Opinión | El recorte
A punta de pistola

Imagen de archivo de viviendas en construcción . / LUIS TEJIDO / EFE
Ser de izquierdas no es, como mal dijo Zapatero, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Es poseer la fatal arrogancia de creer que una autoridad puede planificar, limitar o dirigir esos intercambios entre seres humanos que llamamos mercado. Da igual las veces que se estalle como una pita; el socialismo real siempre vuelve, como un buhonero con nuevas palabras para vender sus viejas recetas de crecepelo. Aparta a patadas a los liberales y a los socialdemócratas, demasiado blanditos, y empieza a mangonear a la sociedad como si fuera un rebaño.
Si tienes más una vivienda eres un acaparador. Porque hay otros ciudadanos que no tienen ninguna. El ejemplo de quienes han trabajado duro y han tenido suerte o talento se transforma, para la izquierda, en fuente de confrontación. Los ricos son los enemigos del pueblo. Porque la pobreza, para ellos, es una consecuencia directa de la riqueza. Algo que se comprueba muy fácilmente en los países que han aplicado sus doctrinas, que han conseguido la perfecta igualdad haciendo a todo el mundo igualmente pobre. Un éxito rotundo.
Como telón de fondo de la crisis de la vivienda en España están los políticos incompetentes y cantamañanas que han pasado olímpicamente de construir casas públicas con el dinero de nuestros impuestos. Los que nos han engañado mil veces prometiendo viviendas más falsas que Judas. Pero a base de demagogia han sacado a escena a los ciudadanos que tienen varias propiedades, para que se lleven las hostias de los que quieren alquilar o comprar una vivienda que, por la escasez, se ha puesto por las nubes. Como si a los dueños de los olivares les hubieran colgado por las patas cuando el aceite se puso más caro que la colonia.
Los enemigos del mercado han entrado a saco para defender el interés del público votante. Para que bajen los precios de los viviendas no han construido más –eso es trabajo y está descartado– sino que han hecho más normas. ¿Qué hay un problema habitacional? Pues se soluciona con unas leyes. Una que se carga el alquiler vacacional, por ejemplo. Y otra que pone topes a los precios del alquiler y declara «zonas tensionadas». Son los putos amos del argumentario. Pero no de la realidad.
La realidad es que, según los datos de portales inmobiliarios, la oferta del alquiler se ha desplomado un 51% en aquellos «lugares tensionados» en donde se han aplicado restricciones a los precios. La ciudad de Barcelona, avanzadilla progre en la regulación, tiene hoy 44 anuncios de alquiler por cada cien mil habitantes, frente a los 220 de Madrid o Valencia. Los propietarios de viviendas han huido del mercado como alma que lleva el diablo. En los tres últimos años, las zonas declaradas «tensionadas» han perdido más de sesenta mil viviendas de alquiler: solo en Barcelona han sido más de cuarenta y ocho mil. Los propietarios han optado por vender sus inmuebles o por burlar la ley dedicándose al alquiler de temporada o a la renta por habitaciones.
La intervención a punta de pistola en la propiedad privada ha sido como pegarse un tiro en el pie. Pero que la verdad no estropee un buen titular. Seguirán pensando que la solución es más Estado y menos mercado. Con ellos en poder del Estado, naturalmente.
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