Canarias ante la regularización

La reciente aprobación y puesta en marcha de un nuevo proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España abre un debate complejo que exige alejarse de las consignas y atender la realidad jurídica, económica y social. En el Archipiélago, por su posición geográfica como una de las principales vías de entrada de migrantes y su estructura productiva, esta medida requiere serenidad y rigor en el análisis.

Conviene distinguir entre la migración por motivos económicos y el asilo político, figura del derecho internacional que protege a quienes huyen de persecución o violencia. En Canarias, esta separación no siempre resulta sencilla debido a las dificultades de documentación que afrontan quienes llegan por rutas irregulares. El respeto a este marco jurídico no es opcional: es una obligación ética y legal de cualquier Estado democrático.

Más allá del asilo, la regularización afecta a personas que viven desde hace tiempo en España –y muchas de ellas en Canarias, unas 30.000, según las ONG–. No se trata, por tanto, de un incentivo para nuevas llegadas, como sostienen algunas voces, sino de una respuesta a una situación que ya se da: la existencia de cientos de miles de personas que trabajan, conviven y contribuyen, aunque desde una posición precaria.

Sectores clave de la economía insular, como la agricultura, la hostelería, los cuidados o determinados servicios, dependen en gran medida de la mano de obra extranjera. Se trata de empleos que apenas cubre la población local porque las condiciones laborales no gustan. La regularización, en este sentido, no solo tiene una dimensión humanitaria, sino que permite aflorar empleo sumergido, aumentar la recaudación fiscal y contribuir al Estado del bienestar.

La incorporación de trabajadores regularizados implica cotizaciones a la Seguridad Social, acceso a derechos laborales y mayor estabilidad en el consumo. En un contexto de envejecimiento y presión sobre los servicios públicos, estas aportaciones resultan valiosas. Canarias puede beneficiarse de este proceso si se gestiona con rigor y planificación.

Reconocer los aspectos positivos de la medida no implica ignorar sus limitaciones. Una de las principales críticas es que las regularizaciones extraordinarias no resuelven el fenómeno de las estancias irregulares. Sin reformas más amplias en los mecanismos de entrada legal, contratación en origen y políticas de integración, existe el riesgo de que la situación se reproduzca. Esta no es la primera y seguro que tampoco será la última regularización.

El debate político vuelve a evidenciar el ambiente de crispación y polarización en nuestro país. Desde quien ve la medida como una respuesta necesaria y justa, hasta quien la califica de efecto llamada o de ruptura de la legalidad. Resulta necesario rebajar el tono y recuperar un enfoque basado en datos, experiencia comparada y responsabilidad. La gestión de la migración no debe ser motivo de confrontación partidista. Cosa harto improbable si observamos el bloqueo al reparto de menores migrantes entre regiones que posibilitaría aliviar la saturación de la red de acogida isleña.

En Canarias, donde la migración resulta un hecho cotidiano, esta exigencia es mayor. La convivencia, la cohesión social y la percepción ciudadana dependen de cómo se apliquen las políticas migratorias. Hay que evitar discursos que estigmaticen. Y es necesario garantizar que la regularización sea transparente, ágil y rigurosa para reforzar la confianza en las instituciones. Las primeras horas del proceso alertan de la improvisación, la falta de medios y el riesgo de colapso en las plataformas digitales y oficinas donde se tramitan las peticiones. Y muestran la ansiedad y el temor que genera entre los solicitantes la posibilidad de quedar fuera pese a tener empleo, formación y reunir los requisitos.

La regularización apela al modelo de sociedad que queremos construir. Uno que reconozca la dignidad y los derechos de quienes ya forman parte de su tejido social, o uno que mantenga bolsas de exclusión. La regularización no es una solución definitiva. Puede ser un paso hacia una gestión más ordenada, humana y eficiente de la migración. Su éxito dependerá de la capacidad de las administraciones y del compromiso colectivo para situar derechos humanos e interés general por encima de la confrontación.