Los primeros de la cola

El pacto de las derechas en España empieza a definir sus propias recetas, antagónicas de las que han cocinado las izquierdas. Una de ellas esa famosa «prioridad nacional» que defiende la preferencia de los nacionales a la hora de hacer cola para acceder a los servicios públicos.

Como eslogan es muy potente, pero irreal. En las autonomías y en el Estado. Discriminar a favor de los nacionales en el acceso a prestaciones públicas no es fácil. En las urgencias sanitarias se atiende a los más graves. En las ayudas sociales, a los más vulnerables. Y así en casi todo. Los ciudadanos europeos no pueden ser tratados de manera distinta, porque lo prohíbe la UE. Y los extranjeros residentes tampoco. O sea, que es difícil dar prioridad aunque, ojo, no es imposible.

Confieso que, frente a cualquier tipo de «prioridad» o discriminación, simpatizo con la idea de que todos los ciudadanos seamos tratados de igual forma. Pero realmente no ha sido así en muchos casos que hemos aceptado con normalidad. Las políticas de género han creado una «discriminación positiva» que ha generado asimetría jurídica con el fin de proteger especialmente a las mujeres. En ciertas comunidades autónomas las normas dan prioridad –por ejemplo en el acceso al empleo público– a quienes dominen la lengua autonómica e incluso no conocerla es un elemento excluyente. Hay prioridades basadas, por ejemplo, en el nivel de ingresos de un ciudadano, que permiten a unos acceder a una vivienda pública y a otros los excluyen. Hay personas de un determinado territorio, como el País Vasco, Navarra o Canarias, que tienen un sistema fiscal diferenciado del resto de los ciudadanos del Estado. En suma, hay muchísimas prioridades, preferencias y asimetrías. No es un invento nuevo. Lo que pasa es que unos partidos defienden unas y otros prefieren otras.

Todas las opciones ideológicas creen estar en posesión de la verdad. Y todas piensan que las otras están equivocadas. Viene a ser como las religiones y los dioses. En la prehistoria de nuestra democracia, la necesidad de establecer normas sólidas y duraderas obligó a los políticos a consensuar las grandes leyes en las que se basaba la convivencia. Pero ese esfuerzo se agostó. Hemos llegado a la política de bloques. La izquierda ha gobernado, con absoluta legitimidad democrática, estableciendo a través de decretos o leyes sus catecismos y sus convicciones sociales y morales. Pero ahora, según vaticinan las encuestas, parece que una mayoría de la sociedad está optando por un cambio de rumbo.

Si las próximas elecciones generales producen una mayoría de derechas en España lo lógico es que venga otra religión, otras mayorías y otras normas y leyes. Esa es la normalidad democrática. Contra ello, como es obvio, cabe la crítica mediática y de la oposición. La opinión y la protesta. Pero ya se empieza a argumentar que las derechas quieren extinguir el bienestar, cargarse la igualdad y borrar el Estado de las Autonomías. O sea, del tingo al tango. De la invasión comunista con el gobierno Frankenstein al apocalipsis de un gobierno fascista. La oposición en España siempre juega sucio. Debe ser por eso que, como decía el poeta, de todas las historias, la nuestra es la que siempre acaba mal.

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