Ruptura

Cuanto te quedan poquísimas razones para el asombro –ni siquiera te asombran mucho tus propias idioteces– siempre te resta una irrompible: el asombro que produce la convicción de ser bueno y que los malos, absolutamente ajenos, no ganarán. Hoy lo pensaba en Granadilla. ¿Para que se construyó el puerto industrial de Grabadilla? Recuerdo perfectamente una declaración de un ecologista descerebrado que aun sermonea por ahí: se construyó para destruir la costa de Tenerife y conseguir que algunos se hicieran ricos con las comisiones. ¿A quién, quién firmó las comisiones, quien las pagó? Ah, no nos pida usted eso. Pero existieron. Existieron porque necesito que hayan existido, ¿me entiende? Recuerdo, incluso, que se comentó acusatoriamente que un expresidente del Gobierno autonómico había vendido millones de euros en ladrillos a Puertos del Estado. En ladrillos, porque se supone que para la construcción de un puerto industrial es imprescindible acumular millones de ladrillos prefabricados. Y a Puertos del Estado: un ente público del Estado español que depende del ministerio de Transporte, donde CC no dispone de ningún control. Después compruebas como vivió ese presidente del Gobierno hasta su fallecimiento y cómo vive su familia y certificas la estupidez lacerante del bulo. Con todo lo más sorprendente es eso: la atribución a un individuo, a un partido, la voluntad manifiesta de destruir un proyecto, de causar mal y dolor, de perpetrar canalladas por el placer imbécil de perpetrarlas.

En las ultimas 48 horas, con una espontaneidad sumamente sospechosa, los medios peninsulares y numerosos periodistas supuestamente izquierdosos la han emprendido críticamente contra el Gobierno de Canarias y su presidente por expresar dudas, reservas y finalmente rechazo por la forma en la que el Gobierno central ha decidido gestionar el brote vírico en el crucero MV Hondius. Si uno recuerda comportamientos y actitudes de gobiernos autonómicos como los de Díaz Ayuso o el que compartían JxC y ERC en Cataluña simplemente no puede aceptarse que Coalición Canaria ejerza como gobierno hooligan frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es grotesco. La Canarias gobernada por CC y PP ha mostrado una generosidad continuada y sistemática con las víctimas de la inmigración y, singularmente, con los menores de edad no acompañados, y, en el otro extremo, ha visto instalarse en las islas en los últimos veinte años a casi medio millón de personas, con el consumo de territorio y recursos y el tensionamiento de los servicios públicos que esto supone, con tasas de desempleo que llegaron a superar el 30% de la población activa. Eso si es una estrategia política evidente: dificultar todo lo posible cualquier avance hacia el autogobierno de este país liderado por una fuerza nacionalista, negar que se respete el REF como si fuera un privilegio de críos mimados, presentar a Canarias, en definitiva, como una comunidad hiperfinanciada a la que cabe tratar como una menor de edad y que solo puede estar bien gestionada por el PSOE.

Lo mismo ocurre con el caso del buque de bandera holandesa con pasajeros infectados por un virus de modesta capacidad de contagio, pero mucho más letal que el covid que mató a más de 100.000 españoles, por cierto, con Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Es perfectamente normal e incluso necesario lo que ha estado haciendo Clavijo en la última semana: exigir no solo información –resulta fundamental e insustituible– sino participar en la toma de decisiones consensuadas desde el respeto de los roles competenciales de cada cual. Es algo que está perfectamente claro en el texto regulador de esa Agencia Estatal de Salud Pública que Mónica García no ha sabido poner en marcha. Tal vez Clavijo se equivocó en la noche del sábado. Pero no fue una maniobra de distracción ni una campaña de terror que no se sabe cómo le beneficiaría. Fue una ruptura de confianza institucional. Y tendrá consecuencias.

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