La pirámide invertida

La demografía y la economía son dos disciplinas interrelacionadas que generan un sistema de determinación recíproca. Desde esta hipótesis de partida, la primera actúa como un componente básico del factor trabajo, donde la población en edad de trabajar determina el tamaño del input laboral disponible. Por tanto, cualquier variación en la estructura demográfica, no solo en el volumen total, sino también en su composición por edades, tiene efectos directos sobre el crecimiento potencial. Bajo ese enfoque, no es lo mismo una población creciente y joven que una población estancada y envejecida. En el primer caso, el sistema económico dispone de una expansión natural de la fuerza laboral que puede sostener el crecimiento, mientras que, en el segundo, este depende casi exclusivamente de la productividad.

Uno de los canales más importantes de transmisión entre demografía y economía es el mercado laboral. La estructura por edades determina la oferta de trabajo, pero también su calidad, su movilidad y su capacidad de adaptación. Una población envejecida tiende a presentar menor dinamismo laboral, menor propensión a la movilidad geográfica y menor adopción de nuevas tecnologías, lo que puede ralentizar la difusión de innovaciones. En cambio, una población joven suele aportar flexibilidad, aunque también puede generar mayores tasas de desempleo estructural si la economía no es capaz de absorberla a corto plazo. El segundo canal clave es el consumo y el ahorro, teniendo en cuenta que los individuos tienden a consumir a lo largo de su vida de forma relativamente estable, financiando su consumo mediante ingresos laborales en la etapa activa y desahorro en la jubilación, todo ello entremezclado con el endeudamiento. De igual manera, las sociedades envejecidas tienden a aumentar el peso del consumo sanitario, de cuidados y de servicios personales, mientras que las sociedades jóvenes presentan mayor demanda de bienes duraderos, donde el ahorro dependerá de la renta disponible.

En el ámbito de las finanzas públicas, la demografía es un determinante esencial de la sostenibilidad fiscal. El sistema de pensiones, la sanidad pública y la dependencia están directamente vinculados a la estructura por edades de la población. En sistemas de reparto de solidaridad intergeneracional e interterritorial de aportación definida, como el nuestro, la relación entre cotizantes y pensionistas es la variable crítica. Una reducción de la población activa o un aumento de la esperanza de vida incrementa la presión sobre el sistema, obligando a ajustar parámetros como la edad de jubilación, las cotizaciones o el nivel de prestaciones, así como su fuente de financiación. Este punto es especialmente relevante en economías como la española en general y la canaria en particular, donde el envejecimiento poblacional es un hecho que convive con el incremento de la población derivado principalmente de la inmigración regular. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida generan una doble presión que se traduce en una peor relación entre la población ocupada y los pensionistas, prolongándose además durante más tiempo.

Con todo, la economía también influye sobre la demografía a través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, los niveles de renta per cápita están estrechamente correlacionados con la fecundidad, de forma que, a mayor desarrollo económico, menor tasa de natalidad. Asimismo, las condiciones económicas influyen en los flujos migratorios, donde las diferencias de renta y oportunidades entre países generan movimientos de población que actúan como mecanismo de ajuste del mercado laboral global. La migración puede, por tanto, mitigar desequilibrios demográficos, aunque también genera desafíos de integración económica y social. Comprender esta relación bidireccional es esencial para diseñar políticas públicas coherentes, porque ignorar la dimensión demográfica equivale a construir modelos económicos incompletos. En última instancia, toda estrategia de desarrollo económico sostenible debe incorporar la demografía, no como un dato de fondo, sino como una variable central de planificación. En este contexto, la discusión sobre el proceso de regularización de parte de la población inmigrante deja de ser una cuestión meramente administrativa o política para convertirse en un elemento central de la sostenibilidad del sistema económico y, de forma especial, del sistema público de pensiones.

Llegados a este punto, este proceso, asumiendo el fracaso de las políticas de cooperación que fomenten el desarrollo de los países de origen, podría interpretarse como una decisión económica con efectos directos sobre la sostenibilidad fiscal, más allá de su dimensión intrínsecamente humanitaria. Al incorporar población potencialmente trabajadora que ya está presente en el territorio, se produce un efecto inmediato sobre los ingresos públicos sin necesidad de esperar a procesos migratorios adicionales. Desde la óptica de la economía regional, este fenómeno adquiere matices adicionales. Comunidades autónomas con estructuras productivas intensivas en mano de obra o con un peso elevado del sector servicios, como es Canarias, pueden beneficiarse de forma más directa de procesos de regularización, asumiendo que la disponibilidad de fuerza laboral es un factor crítico para mantener la competitividad del archipiélago. Sin embargo, la regularización no debe analizarse únicamente desde el lado de la oferta de trabajo. También tiene implicaciones sobre la demanda agregada. Los trabajadores regularizados, al acceder a empleos formales, incrementan su renta disponible y su propensión al consumo, generando efectos multiplicadores sobre la economía local, tal y como se ha confirmado estadísticamente en procesos similares realizados con anterioridad.

No obstante, no todo es idílico, porque un aspecto crítico es la integración social y económica de la inmigración regularizada. La experiencia comparada muestra que estos procesos tienen mejores resultados cuando se acompañan de políticas activas de empleo, formación y reconocimiento de cualificaciones. Además, es imprescindible situar este debate en el marco europeo, porque no operamos en un vacío, sino dentro de un espacio económico y regulatorio compartido, donde las dinámicas migratorias, las políticas de asilo y las estrategias de integración están cada vez más coordinadas. Desde otra perspectiva, aunque no se quiera ver, no podemos obviar que la regularización también puede generar polarización, debido a que las percepciones sobre la inmigración están fuertemente influidas por factores culturales, económicos y mediáticos. De ahí que una gestión inadecuada del diseño de la política pueda erosionar el consenso social necesario para implementar reformas estructurales de mayor calado.

Por todo ello, en términos de política económica, la interacción entre demografía y economía obliga a adoptar un enfoque intertemporal. Las decisiones actuales en materia de natalidad, migración o envejecimiento activo tienen efectos que se materializan décadas después. Esto introduce un problema clásico de inconsistencia temporal en la formulación de políticas públicas, donde los beneficios políticos de corto plazo pueden entrar en conflicto con la sostenibilidad de largo plazo, condicionando también la distribución territorial de la actividad económica porque ignorar la gestión de la demografía no es solo un error técnico, sino una decisión que aboca, de forma inexorable, al deterioro del crecimiento, a la quiebra del equilibrio fiscal y a la fractura social.