, solo corregida vía precios, ha generado una situación extraordinariamente compleja.

La vivienda se ha convertido así en un mecanismo de transmisión de desigualdad. Mientras quienes accedieron a una vivienda en propiedad hace años cuentan con un importante factor de estabilidad económica, los jóvenes y las familias que dependen del alquiler soportan una presión financiera cada vez mayor. Esta circunstancia tiene además efectos demográficos y sociales de gran alcance porque retrasa la emancipación de los jóvenes, reduce la natalidad, dificulta la formación de nuevos hogares y aumenta la dependencia económica entre generaciones, ofreciendo la perversa sensación de que el esfuerzo no garantiza una mejora de las condiciones de vida. Cuando una sociedad pierde confianza en la capacidad de progresar mediante el trabajo y el esfuerzo, se deteriora el contrato social que sostiene la convivencia.

Así que, terminando como empezamos, el éxito económico de una comunidad no se mide únicamente por la riqueza que genera, sino por el número de personas que pueden participar de ella. Y hoy, en Canarias, todavía son demasiadas las que permanecen al margen, lo cual resulta inaceptable.