Opinión | Editorial
8-M en Canarias: avances y retos

Mujeres estibadoras en el puerto de Las Palmas
El Día Internacional de la Mujer invita cada año a la sociedad a detenerse y reflexionar sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo: la igualdad real entre mujeres y hombres. El 8-M no debe ser una conmemoración simbólica. Es un recordatorio de que la igualdad es un proceso histórico en construcción, con avances evidentes, pero también con resistencias y con una violencia machista que sigue cobrando vidas.
España ha recorrido un largo camino en las últimas décadas. Sin embargo, los avances no pueden ocultar la magnitud del problema. Desde que existen registros oficiales en 2003, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas en España, 114 de ellas en Canarias, por sus parejas o exparejas. Solo en 2025 fueron 46 mujeres y tres menores, la cifra más baja desde el inicio del recuento, pero todavía dramática. La reducción de los asesinatos refleja una mayor conciencia social y mejores mecanismos de protección. Pero también revela que la violencia machista es un fenómeno complejo que no desaparece únicamente con leyes o estadísticas favorables.
El Archipiélago comparte con el conjunto del país los avances y los desafíos. Según los datos del sistema policial VioGén, 2025 terminó con 6.634 casos activos de violencia machista, 791 de ellos de especial riesgo, lo que da una idea de la dimensión del problema y del número de mujeres que lo padecen. Ese mismo año se registraron dos asesinatos machistas, de los 46 que padeció España. A estos datos se suman miles de alertas y llamadas de emergencia. El servicio telefónico de atención a víctimas gestionado por el Instituto Canario de Igualdad recibió en 2025 un volumen especialmente alto de avisos durante el verano: solo en agosto se atendieron 1.836 llamadas, muchas consideradas situaciones de riesgo inminente.
Son datos que confirman una realidad incómoda: la violencia machista sigue presente en la vida cotidiana y muchas veces permanece oculta hasta que estalla en su forma más extrema. El inicio de 2026 lo ha recordado con crudeza. En enero fue confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 43 años en Las Palmas. Poco después, otro episodio estremeció al Archipiélago: en Arona un hombre asesinó a su hijo de diez años e hirió gravemente a su pareja en un caso de violencia vicaria que conmocionó a la sociedad canaria. A comienzos de febrero se produjo el asesinato de una mujer de 78 años en el sur de Tenerife. Canarias ya ha igualado la cifra de asesinatos de 2025. La violencia machista adopta múltiples formas: feminicidios, agresiones graves o violencia vicaria, la que utiliza a los hijos como instrumento de daño.
La experiencia demuestra que la violencia machista no se combate únicamente con castigo penal. La prevención, la educación y la detección temprana son herramientas decisivas. Las instituciones canarias han reforzado en los últimos años programas de formación en centros educativos, campañas de sensibilización y protocolos sanitarios para identificar situaciones de riesgo. Pero los propios responsables públicos reconocen que aún existen fallos en la detección temprana, especialmente cuando no hay denuncias previas. El papel de la sociedad resulta clave. Vecinos, familiares, profesionales de la educación o de la sanidad pueden ser la primera línea de alerta ante situaciones de violencia.
El 8 de marzo no es únicamente una jornada de reivindicación. Es también un ejercicio de memoria y de responsabilidad colectiva. Memoria para recordar a las mujeres que han perdido la vida por la violencia machista. Responsabilidad para reconocer que los avances logrados en igualdad no son irreversibles y que requieren un compromiso permanente. España y Canarias han avanzado de manera significativa en derechos y en conciencia social. Hoy existe mayor sensibilidad frente a comportamientos que durante décadas fueron invisibilizados o tolerados. Pero cada asesinato demuestra que queda camino por recorrer. El verdadero significado del 8-M no está solo en las manifestaciones o en los actos institucionales. Está en la convicción de que la igualdad es un principio democrático irrenunciable.
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