Haciendo amigos

Suena bien cuando se afirma que en democracia hay que escuchar todas las opiniones. Es una razón abierta y tolerante. Pero, como tantas máximas bienintencionadas, deja de ser razonable cuando se aplica sin matices, porque no todos los argumentos deben tener el mismo respeto intelectual. Especialmente cuando lo que se pone sobre la mesa no es una opinión, sino una tergiversación o, directamente, una mentira, reflexión que, inevitablemente, no ayuda a tomar decisiones económicas sensatas.

Se ha instalado la idea de que el pluralismo exige ofrecer altavoces a todo el mundo. El problema es que esto no significa colocar en el mismo plano a quien aporta hechos contrastables y a quien manipula deliberadamente la realidad. Tampoco significa convertir el debate público en una especie de mercado donde todo vale, donde cualquier afirmación, por absurda o falsa que sea, merece idéntico tiempo de exposición. El resultado de esa confusión se observa en los mercados financieros y en la economía real, la información errónea puede distorsionar expectativas, afectar la inversión y generar volatilidad innecesaria. De pronto, los datos pasan a ser interpretaciones, las evidencias se convierten en puntos de vista y las mentiras en relatos alternativos. Y así, poco a poco, el ruido sustituye al conocimiento, afectando incluso la confianza de consumidores e inversores. Dar voz a quien miente intencionadamente no es neutralidad, es complicidad involuntaria con el deterioro del tejido económico. Aunque lo verdaderamente peligroso no es que se diga, sino que quien lo dice tenga responsabilidades y poder de decisión.

Cuando un medio, una institución o un foro invita a alguien que distorsiona los hechos, no está ampliando el debate, sino degradándolo. El tiempo y la atención del público son recursos limitados, igual que los recursos de una economía. Cada minuto dedicado a desmontar una falsedad es un minuto que no se dedica a profundizar en problemas reales como la inflación, la sostenibilidad fiscal o la competitividad de un sector. Este fenómeno obliga a quienes sí trabajan con rigor a operar en un terreno que no les corresponde, reduciendo la eficiencia de sus esfuerzos. Mientras unos se esfuerzan por explicar la complejidad de una política económica o un plan de inversión, otros lo reducen a consignas simplistas con el riesgo de generar decisiones erróneas o riesgos sistémicos. En ese escenario, la mentira suele tener ventaja, porque es más rápida, más emocional y muchas veces más cómoda de creer.

Existe una cierta cobardía social en todo esto. Nadie quiere parecer intolerante ni acusado de censura. Así que se opta por la vía fácil, que es abrir el debate y permitir que cada cual diga lo que quiera. Pero ese planteamiento parte de un error fundamental, la libertad de expresión no implica el derecho automático a disponer de un altavoz, y mucho menos cuando la desinformación puede afectar la economía. Todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero otra cosa distinta es que una plataforma determinada tenga la obligación de amplificarlo por muy plana que se piense que es la Tierra. En cualquier ámbito profesional ocurre algo parecido. En medicina, no se invita a alguien que niega la existencia de las bacterias a debatir con un microbiólogo. En ingeniería, nadie organiza una mesa redonda entre un especialista en estructuras y un defensor de que los puentes se sostienen por intuición. En economía, sin embargo, esta lógica a menudo desaparece, se permiten debates sobre políticas fiscales, regulación financiera o comercio internacional sin basarse en evidencia, apostando por posturas superficiales y poco rigurosas, bien porque no se quiere decir la verdad o bien porque no se sabe cómo resolver el problema.

Y lo más preocupante es que esa equiparación artificial no suele ser inocente. Muchas veces responde a estrategias muy calculadas, especialmente en periodos electorales o en ciclos económicos, donde sembrar dudas sobre datos macroeconómicos, déficit público o crecimiento económico puede paralizar decisiones de inversión, erosionar la confianza en instituciones y afectar la estabilidad financiera. No hace falta demostrar que algo es falso, basta con insinuar que quizá no sea tan cierto. En ese terreno ambiguo prosperan las manipulaciones y se distorsionan señales de mercado.

Por eso es tan importante recordar que el debate de las ideas no es un espectáculo ni una competición de ocurrencias. Su función debería ser ayudar a la sociedad a entender mejor los problemas y, en la medida de lo posible, a resolverlos. Cuando se convierte en un escenario en el que la verdad y la mentira compiten en igualdad de condiciones, el resultado no es más pluralismo, sino más confusión y riesgos económicos añadidos. Señalar que alguien manipula los hechos tiene un coste social evidente y, en el ámbito económico, un coste real, decisiones de inversión equivocadas, políticas públicas mal diseñadas o pérdida de confianza en instituciones regulatorias.

Y el tono no cambia la realidad. Una afirmación falsa sobre mercados financieros, inflación o políticas públicas no se vuelve cierta por expresarse con educación, ni una evidencia pierde valor porque alguien la exponga con firmeza. Sin embargo, en muchos entornos se ha instalado la idea de que la cordialidad exige mirar hacia otro lado cuando alguien tergiversa. Y ahí es donde empieza el deterioro del debate. Cuando la mentira no tiene coste reputacional, se convierte en una herramienta rentable. Si tergiversar datos, inventar cifras o manipular contextos económicos no tiene consecuencias, ¿por qué no hacerlo? Construir una mentira puede llevar segundos, pero desmontarla requiere análisis, verificación y tiempo. Y aun así, muchas personas recordarán la primera versión, distorsionando expectativas económicas y decisiones de mercado.

Aclaremos que no se trata de cerrar debates, sino de establecer un mínimo estándar de honestidad intelectual. Quien participa en una conversación debería aceptar una regla básica, los hechos importan, y en economía importan más que nunca. Puede parecer una exigencia obvia, pero cada vez lo es menos. En un ecosistema informativo saturado y digitalizado, donde las redes sociales premian la velocidad y la polarización, la tentación de simplificar o manipular información económica es enorme. Los matices no generan tantos clics como las afirmaciones contundentes, aunque sean falsas. En ese contexto, la responsabilidad de quienes gestionan espacios de debate se vuelve aún mayor. Elegir a quien se le da voz es una decisión con consecuencias económicas reales.

No significa excluir a quien piensa distinto. El desacuerdo honesto es esencial para cualquier sociedad democrática y para la buena toma de decisiones económicas. Las discrepancias bien fundamentadas enriquecen el análisis y obligan a revisar certezas. Pero disentir no es falsear. Quizá por eso, en ocasiones, la actitud más responsable consiste precisamente en no ofrecer altavoz a quien ha demostrado reiteradamente que no respeta los hechos, no por castigo, sino por higiene intelectual. Del mismo modo que una conversación seria exige que los interlocutores compartan un compromiso mínimo con la realidad, defender ese principio es fundamental para preservar mercados, instituciones y políticas públicas confiables.

Habrá quien lo interprete como elitismo, quien lo vea como intolerancia o quien simplemente prefiera el entretenimiento de debates estridentes. Pero si el objetivo es preservar un espacio donde la verdad tenga algún valor, tanto social como económico, quizá sea un precio asumible. Al fin y al cabo, intentar que el intercambio de opiniones se base en hechos y no en manipulaciones probablemente no sirva para hacer muchos amigos, pero sí para formar ciudadanos informados y tomar decisiones económicas sensatas a través de la formación e información, pese a quien le pese.