La movilidad y la carestía de la vivienda, nuevos frenos del mercado laboral en Canarias

La movilidad y el acceso a la vivienda se han convertido en dos de los principales condicionantes del mercado laboral en Canarias. Ya no se trata solo de factores que afectan a la calidad de vida de la población, sino de obstáculos que están alterando de forma directa la posibilidad de encontrar empleo, mantenerlo en el tiempo y desarrollar una carrera profesional con estabilidad.

La congestión en las carreteras, la insuficiencia de alternativas de transporte y el elevado precio de la vivienda están reduciendo el radio real en el que muchas personas pueden buscar trabajo. En la práctica, esto significa que una oferta laboral deja de ser viable no por falta de cualificación, experiencia o motivación, sino porque el coste económico, físico y personal de aceptarla resulta inasumible.

Durante años, la movilidad fue entendida como una variable secundaria dentro del mercado de trabajo. Hoy ha pasado a ser un factor decisivo. Los largos tiempos de desplazamiento, la incertidumbre asociada a los atascos y la dependencia del vehículo privado convierten muchas jornadas laborales en recorridos de desgaste diario. Para numerosos trabajadores, especialmente en las islas capitalinas, desplazarse entre el área metropolitana y las principales zonas turísticas o empresariales supone dedicar varias horas al día a trayectos que repercuten en su bienestar, en su productividad y en su vida familiar.

Esta situación no solo afecta a quienes ya están empleados. También deja fuera del mercado a muchas personas que, aun queriendo trabajar, no pueden asumir las condiciones logísticas que exige el puesto. Hay candidatos que renuncian a presentarse a determinadas vacantes porque saben que no podrán sostener el desplazamiento diario. Otros son descartados de forma preventiva por las propias empresas, que temen una incorporación fallida, una rotación temprana o dificultades de puntualidad y permanencia. Así, la movilidad se convierte en una barrera silenciosa que estrecha las opciones tanto del empleador como del aspirante.

El problema se agrava cuando a las dificultades de transporte se suma el encarecimiento de la vivienda. Encontrar una residencia asequible cerca del lugar de trabajo resulta cada vez más complicado, especialmente para jóvenes, perfiles junior, trabajadores temporales o personas con salarios medios y bajos. Aceptar un empleo en otro municipio o en otra isla ya no depende solo de la voluntad de trasladarse, sino de la posibilidad real de pagar un alquiler sin que este absorba una parte desproporcionada del sueldo.

De este modo, se produce una paradoja cada vez más visible: hay empresas con dificultades para cubrir vacantes y, al mismo tiempo, personas en búsqueda de empleo que no pueden acceder a esas oportunidades. No siempre falla el ajuste entre oferta y demanda en términos de formación o experiencia; con frecuencia falla el encaje territorial. El empleo existe, pero está demasiado lejos, mal conectado o rodeado de unos costes residenciales que lo vuelven inviable.

Este fenómeno tiene además efectos desiguales según el perfil del trabajador. Las restricciones de movilidad y vivienda castigan con mayor intensidad a quienes cuentan con menos recursos económicos, menor autonomía o mayores responsabilidades familiares. Para una persona joven que intenta emanciparse, para una madre o un padre con cargas de cuidado, o para quien no dispone de vehículo propio, las limitaciones del territorio pesan mucho más. En estos casos, la falta de oportunidades no responde únicamente al mercado laboral, sino a una estructura de acceso muy condicionada por factores externos al puesto de trabajo.

También se resiente la capacidad de las empresas para atraer y fidelizar talento. La ubicación del centro de trabajo ha pasado a tener un peso creciente en los procesos de selección. Ya no basta con ofrecer un salario competitivo o una oportunidad de crecimiento profesional. La distancia, la disponibilidad de transporte, la posibilidad de teletrabajar o la flexibilidad horaria son elementos que pueden inclinar la balanza tanto como la propia retribución. En determinados casos, las compañías se ven obligadas a priorizar perfiles que residan cerca, incluso cuando existen candidatos más adecuados desde el punto de vista técnico.

Como respuesta, muchas organizaciones están adoptando medidas para amortiguar este impacto. La flexibilidad horaria permite evitar las horas punta y aliviar parte del estrés asociado a los desplazamientos. El teletrabajo, allí donde es posible, ha demostrado ser una herramienta útil para reducir tiempos muertos, mejorar la conciliación y ampliar el ámbito geográfico del reclutamiento. Sin embargo, estas soluciones tienen un alcance limitado. Gran parte de los empleos en sectores como la hostelería, la industria, el comercio, la logística o los servicios presenciales siguen requiriendo asistencia física, por lo que continúan sometidos a las restricciones que impone la realidad territorial del archipiélago.

Canarias afronta así un reto que va mucho más allá del tráfico o del precio del alquiler. Lo que está en juego es la capacidad del territorio para conectar a las personas con las oportunidades laborales en condiciones razonables. Cuando desplazarse al trabajo exige un sobreesfuerzo permanente y vivir cerca del empleo se convierte en un lujo, el derecho a trabajar en igualdad de oportunidades se debilita.

Por eso, movilidad y vivienda ya no pueden analizarse como cuestiones separadas del empleo. Forman parte de su núcleo. Entender las tensiones actuales del mercado laboral canario exige asumir que el problema no es solo cuántos puestos se crean, sino quién puede acceder realmente a ellos y en qué condiciones puede sostenerlos. Ahí es donde hoy se está jugando una parte esencial del futuro del empleo en las Islas.