1984 en 2026

En 1984, Orwell describió una asfixiante sociedad distópica donde un gobierno se convierte en el perfecto controlador de la sociedad. El partido, el único poder político, dirige y vigila la vida privada de los ciudadanos, establece lo que es la verdad histórica y utiliza una neolengua donde se impide la expresión de opiniones disidentes con el criterio oficial. El poder, ejercido por el Gran Hermano, es el ojo de cristal de una cámara que ha entrado hasta la propia intimidad de las casas de la gente.

Algunos pensadores han denunciado la preocupante similitud de muchos de los elementos del mundo actual con ese infierno literario orwelliano. Ya no parece tan disparatada la idea de que algún día al gobernante de turno se le ocurra la creación de un Ministerio de la Verdad encargado de controlar la propaganda y establecer cuál es la verdad oficial que debe creer obedientemente todo el mundo. Y que más adelante proponga, subsidiariamente, una Policía del Pensamiento.

En nuestro país se han fabricado artefactos legales que parecen antecedentes de esa pesadilla. Empezamos legislando para intervenir la libre opinión de quienes podían ser condenados por defender a los terroristas etarras, considerándolos culpables de apología del terrorismo. Y de ahí saltamos a otros jardines, el enaltecimiento de aquel dictador llamado Franco o delitos de odio cuando las opiniones se considerasen insultantes contra minorías o razas. Para combatir cuatro décadas de una dictadura fenecida hace medio siglo, que intentó en su época imponer una verdad histórica adulterada, se han dedicado enormes recursos a construir otro relato antagónico. Tardío e inútil, porque los que fueron adoctrinados ya se extinguieron por razones biológicas. Y a las nuevas generaciones no les interesa el siglo pasado. Ni siquiera la semana pasada.

Impelidos por una sociedad que cede libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad, los gobiernos han incrementado su vigilancia sobre los gobernados. La revolución tecnológica ha permitido una intrusión nunca vista en la vida privada, sometida al escrutinio total en interés de lo público. No solo miran dentro de nuestras carteras, sino que nos van recortando cada vez más la posibilidad de ser dueños del valor de nuestro trabajo a través del control del dinero en efectivo. Las cámaras de vigilancia invaden las esquinas de calles y parques, aeropuertos y centros comerciales. Los nuevos algoritmos procesan nuestros datos y nuestras conversaciones. Y te dicen que no hay nada que temer, si no eres un delincuente.

Nuestros datos confidenciales, en manos de administraciones y grandes corporaciones, son constantemente vulnerados por una nueva clase de piratas que navegan en las capas más profundas de ese extraño y oscuro mar virtual de las redes. Los controles biométricos están creando un banco de nuestras identidades digitales que permite, aunque no lo sepamos, que seamos buscados y encontrados por los ojos electrónicos en cualquier rincón del planeta.

Pero como describió Isaac Newton, cualquier fuerza ejercida en una dirección produce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Quis custodiet ipsos custodes? Se preguntaba el poeta Juvenal. ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues los vigilados. Los ciudadanos, a través de esa poderosa herramienta de las redes sociales, llamada a sustituir a los medios de comunicación, se han convertido en una inclemente máquina de control de quienes sueñan en controlarnos. Con cada teléfono móvil hay una cámara portátil dispuesta a cazar a un personaje famoso o a un político. Hay millones de corresponsales anónimos que suben a las redes o mandan a las redes sociales o los medios de comunicación información en tiempo real de los efectos de una devastadora tormenta, una agresión en la calle o un personaje conocido cazado en una situación potencialmente incómoda.

La revolución tecnológica ha conseguido que el poder se haya convertido en un organismo colocado sobre una placa de Petri, en el microscopio de una sociedad mediática. Exasperados e incómodos, los políticos se revuelven contra la «intolerable intromisión» en sus vidas privadas. Pero solo recogen las semillas de lo que sembraron para los demás. Nada escapa al ojo de la sociedad que dispone de millones de anónimas facetas. Lo mismo detecta la compra de un chalé en Galapagar, que demuele un discurso, con imágenes de la escapada de un ministro con una amante, paseando por las calles de una ciudad rusa.

El Gran Hermano de nuestro tiempo es más vigilado que vigilante. La propaganda se ha convertido en una patética autodefensa condenada al fracaso. Y el Ministerio de la Verdad, asaltado por una plaga de influencers y tertulianos, es un esfuerzo inútil y melancólico que lucha inútilmente contra cientos de miles de caóticas versiones de nuevos juglares. Las mentiras del pueblo son siempre mucho más divertidas que la mentira oficial.

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