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Opinión | Retiro lo escrito

Bloqueo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

Entre los que gritan que Pedro Sánchez asesina niños en los sótanos de La Moncloa y merece el garrote vil y los que denuncian que está en marcha un chiripitiflaútico golpe de Estado fascista y trumpiano circulan, sin duda, aquellos que se preguntan las razones del bloqueo político que vive España. En realidad no es muy complicado. En una constitución –por ejemplo– no puede escribirse todo, no puede precisarse todo, no puede imaginarse cualquier eventualidad. Los principios constitucionales apelan a una ética de la ejemplaridad que –un poco caritativamente– se identifica con la propia acción política, con la sustancia misma –y no con los vaivenes accidentales– de las instituciones públicas. La ejemplaridad, aludiendo a Javier Gomá, tiene su fundamento, por supuesto, en el deber y la virtud. Por citar al doctor Gomá precisamente: «La mayoría de edad del hombre se resume en la palabra deber. Deberes profesionales, familiares, ciudadanos. El deber es algo que nos precede y nos trasciende, que cumplimos en conciencia sin inclinación. En este estadio, la alegría del hombre reside en los buenos frutos de la virtud». En conciencia y sin inclinación. Los que escribieron y aprobaron la Constitución creían –más o menos deliberadamente– que para lo no escrito, para lo no encapsulado en títulos y artículos y disposiciones adicionales y transitorias, bastarían el deber y la virtud. Pero, claro, ¿qué hacer cuando a los que democráticamente llevan las riendas del Estado les importa un higo pico la virtud, se orinan (de risa) en la ejemplaridad y ya ni incrustan en sus discursos la palabra deber? ¿Qué ocurre cuando la democracia empieza a sabotear a la democracia, qué pasa cuando los regímenes liberales y representativos comienzan a asfixiarse entre contradicciones y los dirigentes, obesos y flatulentos de impunidad, pierden el miedo a comportarse como unos auténticos sinvergüenzas?

Lo que ocurre es España 2026.

Ayer el presidente Sánchez ofreció una rueda de prensa prodigiosa. Ya soy un señor provecto y no recuerdo nada igual. Después de la imputación de su predecesor, padre y maestro mágico, liróforo celeste, que ya arrastra un sumario de más de 4.000 páginas, comparece y dice, mientras la policía judicial registra la sede de su propio partido, que no va a adelantar las elecciones, porque antes que su interés particular está el interés general. Sánchez citó guerras y crisis que nos amenazan. Con Estados Unidos ya incurso en la II Guerra Mundial se celebraron elecciones presidenciales (1944) y elecciones legislativas. El Reino Unido no celebró elecciones generales durante la contienda, pero por decisión casi unánime de la Cámara de los Comunes, se prolongó dos veces la legislatura. Cuando fallecía un diputado, se celebraban elecciones locales: si era un diputado conservador los laboristas no hacían campaña y era elegido otro diputado conservador, si el diputado muerto era un laborista, los conservadores se abstenían de cualquier campaña, y el laborista era sustituido por otro compañero. Estas pruebas de salud democrática y civismo institucional nada tienen que ver con el tiburoneo de Sánchez, que hace varios años no presenta unos presupuestos generales y hace muchos meses perdió su siempre frágil y bamboleante mayoría en el Congreso de los Diputados, por no hablar de los escándalos judiciales que lo asaltan desde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Desde la tarde de ayer tiene imputada –también– a la gerente del PSOE.

Ya que el presidente se niega a una obligación moral ejemplar y ejemplarizante (disolver las Cortas y convocar de inmediato elecciones) el deber político apuntaría a acordar una moción de censura. Pero las tres principales fuerzas políticas que apoyan a Sánchez y su gobierno (ERC, JxC y el PNV) no están por labor. Lo que ocurra en España no es asunto suyo. ERC casi cogobierna en Cataluña, Junts espera la amnistía a Puigdemont, el PNV comparte el poder en Euskadi con los socialistas vascos. Este bloqueo –toda esta crisis degenerativa y criminal– es una catástrofe para la legitimidad del sistema democrático.

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