Un bloqueo político con coste real para Santa Cruz de Tenerife

Sobre la apertura comercial los domingos, el alcalde de Santa Cruz ha dicho en unas recientes declaraciones a El Día: «El Ayuntamiento solo actuará si los comerciantes alcanzan un acuerdo previo». Queda claro, la institución que tiene la competencia y la responsabilidad de regular condiciona su actuación a un hipotético y difícil acuerdo entre particulares. Esperando ese consenso llevamos quince años y el resultado está a la vista.

Hay que partir de una premisa: la apertura comercial los domingos en Santa Cruz no es un problema entre comerciantes sino una decisión de política pública que solo el Ayuntamiento puede tomar. Todo lo demás -las mesas de diálogo, las propuestas al Gobierno de Canarias, los debates sobre grandes y pequeños- son, conscientemente o no, excusas para no tomarla.

Tras más de quince años de vigencia, la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) -el perímetro donde el comercio puede abrir en domingo- no ha logrado los objetivos para los que fue creada. No lo dice Asodiscan, lo dice el propio Ayuntamiento: más de 400 locales comerciales vacíos en Santa Cruz, muchos en calles principales dentro de la propia ZGAT; concesiones municipales en enclaves emblemáticos -Plaza de Weyler, Plaza del Príncipe, Parque García Sanabria- que quedan desiertas; entre el 70% y el 85% de los comercios de la ZGAT permanecen cerrados los domingos. La medida excepcional no se aprovecha ni siquiera donde pretendía dinamizar.

De los datos de la Autoridad Portuaria se desprende otra dimensión: en 2025 -cifra idéntica en 2024- llegaron al puerto en domingos sin apertura comercial unos 60 barcos con aproximadamente 160.000 cruceristas, que desembarcaron en una ciudad prácticamente cerrada. Personas con tiempo, capacidad y disposición de gasto que, en su mayoría, regresaron al barco sin poder consumir en la ciudad. El consumo no desaparece porque el comercio cierre: se desplaza a otros municipios, al comercio electrónico o se pierde. Ninguna ciudad con vocación turística puede permitirse cerrar cuando llegan los visitantes.

Cuando una medida excepcional fracasa incluso en el área que pretendía beneficiar, el problema no es de detalle, es de modelo. Y cuando ese modelo lleva quince años sin una sola evaluación seria, la pregunta deja de ser técnica. Se convierte en política.

Este conflicto se ha presentado durante años como un enfrentamiento entre pequeños y grandes, entre centro y periferia, entre intereses irreconciliables. Es un relato cómodo para quien tiene que decidir, pero no se sostiene. Hoy todos los operadores -grandes, medianos y pequeños- compiten contra lo mismo: grandes plataformas de comercio electrónico (Amazon y las asiáticas Temu, Shein, AliExpress...) que operan sin horarios, sin impuestos, sin límites territoriales y sin ninguna de las restricciones impuestas al comercio físico. Frente a esos gigantes, todos somos pequeños. Dividir al comercio local, formado por grandes y pequeños, no protege a nadie: nos debilita a todos.

Hay además una confusión entre libertad y obligación. Ampliar la apertura dominical no obliga, cada comerciante decide; una gran cadena de supermercados tiene dos establecimientos dentro de la ZGAT y no abre los domingos. No pedimos que se obligue a nadie a abrir, pedimos que no se obligue a nadie a cerrar. La ZGAT, en su configuración actual, hace exactamente eso: en la misma calle, un establecimiento puede abrir en domingo y otro, a escasos metros, no. Y no por razones de demanda ni de interés general, sino por un límite administrativo sin justificación económica. La ZGAT no nació para permitir que unos abrieran, nació para impedir que otros lo hicieran.

Los privilegios regulatorios nunca desaparecen voluntariamente. Quien disfruta de una ventaja no tiene incentivos para renunciar a ella. Exigir acuerdo previo entre quienes se benefician del diseño actual de la ZGAT y quienes están excluidos equivale a pedir que esos privilegios se disuelvan solos; nadie exigió a Binter el acuerdo de Iberia para volar a Madrid. Y el resultado es previsible: el bloqueo se cronifica y la desigualdad regulatoria se consolida bajo la apariencia de un diálogo que no existe. Convierte la falta de acuerdo en una coartada para no decidir.

Pero este bloqueo no surge de la nada. La ZGAT se impulsó en 2011 a iniciativa de una Agrupación de Interés Económico integrada por la asociación Zona Centro y la propia Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no pidió entonces consenso previo a todos los comerciantes, no fue un árbitro neutral: formó parte activa del diseño alineándose desde el origen con una parte concreta de los comerciantes. Con ese origen, pedir hoy a los comerciantes que resuelvan un problema de regulación pública no es diálogo, es no querer asumir la responsabilidad institucional que le corresponde en exclusiva.

La posición municipal añade una segunda vía de escape: que el problema lo resuelva el Gobierno de Canarias ampliando los diez festivos de apertura. Pero Santa Cruz no necesita dos o tres domingos más al año, necesita poder abrir los domingos al menos durante los siete meses de la temporada de cruceros. Y ese acuerdo regional es aún más remoto: Gran Canaria, con cinco ZGAT en su capital frente a la única de Santa Cruz, ya ha expresado su negativa a ampliar los festivos. Trasladar a otros la responsabilidad propia no es buscar una solución, es buscar un culpable.

En más de quince años no se ha realizado una sola evaluación seria del impacto de la ZGAT ni se ha revisado si sigue siendo necesaria o proporcionada a los fines que justificaron su creación. La regulación se diseñó en 2011 para una ciudad que ya no existe. Han cambiado los hábitos de consumo, el peso del turismo, la estructura del comercio y la configuración urbana de Santa Cruz. El consumo local también ha cambiado: la gente compra cuando tiene tiempo libre y ese tiempo se concentra en el fin de semana. Cerrar el domingo no protege al comercio local, lo expulsa del momento en que el consumidor está disponible. La regulación no ha cambiado.

El problema de la ZGAT no es técnico, es político. No decidir también es decidir: mantener la situación actual es preservar una desigualdad regulatoria evidente, asumir la pérdida de competitividad del comercio urbano y aceptar que la ciudad permanezca cerrada cuando más debería estar abierta. La ZGAT es una herramienta de política pública, no un acuerdo entre particulares. Corresponde al Ayuntamiento definirla, evaluarla y adaptarla a la realidad de la ciudad. El consenso puede acompañar esa decisión, pero nunca sustituirla. La voluntad de todas las partes es imprescindible; empezando por la de quien tiene la capacidad y la responsabilidad de decidir, a la que se sumará la de todo el sector.

La Mesa de Comercio municipal sobre apertura dominical ha sido aplazada reiteradamente y sigue sin celebrarse. Acudiremos cuando se convoque, porque los problemas se solucionan hablando, no dejando de hablar. Pero Santa Cruz no necesita más diagnósticos ni más mesas, necesita una decisión. El problema no es entender lo que pasa, es decidir qué ciudad quiere ser Santa Cruz. Eso lo decide el Ayuntamiento, no los comerciantes.

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