Más prioridad vivienda

La vivienda es hoy la primera prioridad nacional, lo que nos acerca a las posguerras de Europa y España. La UE sitúa esta prioridad continental con su Plan de Vivienda Asequible, de diciembre 2025. Aquí dice que España ha sufrido un incremento de precios del 72% entre 2015-2025, agravado al tener sólo un 3% de vivienda protegida, contra el 10-30 % de la UE. Mientras han ido fracasando todas las políticas de limitación de demanda, estamos ante un claro problema de déficit de oferta, que exige atender el binomio suelo-vivienda. En un país que ha polarizado todas sus políticas, se confunden las competencias nacionales, con autonomías y ayuntamientos, también Cabildos luego del 2024. Reservándose el Estado la legislación básica y las ayudas económicas y fiscales.

Actuar a nivel estatal, aplicando la directiva Bolkestein, que exige la legislación de liberalización de servicios, contra la segmentación en 17 mercados autonómicos del suelo y vivienda. Precisa un cambio de "cultura pública", que asuma el papel del emprendedor y sus técnicos, impulsando la colaboración público-privada. Necesidad de revertir la Ley 12/2023 por el derecho a la Vivienda, donde el okupa y el inkiocupa tienen más derechos que el propietario. Su inseguridad jurídica desplazó del mercado del alquiler más de un millón de viviendas, el 40% del total, bloquea con ello la propuesta canaria de la vivienda asequible incentivada del 2025, en régimen de alquiler promovida por la iniciativa privada. Recuperar el silencio positivo de las licencias, cuando siempre había existido para concederlas en tres meses y hoy tardan 2-3 años. Para ello exige tener los informes técnicos en 1,5 meses, que reducirían la actual distorsión técnica de informes de 30 páginas que ejercen competencias impropias, que son del promotor y sus técnicos. Recuperar la seguridad jurídica del planeamiento conforme a la propuesta de la Agenda Urbana Española, ante los fallos judiciales que anulan la totalidad del plan y no la parte afectada. Caso por ejemplo del PGO de Santa Cruz de Tenerife y tantos otros en Canarias.

Actuar a nivel autonómico, cabildos, ayuntamientos y administraciones sectoriales. Así se precisa unificar mediante orden (consejerías de Presidencia, Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda) los criterios de "interpretación y contenidos" de los informes y trámites de licencias. Se produce un sistemático incumplimiento de las leyes de procedimiento administrativo y de Bases de Régimen Local. Además, como nos dice la UE, densificar las parcelas residenciales mediante subidas de alturas y de edificabilidad, sin que ello implique a su vez modificaciones de plan ni de estándares urbanísticos.

Entrando en la economía de la prioridad, reducir la cadena impositiva que penaliza al suelo y la vivienda, aplicado a todos los ámbitos residenciales y sus viviendas, tanto públicos como privados. Exige reducir la cesión obligatoria de solares del 10% al 5%. Reducir el IGIC de los materiales de construcción, tasas e ICIO sobre las licencias de construcción. Al igual que el IGIC en la compra de viviendas, venta de viviendas, plusvalías municipales, impuestos de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La realidad económica de las Islas hace imposible financiar la vivienda pública, más aún en ‘islas verdes’, que precisan acomodar módulos. También las privadas arrastran las dificultades de personal, financiación y Ley de Contratos del Estado. La suma de dificultades ha convertido al sector de la construcción en una actividad poco rentable e imprevisible, donde su sostenibilidad se ve limitada por las llamadas ‘viviendas de papel’, que existen en los planes pero con compleja movilización. Siete millones en España y no menos de 50.000 en Canarias. En las adjudicaciones de VPP se exige priorizarlas con el arraigo de los baremos y operar con la industrialización de la vivienda.

Otras ayudas debemos buscarlas en concentrar la actividad de las empresas públicas de suelo y vivienda (Gestur, Gesplán, Icavi, Viviendas Municipales), en sus actuaciones propias, prohibiéndoles ejercer las impropias. A su vez es preciso incrementar los presupuestos públicos nacionales, de Canarias, cabildos y ayuntamientos, para realizar un plan de choque que colabore con decisión a revertir la urgente ‘Prioridad de Vivienda’. Donde vemos sorprendidos el desvío de fondos UE destinados a vivienda, para pagar pensiones y gastos sociales, cuando carecemos de parlamento, presupuestos, estrategia y plan de acción, sin muros.