Incoherencias en la política exterior

La visita de Pedro Sánchez a China y la celebración, en paralelo, de una cumbre progresista internacional en Barcelona permiten evaluar la orientación reciente de la política exterior española, ya que ambos acontecimientos, en una misma semana, muestran líneas de acción no del todo consistentes.

En Pekín, el presidente ha planteado que Occidente ceda cuotas de poder en las instituciones internacionales, partiendo de una premisa ampliamente compartida –que el sistema surgido tras la Segunda Guerra Mundial ya no refleja el equilibrio real de poder– pero trasladando ese diagnóstico a una propuesta que, tal como se ha formulado, se aproxima al discurso promovido por China sobre el reequilibrio del orden internacional.

Una visión que plantea problemas no solo por su contenido sino también por cómo se ha formulado, ya que no cuenta ni con respaldo interno ni ha sido previamente acordada con los socios europeos, algo que limita su viabilidad y genera fricciones en el principal marco de actuación de España, la Unión Europea, debilitando así su capacidad de influencia.

Este enfoque difiere profundamente con el defendido por el primer ministro canadiense Mark Carney, que sitúa el papel de las potencias medias en su capacidad para coordinarse y construir coaliciones estables orientadas a reforzar las instituciones internacionales y sostener reglas comunes en un contexto de competencia entre grandes potencias, lo que implica ampliar la influencia de los actores intermedios a través de la cooperación, en lugar de promover cesiones de poder que beneficien directamente a quienes ya ocupan posiciones centrales, por lo que la posición española resulta difícil de encajar en esa lógica al no ir acompañada de una estrategia de alianzas que permita compensarla.

Pero, en paralelo, en la cumbre celebrada en Barcelona, el Gobierno ha proyectado una imagen distinta al reforzar un discurso centrado en la defensa de la democracia, el multilateralismo y la oposición a Donald Trump, situando a España dentro del marco del orden liberal, aunque esta posición presenta inconsistencias, en la medida en que se articula en un foro que incorpora a gobiernos, como el de México, con un compromiso limitado con los estándares democráticos.

El resultado es una combinación de planteamientos que no son coherentes, ya que, al tiempo que se defiende el refuerzo de la democracia y del multilateralismo, se articula esa posición con países que no cumplen plenamente esos principios y se propone un reequilibrio internacional que incrementa el peso de actores que tampoco los comparten, en detrimento de quienes sí lo hacen, a lo que se añade la ausencia de consenso interno y europeo. Circunstancias todas ellas que reducen la credibilidad y la viabilidad de la posición española limitando así su capacidad de influencia efectiva.