Dos formas de suicidio

España prosigue su marcha triunfal y encabronada hacia la ingobernalidad, el enfrentamiento institucional, la degradación del sistema democrático y la inoperancia de las administraciones públicas. Uno de los motores de esta catástrofe es y será los pactos de gobierno suscritos por el PP y Vox. No hablemos ya ese basuriento principio de prioridad nacional, según el cual los españoles deben ser atendidos por las administraciones y servicios públicos antes de los demás; se supone que los demás son los extranjeros. Pero ese principio –que más bien es un final– se encuentra en la Constitución y en las leyes. Incluso se cuenta con una jurisprudencia bastante amplia del Tribunal Constitucional que deja perfectamente claro que los extranjeros, en España, gozan de los derechos fundamentales básicos. Con independencia de su nacionalidad cualquier persona avecindada en España –e incluso solo los que están de visita– tiene derecho a su integridad física y moral, a la libertad de expresión, a recibir atención sanitaria si es preciso. ¿Cuáles son los derechos de los que solo pueden beneficiarse los españoles? Básicamente los derechos políticos: los de votar y ser votados. También elegir su residencia o circular sin restricciones por territorio nacional. En ningún hospital público o centro de salud, en ninguna escuela, instituto o universidad, los extranjeros o los migrantes no regularizados reciben un trato preferente en perjuicio de los españoles. Insistir en lo contrario no solo es una falsedad, sino una estupidez despreciable que no tiene nada que ver con la prudente preocupación por una regulación masiva a la que se pueden llegar a acoger 800.000 personas bajo las condiciones más permisivas y laxas que han codificado procesos similares entre finales del siglo XX y principios del XXI. Tanto en Extremadura como en Aragón y Castilla León Vox ha impuesto que no se admitirán migrantes menores no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. No se entiende bien cómo pretenden los ultras (y sus socios) entender y aplicar la prioridad nacional, pero lo de lo menores está muy claro: no los atenderán. Todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo en estos dos años, y que comenzó por el laborioso empeño del presidente Fernando Clavijo por superar la situación, se viene abajo. La reforma de la ley de Extranjería ha sido un esfuerzo inútil. Costó años –y episodios vergonzosos como el del muelle de Arguineguín– hacer entender al Gobierno español actual que debería implicarse más activa y rigurosamente. Y, sin embargo, el horizonte que comienza a avizorarse es todavía más preocupante. Para la gobernanza española, porque los acuerdos entre la derecha y la ultraderecha atacan la cohesión político-territorial del país, erosionan gravemente la corresponsabilidad institucional, boicotean la solidaridad imprescindible entre comunidades autonómicas. Para Canarias aún es peor. En lo que están confluyendo PP y Vox (en parte por convicciones compartidas, en parte por razones de competencia en el mercado electoral) es en la adhesión al blindaje de fronteras. Tal vez sea conveniente precisar que la posición de la Comisión Europea se le parece mucho, como puede constatarse en la política de migración y asilo adoptada por la UE que enfatiza unas fronteras exteriores seguras: controles exhaustivos, bases de datos compartidas, exigencias y exámenes, retornos automáticos en caliente.

El problema básico y estructural consiste en que Canarias no tiene fronteras. Canarias es la frontera. La frontera sur de España y de la UE. En la concepción de Vox –y la de un PP incapaz de resistirse al terror de perder la mayoría– es en la frontera donde deben mantenerse los migrantes, sean mayores o menores de edad, y la lampedusación de Canarias resulta un precio aceptable para no inquietar a su mayoría electoral en territorio peninsular. Para Canarias supondría un muy mal negocio un gobierno presidido por el traslúcido Núñez Feijóo y vicepresidido por Santiago Abascal, enemigo de particularidades y defensor de España Una, Grande y Libre. Esa es la alternativa al sanchismo. Dos formas de suicidio.

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