La colonialidad en Granadilla

Entre las expresiones con que CC ha descrito el comportamiento del Ministerio de Sanidad en la reciente crisis del hantavirus está la de «trato colonial». Algunos se han extrañado al escucharla. Otros se han reído. Un servidor, sin embargo, cree que la raíz principal de este conflicto político e institucional está en la negativa tácita a considerar a Canarias, desde el Gobierno español, como una comunidad autónoma que puede y debe exigir el cumplimiento íntegro de su Estatuto y la constatación del diálogo –y no de charletas– como mecanismo obligatorio para superar diferencias. Es una situación de tirantez que se ha agravado desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018. Durante cuatro años, de julio de 2019 a julio de 2023, el conflicto estuvo casi congelado porque el Gobierno canario fue dirigido por el PSOE de Ángel Víctor Torres, un sanchista de primera hora con una obediencia irrestricta al líder. Como presidente, Torres se tuvo que comer con o sin papas la negativa de Madrid al traspaso de las competencias en costas o el cambio estratégico que impulsó Pedro Sánchez en las relaciones con Marruecos, reconociendo expresamente los derechos de Mohamed VI sobre el territorio de los saharauis, a apenas cien kilómetros de nuestras costas. En una ocasión, en septiembre de 2021, el PSOE se sumó, arrastrando los pies, a la propuesta de elevar al Tribunal Constitucional el incumplimiento del REF por parte del Gobierno español. No pudo evitarlo. Pero en todo lo demás Torres y su equipo practicaron un seguidismo obediente y una entusiasta exaltación –un punto avergonzante– de Sánchez y sus políticas, beneficiaran o no a Canarias.

En los últimos tres años la escalada de ninguneos, postergaciones y ausencias se ha acumulado. No hay manera de avanzar pese a la multiplicación de esfuerzos (informes, reuniones, contactos) que ha desplegado Fernando Clavijo en varios asuntos capitales: el reparto de migrantes menores no acompañados, la superación de los incumplimientos de los compromisos adquiridos a cambio del voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez que se pretendió solventar con el decreto Canarias, la información al Gobierno autonómico después de celebradas cumbres internacionales con posibles efectos en los intereses canarios, la cogestión de los aeropuertos canarios y un agotador etcétera. Y no hay manera de avanzar porque Madrid no se siente concernido por las reivindicaciones canarias. El proceso de descentralización de la Administración del Estado hacia las comunidades autonómicas no ha sido ni rápido ni sencillo. El Estado se ha defendido como gato panza arriba a la hora de ceder poder político y capacidad administrativa. Un ejemplo: el Estatuto de Guernika se aprobó en 1979 y casi medio siglo después todavía quedan una docena de competencias por traspasar. Durante la presidencia de Pedro Sánchez el único criterio para impulsar competencias, agilizar transferencias de capital y materializar inversiones ha sido la fuerza electoral de nacionalismos e independentismos. Tantos diputados tienes para apuntalar el Gobierno de Sánchez, tanto vales. La lealtad constitucional y las razones argumentadas, en cambio, cotizan a la baja, y eso es lo que ha ofrecido siempre Coalición.

Trato colonial es, sin duda, una expresión desacertada. Pero si no existe colonialismo, sin duda se ha demostrado sobradamente que se practica la colonialidad, es decir, un patrón de dominación política que no tiene que ver con una explotación económica ni con una legislación racializadora, sino con un conjunto de prácticas (discursivas, retóricas, simbólicas, micropolíticas, negociadoras) que mantiene un marco conceptual, una autoridad de políticas y presupuestos públicos, un control de la información y una jerarquía de mando sobre una comunidad territorial. Cuando tres ministros triunfales se celebran en Granadilla de Abona y ni siquiera reparan en la anormalidad democrática que supone que no les acompañe el presidente del Gobierno de Canarias: eso es colonialidad.

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