Canarias, Plus Ultra y la sombra de la corrupción

La investigación abierta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal sitúa a la democracia española ante uno de los episodios más delicados de su historia. Nunca antes, en casi medio siglo de democracia, un exjefe del Ejecutivo había sido llamado a declarar como investigado. Las acusaciones por la conducta de Zapatero son muy graves. Por lo tanto la respuesta debe asentarse sobre dos principios irrenunciables: el respeto a la presunción de inocencia y la defensa de la independencia judicial.

La conmoción es comprensible. También las reacciones partidistas, previsibles en un escenario tan polarizado. Mientras desde el PSOE se insistió en una primera fase en denunciar el auto como uno más de la estrategia de persecución judicial –tesis que se ha ido diluyendo con el paso de los días ante una lectura detallada del exhaustivo escrito del juez de la Audiencia Nacional– y se apela al cierre de filas con el expresidente, la oposición exige responsabilidades inmediatas y eleva el tono de confrontación.

La dimensión del caso obliga a situarse por encima del ruido político. No solo está en juego el futuro judicial de referente incuestionable y venerado del nuevo socialismo abanderado por Pedro Sánchez, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la capacidad del Estado para investigar cualquier sospecha de corrupción, con independencia de quién sea el afectado.

El auto del magistrado José Luis Calama se apoya en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que describen una presunta red de intermediación ligada al rescate de la aerolínea Plus Ultra, beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones en plena pandemia. Según la investigación, de la que cada día conocemos detalles más escabrosos, Zapatero habría realizado gestiones y cobrado comisiones a través de sociedades vinculadas a su entorno, algunas conectadas con estructuras offshore radicadas en Dubái. El expresidente lo niega y sostiene que siempre actuó dentro de la legalidad. A los tribunales les corresponde determinar por lo tanto si las acusaciones tienen fundamento o, al contrario, son inconsistentes. Por datos que se van conociendo desde que se difundió el auto con la imputación el caso tiene muy mala pinta para Zapatero y el resto de implicados en la trama corrupta.

El proceso judicial debe desarrollarse sin presiones políticas ni campañas de intimidación. Ni es aceptable convertir la investigación judicial en una conspiración reaccionaria contra la izquierda, ni resulta prudente presentar como culpable a quien aún no ha sido juzgado. La democracia se fortalece cuando los jueces pueden investigar con autonomía y cuando los responsables públicos aceptan que nadie está por encima de la ley.

Canarias no permanece ajena a este terremoto político y judicial. El nombre de Plus Ultra es conocido en el Archipiélago. Fue la aerolínea que ejecutó dos vuelos contratados por el Servicio Canario de Salud para traer mascarillas y material sanitario desde China en 2020. Esas operaciones fueron presentadas por el Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, como un éxito logístico histórico. El material llegó en tiempo y forma, pero con posterioridad han surgido dudas sobre la cadena de adjudicaciones y la opacidad de unos contratos otorgados por vía de emergencia a One Airways, compañía que no tenía capacidad para volar y que subcontrató a Plus Ultra. La legislación excepcional aprobada durante el estado de alarma permitía acudir a procedimientos extraordinarios, pero esos procedimientos no daban barra libre para actuar según caprichos, favores o engaños.

En la trama corrupta que salpica a Zapatero surge una ramificación canaria, con conexiones personales y empresariales que otorgan a la investigación mayor sensibilidad política en lo que afecta al Archipiélago. El nombre del inversor lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García, hijo del senador socialista Manuel Fajardo Palarea, figura de manera recurrente en el auto judicial. Según la UDEF, Fajardo actuaba presuntamente como «el hombre de Zapatero en Venezuela». Facilitaba contactos institucionales y gestiones relacionadas con Plus Ultra y otras operaciones financieras. El juez lo sitúa incluso en un segundo escalón de responsabilidad dentro de la investigación. Conviene subrayar que Manuel Aarón Fajardo no está imputado ni citado judicialmente, aunque no es ajeno a la investigación judicial. Su presencia en el procedimiento vuelve a colocar a Canarias en el centro de una supuesta trama de corrupción con el PSOE por medio. Una vinculación de la que no es ajena la estrecha relación que Zapatero mantiene con Lanzarote, donde posee residencia y ha cultivado vínculos políticos y personales de larga trayectoria.

España necesita que la Justicia esclarezca si existió una trama organizada, otra más, aunque ésta de enorme trascendencia y gravedad con un expresidente de Gobierno por medio, para obtener beneficios de los recursos públicos, merced a los privilegiados contactos, las influencias políticas, y los opacos grupos de presión. Y, a su vez, Canarias necesita despejar cualquier duda sobre unas operaciones que, como otras más que hemos conocido, fueron justificadas como imprescindibles para proteger la salud de la población.