Canarias ante la improvisación y desconsideración del Estado

La crisis sanitaria desencadenada por el brote de hantavirus en el MV Hondius ha terminado por retratar algo que va más allá de una emergencia epidemiológica. Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa los problemas de coordinación institucional del Estado con Canarias, la ausencia de planificación y la tendencia a convertir al Archipiélago en territorio de contingencias.

Los normales y necesarios contactos de los últimos tres días entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario para corregir la falta de criterio solo llegaron tras las quejas del presidente canario Fernando Clavijo, desinformado, relegado e ignorado en una primera fase sobre los planes del Estado para traer el crucero a las Islas. Las conversaciones entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se han abierto paso en medio de una gestión errática y de un pésimo trato institucional a las Islas tras la irritación manifiesta del presidente de Canarias, harto de esperar más de dos días a que Moncloa le delvolviera las llamadas.

El crucero acumula tres fallecidos, ocho casos confirmados y fugas y evacuaciones en distintos puntos de la travesía. Tras ser rechazado por Cabo Verde, el foco de la crisis se desplazó a Canarias. Aunque en un principio se planteó que el barco atracara en puerto, con posterioridad se rectificó y se anunció que permanecería fondeado en aguas canarias, una propuesta no por propia iniciativa del Estado si no, una vez más, a iniciativa de Canarias para evitar al máximo los contagios. Mientras, uno de los pacientes era trasladado a Gando en una operación aérea rodeada de incidencias y cambios de criterio, cuando su destino era Málaga, un aeropuerto que se evitó para no interferir en la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía.

La sucesión de contradicciones, desprecios y ninguneos a Canarias, confirma una improvisación permanente desde el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad sostuvo al inicio que no existían razones clínicas para que el buque recalara en las Islas por lo que debía continuar a Países Bajos. Luego apeló a una «obligación moral y legal» para justificar lo contrario. Ahora se opta por un operativo con una logística aún con incógnitas sobre su resultado final en aguas canarias. Hasta última hora se ha estado negociando el destino de los pasajeros. Un despropósito continuo que ayer al menos se amortiguo con la plena colaboración de todas las administraciones implicadas para recibir al crucero.

El Ejecutivo autonómico ha expresado desde el primer momento sus discrepancias con la gestión de esta crisis a todas luces innecesaria. Nunca ha habido negativa a prestar ayuda. Canarias lleva años demostrando capacidad de solidaridad y respuesta a situaciones extraordinarias. Lo hace a diario con los flujos migratorios. La falta de información clara, los continuos cambios de criterio y la sensación de que las Islas son necesarias solo cuando el problema ya está servido resultan difíciles de aceptar. Y sobre todo, pesa la sensación de que con otras comunidades el Ejecutivo no hubiera actuado de igual forma. De que sigue considerando a las Islas como un territorio de segundo nivel. Como un archipiélago residual, una escombrera donde depositar los conflictos que se quieren mantener alejados de la Península. De que cuando el Estado tiene un incidente lo mejor es mandarlo lejos de Madrid. A Canarias.

Conviene además contextualizar la dimensión sanitaria del brote. El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores y cuyo contagio entre humanos resulta muy infrecuente. Su manejo clínico es conocido y los protocolos internacionales están perfectamente establecidos. Hay que identificar la cepa, aislar los casos y controlar los contactos estrechos. No estamos ante una amenaza de transmisión masiva descontrolada, sino ante un brote localizado que exige rigor técnico, planificación y coordinación.

La preocupación trasladada desde Canarias ha sido prudente y razonable. No responde al alarmismo, sino a la necesidad de que las decisiones excepcionales se adopten con seriedad, corresponsabilidad y respeto institucional. La reiteración de episodios en los que el Archipiélago aparece como solución de emergencia sin participar en la toma de decisiones alimenta una percepción cada vez más extendida. En España, hay asimetría en el trato a las regiones. Canarias la padece con frecuencia. Basta ya. Resulta legítimo preguntarse si una operación de estas características se habría planteado exactamente igual en otros territorios peninsulares con mayor interés para la gobernanza de Pedro Sánchez.

Canarias, por su posición geoestratégica, debe desempeñar un papel esencial como plataforma atlántica de cooperación, logística y ciencia. Cuenta con infraestructuras, capacidad técnica y vocación de servicio público para hacerlo. Pero necesita planificación, lealtad institucional y coordinación europea y estatal ante emergencias de esta magnitud. Las Islas volverán a cumplir con su responsabilidad, como siempre. Atenderán a quien lo necesite, protegerán a su población y colaborarán con todas las administraciones. Y tienen legítimo derecho a exigir, a cambio, rigor, lealtad y respeto institucional.