¿Lo peor está por llegar?

Si tuviéramos que describir un tributo informal que no ha sido aprobado por ninguna administración, pero que actúa como tal en términos económicos, ya que hace perder competitividad a la vez que reduce el poder adquisitivo sin necesidad de una subida explícita de impuestos, lo llamaríamos inflación. En estos momentos, el comportamiento de esta adquiere su verdadera dimensión económica cuando se pone en relación con el poder adquisitivo de los hogares. En el caso de Canarias, esta conexión es especialmente relevante, ya que la combinación de una inflación generalmente más moderada que la media nacional con niveles salariales inferiores configura un escenario complejo donde la evolución del bienestar no depende únicamente de los precios, sino del equilibrio entre ambas variables.

En términos generales, el poder adquisitivo viene determinado por la diferencia entre el crecimiento de los salarios nominales y la inflación. Cuando los salarios crecen por encima del IPC, los hogares ganan capacidad de compra, mientras que, cuando ocurre lo contrario, se produce una pérdida de poder adquisitivo. Esta lógica, aparentemente sencilla, adquiere matices importantes en nuestro contexto territorial, donde las condiciones estructurales del mercado laboral y la especialización productiva condicionan tanto la evolución de los ingresos como la sensibilidad a los precios.

Cuantificando la dimensión, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tras el fuerte repunte inflacionista de los años 2021 a 2023, primero impulsado por una inflación de demanda asociada a la movilización del ahorro acumulado durante la pandemia de 2020 y, posteriormente, transformado en una inflación de costes tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el marco de la Guerra de Ucrania, los salarios han experimentado un ajuste progresivo al alza, aunque con cierto retraso respecto a los precios. Este desfase ha provocado una pérdida acumulada de poder adquisitivo medio, parcialmente compensada durante 2024 y 2025, si bien no recuperada de forma homogénea en todos los estratos de renta.

En Canarias, la situación presenta particularidades relevantes. Por un lado, la menor inflación relativa registrada en el archipiélago podría sugerir una menor erosión del poder adquisitivo. Sin embargo, este efecto positivo se ve limitado por el hecho estructural de que los salarios medios son inferiores a los del conjunto nacional. Conviene matizar que no se trata de que, por una misma actividad, se perciban menores retribuciones, sino de que la estructura productiva presenta una mayor concentración en sectores de menor valor productividad. Esto implica que, incluso con una inflación más baja, la capacidad de consumo de los hogares parte de una posición más débil, lo que incrementa su sensibilidad a los ciclos económicos y refuerza la necesidad de mecanismos de compensación.

A ello se añade un elemento clave, como es la composición del gasto. En Canarias, una mayor proporción del presupuesto de los hogares se destina a bienes esenciales como alimentación, transporte o energía. Estos componentes son, precisamente, los más volátiles y los que han registrado mayores incrementos en los últimos años. Como resultado, la inflación percibida por los hogares puede ser superior a la media del IPC, ya que los productos que más pesan en su cesta de consumo son los que más aumentan de precio. La insularidad amplifica este fenómeno, dado que los mayores costes logísticos encarecen determinados bienes en comparación con la capacidad de renta de los hogares.

Desde una perspectiva más estructural, esta combinación de baja renta relativa y elevada exposición a bienes esenciales genera un efecto regresivo de la inflación. Los hogares con menor capacidad económica destinan una mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, por lo que cualquier incremento en estos precios tiene un impacto desproporcionado sobre su bienestar. Este rasgo es especialmente relevante en Canarias, donde la distribución de la renta y la estructura del empleo acentúan esta vulnerabilidad.

En las últimas semanas, además, se observa un cambio de tendencia que introduce un elemento de preocupación adicional. El repunte reciente de la inflación, vinculado en gran medida a los precios energéticos y a la persistencia de tensiones geopolíticas internacionales, confirma que estamos ante el inicio de una nueva fase inflacionista. Este contexto plantea un escenario claro. Si estas tensiones se prolongan y continúan presionando al alza los costes energéticos y de transporte, la inflación se mantendrá en niveles elevados o incluso repuntará. A ello se sumará, previsiblemente, una respuesta en política monetaria con tipos de interés más altos durante más tiempo, lo que incrementará el coste del endeudamiento para hogares y empresas. En este escenario, el margen de ajuste de los salarios es limitado, especialmente en una economía como la canaria, donde la capacidad de generación de valor añadido condiciona la evolución de las rentas laborales. Por ello, la política económica debe actuar sobre otros mecanismos que permitan sostener el poder adquisitivo sin generar efectos secundarios adversos sobre el empleo o la competitividad.

Por ello, cobra especial relevancia el papel de la política fiscal como herramienta para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, particularmente a través de una mejora del tratamiento de las rentas del trabajo. En el caso de Canarias, esta cuestión debe enmarcarse necesariamente dentro de nuestro Régimen Económico y Fiscal, que reconoce las singularidades derivadas de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial. En este sentido, una adaptación del sistema tributario que favorezca las rentas del trabajo ya sea mediante ajustes en los tramos del IRPF, la actualización de mínimos o la introducción de deducciones específicas incluyendo medidas selectivas sobre las cotizaciones sociales, no solo sería coherente con los principios del REF, sino que reforzaría su función compensadora.

Este enfoque permitiría incrementar la renta disponible de los hogares sin trasladar mayores costes al tejido productivo, actuando como un mecanismo directo de corrección frente a la inflación en un territorio donde los salarios son estructuralmente más bajos y donde el impacto de los precios sobre el bienestar es especialmente intenso. Además, contribuiría a sostener la demanda interna, evitando que la pérdida de poder adquisitivo derive en una desaceleración más intensa de la actividad económica.

No obstante, a medio plazo, también hay que apostar por una estructura económica de mayor rendimiento porque, sin un aumento del valor añadido de la economía, cualquier medida de alivio solo tendrá un carácter transitorio. La clave reside, por tanto, en combinar políticas de corto plazo orientadas a proteger la competitividad y el poder adquisitivo con estrategias de largo plazo que impulsen la productividad. Y todo esto surge porque estamos ante el inicio de una nueva fase en la dinámica de precios en la que los factores externos seguirán desempeñando un papel determinante, de forma que, si no se corrigen las tensiones con herramientas internas, no solo persistirán, sino que se intensificarán, porque esto solo acaba de empezar. Lo peor está por llegar…