Sánchez en el banquillo

Al marido de la Infanta Elena, Iñaki Urdangarín, le condenaron en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Un juez de instrucción, llamado José Castro, hoy jubilado, imputó también a la hija del Rey por beneficiarse a título lucrativo, aunque luego fue absuelta. Pero se tuvo que se sentar en el banquillo y padecer, durante todo el juicio, la pena de telediario.

Urdangarín, que fue al talego, no hizo nada que no viera hacer a su suegro, el hoy emérito, en sus negocios fuera de España. Se le olvidó, sin embargo, el pequeño detalle de que el Jefe del Estado era inimputable, pero él no.

Mirar ese pasado reciente sirve para poner en contexto el agitado presente. Ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, de nombre artístico Daniel Azagra. El caso más leve de los que vamos a vivir en los próximos tiempos. Una jueza le terminó imputando por prevaricación y tráfico de influencias por la creación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz, que presuntamente se le adjudicó a dedo. La famosa declaración de David Sánchez no contribuyó precisamente a favorecerle. Fue incapaz de definir qué funciones cumplía exactamente en su trabajo, ni de recordar dónde se encontraban sus oficinas.

David Sánchez vivía en Elvas, en Portugal. Y trabajaba en España, en la Diputación de Badajoz. Son solo veinte kilómetros en la geografía pero un universo en el territorio fiscal. A Shakira la intentaron emplumar por no pagar impuestos en España, pero el hermano del presidente contó con el solícito auxilio de un informe de la Agencia Tributaria que aceptaba su residencia en Portugal a pesar de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley del IRPF, que establece la obligación de tributar en España a quien tenga en nuestro país «el núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos (centro de intereses)». O sea, un sueldo de una diputación, por ejemplo.

Hay quienes dicen que este caso y el de la esposa de Sánchez son temas «menores». Tienen razón. Son fruslerías cuando se comparan los enchufes y «rentas de situación» con los pelotazos de la compra de mascarillas, el rescate de una compañía aérea, las mordidas en obras públicas o las comisiones petroleras. Pero el reproche penal debe ser el mismo para todos los ciudadanos. A un alcalde gomero, cuyo nombre voy a dejar en paz, le condenaron no hace tanto a más de cuatro años por darle trabajo a un familiar que ganó la modesta cifra de siete mil euros en un año. Se demostró que lo había enchufado y lo emplumaron. No puede haber una ley distinta para Agamenón, su hermano o su porquero.

Como España es un país definitivamente desquiciado la acusación popular ha pedido 24 años para Begoña Gómez, la mujer de Sánchez para quien, por cierto, la Fiscalía pide la libre absolución. Ni tanto ni tan calvo. Hay etarras que han salido con menores penas. Una cosa y la otra, el todo o la nada, son la mejor muestra de la degradación institucional, el populismo y la pérdida del sentido común de este polarizado país que tenemos la mala suerte de padecer.