Canarias normaliza la exclusión

Tener trabajo ya no garantiza estar a salvo. Esa es, quizás, la conclusión más inquietante del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias elaborado por la Fundación Foessa en colaboración con Cáritas Diocesanas. En un contexto de recuperación macroeconómica y mejora de los indicadores de ocupación, el 25,5% de la población isleña -más de 560.000 personas- vive en situación de exclusión social. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de una fractura estructural.

Los datos de empleo podrían invitar al optimismo: desde 2018 la población ocupada ha crecido con fuerza y el desempleo ha descendido. Sin embargo, como advierte el sociólogo Thomas Frederic Ubrich, responsable del informe, «no fallan las personas, falla el sistema». El empleo creado no siempre protege. Persisten bolsas de paro elevadas -con un 8% de hogares donde todas las personas activas están desempleadas- y se extiende la jornada parcial indeseada, contratos intermitentes y salarios que no alcanzan para sostener un proyecto de vida autónomo.

El fenómeno del trabajador pobre ya no es excepcional. Es estructural. Cuando el salario medio en Canarias continúa por debajo de la media estatal y la inflación y la presión fiscal erosionan cualquier mejora, la nómina deja de ser un escudo frente a la vulnerabilidad. Se consolida así un ‘suelo frágil’: una amplia franja social que vive en equilibrio inestable y puede caer en la exclusión ante cualquier imprevisto. Casi la mitad de la ciudadanía (48,9%) no podría afrontar un gasto inesperado sin entrar en dificultades.

Pero si el empleo ya no garantiza estabilidad, la vivienda se ha convertido en la principal causa de expulsión social. El precio de compra y alquiler ha aumentado un 37,8% desde 2018, muy por encima del promedio estatal. Más de 515.000 personas residen en condiciones de vivienda insegura o inadecuada; 122.000 hogares soportan un sobreesfuerzo económico que los conduce a la pobreza severa. La vivienda, derecho constitucional, se percibe como un ‘derecho fake’, vacío de contenido real.

A esta presión económica se suma la insuficiencia de los mecanismos de garantía de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital alcanza solo a un tercio de sus potenciales beneficiarios en Canarias, muy por debajo de la media estatal. El problema del non-take up -personas que cumplen los requisitos, pero no acceden por desconocimiento o trabas administrativas- revela un fallo sistémico: la prestación existe, pero no llega.

La exclusión, además, es multidimensional. Más de 186.000 hogares renuncian a medicamentos o tratamientos por falta de recursos; un tercio de la población no puede costear atención odontológica y uno de cada cinco prescinde de gafas o audífonos necesarios. Cuando enfermar implica empobrecerse, el derecho a la salud se debilita.

La cohesión social también se resiente. Más de 114.000 personas sufren aislamiento. Dos de cada diez hogares reconocen un deterioro de sus vínculos cercanos. En contextos de exclusión, la ausencia de redes de apoyo duplica la media. A ello se añade un aumento de la discriminación hacia personas extranjeras, que sufren mayores tasas de exclusión no por su origen, sino por las barreras estructurales de integración.

Desde la acción parroquial, la Iglesia advierte de un espejo incómodo: hemos normalizado la vulnerabilidad. Solo el 33,3% de la población canaria disfruta de integración plena, frente al 45% estatal. La integración precaria alcanza ya al 41,1%. Es decir, la mayoría social vive en la antesala del riesgo. Ante este escenario, la respuesta no puede limitarse a celebrar cifras macroeconómicas. Se requiere una estrategia institucional coherente que articule política de vivienda -incremento de parque público, regulación eficaz del alquiler tensionado-, mejora de salarios reales, diversificación productiva y simplificación administrativa para garantizar el acceso a las prestaciones.

El empleo debe volver a ser un mecanismo de inclusión, no una estadística. La vivienda ha de recuperar su condición de derecho efectivo. Y las políticas públicas deben asumir que la exclusión no es un fracaso individual, sino una responsabilidad colectiva. Cuando trabajar no basta y vivir dignamente se convierte en una carrera de obstáculos, la cuestión ya no es económica: es democrática.