El derecho a los derechos

La libertad individual está en peligro de extinción, amenazada por una tecnología devastadora en manos de gobiernos y grandes corporaciones. Las sociedades occidentales, que antaño fueron cuna del respeto a los derechos de la persona, han dado en legislar una y otra vez con el entusiasmo de un fiel jardinero que va podando las ramas de la libertad para garantizar –según dicen– la seguridad, el orden público y la convivencia. Todo sea para la supervivencia del hormiguero.

Podemos pensar lo que queramos, pero no expresarlo públicamente, porque puede ser delictivo. Hemos dejado de tener la decisión última sobre nuestra propia vida, cuya tutela ha pasado de los chamanes a los jueces. Y vivimos acosados por mensajes publicitarios y amenazas tributarias, perfectamente identificados, tabulados y perseguidos por modernas sanguijuelas digitales. Vivir es manejarse entre un piélago de contraseñas, números de identificación personal y acreditaciones electrónicas que te identifican para manejar tu propio dinero, ahora virtual, los derechos de salud que has pagado o el acceso a un transporte. Antes eras un número. Ahora eres docenas de ellos.

En este pandemónium, el nuevo conato de incendio mediático está en que la izquierda en el Gobierno ha levantado la bandera de la igualdad de derechos frente al eslogan de la «prioridad nacional» de la derecha. Esto es, que los ciudadanos españoles tengan preferencia a la hora de acceder o disfrutar de los servicios públicos de este país sufragados con los impuestos de esos mismos ciudadanos.

Dicen los expertos que el debate es tramposo porque no se puede establecer ninguna prioridad. Que los ciudadanos europeos no pueden ser discriminados y que las leyes impiden tratar de manera privilegiada a unos frente a otros en función de su nacionalidad. En todo caso, estamos en el principio de una colisión. Un bloque político que defiende el principio de «los españoles primero» frente a otro que sostiene que todos los ciudadanos, sea cual sea su origen o situación, tienen los mismos derechos. Y aunque en este país de modas efímeras algunos debates apenas duran un suspiro, podríamos estar ante un tsunami político que podría llegar hasta las próximas elecciones.

La mala noticia, para unos y para otros –y para los sesudos expertos constitucionales que aseguran que la discriminación es imposible– es que la discriminación ya existe. Solo tienes que entrar en España, con el pasaporte en la boca, para ver cómo se ordenan las filas de viajeros entre nacionales de la UE y extranjeros. Es verdad que para el mismo derecho –entrar– pero por distintos sitios. Y yendo aún más al fondo, en algunas comunidades autónomas del país, como Cataluña, Baleares o el País Vasco, no tener competencias en el idioma local produce la inmediata exclusión de una persona que aspire a trabajar en un puesto de las administraciones públicas. Y en Cataluña, por ejemplo, se está manejando el conocimiento y el manejo del idioma –no del español, del catalán– para conceder los futuros permisos de residencia.

La prioridad nacional, por tanto, colisiona de entrada con la prioridad nacionalista. Y lo de «los españoles primero» necesitará determinar previamente quiénes son los españoles. Un trabajo de chinos, como diría Zapatero.

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