Negociar francamente

Prometo que hasta el próximo año –quizás hasta la próxima guerra civil– no volveré a hablar sobre el monumento a Franco que desde mediados de los sesenta se alza en la confluencia entre la avenida de Anaga y el final de la Rambla. Llevo escribiendo sobre ese puñetero adefesio más de veinte años. Y ahí sigue exaltando la memoria de un matarife con alas angelicales. El profundo conservadurismo de Santa Cruz de Santiago de Tenerife explica que esta sea la última capital de provincia que celebró el alzamiento del Caudillo septuagenario con una escultura de encargo. Si sigue ahí es gracias al ayuntamiento santacrucero, cuyo gobierno municipal se ha esmerado una y otra vez en impedir retirar el conjunto escultórico. Todo lo que ha ocurrido a posteriori es responsabilidad del alcalde José Manuel Bermúdez y su equipo, porque dieron oportunidad a una entidad particular para enredar en los juzgados con el objetivo de conservar esa prodigiosa joya de la arquitectura contemporánea. Un juzgado de lo contencioso administrativo sentenció que el Cabildo debería incoar el expediente de Bien de Interés Cultural a favor del monumento, lo que la corporación pasó a hacer sin particular entusiasmo, todo sea dicho. Culminado el expediente se elevó al Gobierno de Canarias pero la ponencia técnica de patrimonio arquitectónico del Gobierno autonómico rechazó la propuesta del Cabildo, al considerar que el monumento carecía de los requisitos básicos para ser admitido y catalogado como BIC. Ni uno solo de los técnicos de la ponencia votó favorablemente.

El reconocimiento como BIC no puede ser una decisión arbitraria que toma la administración sin ningún respaldo. El bien debe acreditar «un excepcional valor histórico, artístico, científico o técnico». Y cualquier propuesta debe consignar informes técnicos favorables de instituciones consultivas con solvencia evidente, como reales academias, universidades o centros de investigación. Se rumorea que el expediente armado desde el Cabildo se basaba en informes singularmente paupérrimos y no es de extrañar. Cabe imaginar lo difícil que es justificar valores excepcionales en el monumento a Franco. En todo caso, y llegado a este callejón administrativo sin salida, las administraciones públicas, y singularmente el ayuntamiento de Santa Cruz, no puede seguir adoptando una actitud pasiva. Lo más razonable, tal vez, sería llegar a una negociación. No me refiero a «resignificar» la obra: su explicitud lo hace completamente imposible. Pero sí a trasladarla: la regulación de los BIC lo permite en casos excepcionales. Canarias no cuenta con museos que permitan exhibir un conjunto monumental de esas dimensiones, pero existe una alternativa en la Península. En 2013 fue inaugurado en el edificio histórico del Costurero, en Mérida, el Museo Juan de Ábalos, que alberga una colección permanente de más de 60 obras del artista, incluidas piezas de gran formato. El centro pretende abrir nuevos espacios en el futuro. Ignoro si el ayuntamiento de Santa Cruz o el Cabildo de Tenerife han contactado con la Fundación Juan de Ábalos y, en caso positivo, qué respuesta han recibido. En todo caso es una vía de trabajo que muy probablemente contaría con la compresión, puede incluso que con el apoyo, de aquellas entidades que defienden la integridad del monumento. Y no es la única posibilidad. Otros centros museísticos podrían estar interesados. De esta manera una obra considerada vestigio franquista en un espacio público sería admisible por su interés histórico o educativo en un espacio museístico riguroso, bien definido y debidamente contextualizado.

Esta estúpida y enervante polémica sobre el monumento a Franco debe terminar y solo puede terminar de una forma: eliminando la escultura del espacio público, consiguiendo, a la vez, que no sea desguazada, sino preservada como testimonio de un tiempo, de un país y de un buen escultor al servicio de una dictadura brutal y feroz. n

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