La formalización de la desigualdad

Para que se cumpla con su finalidad, el análisis de los sistemas de financiación territorial debe abordarse desde una perspectiva estructural y no meramente contable. La asignación de recursos entre niveles de gobierno determina la capacidad efectiva para prestar servicios públicos, sostener la inversión productiva y garantizar la cohesión social. En un Estado descentralizado como España, donde las comunidades autónomas concentran competencias clave en sanidad, educación y servicios sociales, el diseño del modelo de financiación condiciona directamente el bienestar relativo de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la competitividad de los territorios.

El marco vigente se articula jurídicamente en torno a la Ley 22/2009, que combina cesión parcial de tributos, recaudación normativa y un conjunto de fondos de nivelación destinados a corregir diferencias de capacidad fiscal. Este esquema persigue tres objetivos clásicos del federalismo fiscal: suficiencia financiera para cubrir competencias transferidas, solidaridad interterritorial para evitar brechas excesivas de renta y corresponsabilidad para incentivar una gestión eficiente de los ingresos propios. Sin embargo, la experiencia acumulada tras más de una década de funcionamiento demuestra que la complejidad técnica del sistema, la rigidez del año base y la superposición de fondos generan opacidad, incentivos distorsionados y resultados que no siempre reflejan las necesidades reales de gasto.

Desde la óptica de la economía regional, uno de los elementos metodológicos más relevantes es el uso de la población ajustada como variable de reparto. Este indicador introduce ponderaciones demográficas, de envejecimiento, dispersión territorial o superficie, con el fin de aproximar el coste efectivo de prestar servicios. No obstante, cuando dichas ponderaciones se actualizan con escasa frecuencia o no capturan adecuadamente factores estructurales, el sistema tiende a infraestimar los costes de determinados territorios y a consolidar desequilibrios persistentes. La consecuencia es una financiación nominalmente equitativa, pero materialmente insuficiente.

El caso de Canarias ilustra con claridad estas limitaciones. Su condición insular, ultraperiférica y fragmentada incrementa de forma permanente los costes logísticos, energéticos y administrativos. Mantener redes sanitarias y educativas duplicadas, garantizar transporte interinsular, asegurar el suministro energético o gestionar servicios públicos en islas de pequeña escala encarece cada euro de gasto público. Además, la lejanía respecto al continente reduce economías de escala, dificulta la competencia empresarial y eleva la vulnerabilidad ante shocks externos, especialmente en sectores como el turismo o la energía. Estos sobrecostes no son coyunturales, sino estructurales, por lo que requieren mecanismos automáticos y estables de compensación y no soluciones discrecionales o temporales.

Aquí adquiere relevancia el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que dota al Archipiélago de instrumentos tributarios propios, como el IGIC o determinados arbitrios sobre importaciones, cuyos rendimientos se sitúan al margen del sistema común. Esta arquitectura constituye una fortaleza institucional, ya que proporciona ingresos adicionales y cierto margen de política fiscal diferenciada. Permite, por ejemplo, mantener tipos indirectos reducidos que compensen el sobrecoste de la cesta de consumo y, al mismo tiempo, generar recursos para cabildos y ayuntamientos. Sin embargo, la coexistencia entre el régimen especial y el modelo general también introduce complejidad administrativa y dependencia de transferencias estatales, limitando la autonomía financiera efectiva y dificultando la planificación presupuestaria a largo plazo.

Desde un punto de vista comparado, Canarias aparece relativamente bien posicionada en financiación por habitante ajustado. No obstante, este dato puede resultar engañoso si no se contrasta con el mayor coste unitario de los servicios. Recibir cifras similares a regiones peninsulares con mejor accesibilidad y mayor renta per cápita no garantiza equivalencia real de prestaciones. La igualdad formal en recursos puede traducirse en desigualdad material en resultados, alcanzando una denominada equidad aparente, donde las magnitudes homogéneas encubren necesidades heterogéneas.

Otro elemento crítico es la elevada dependencia de transferencias verticales del Estado. Una parte sustancial de los recursos canarios procede de fondos de garantía, suficiencia o competitividad, cuya cuantía está sujeta a decisiones presupuestarias centrales y a la evolución de la recaudación estatal. Esta dependencia reduce la previsibilidad financiera y limita la capacidad de diseñar políticas contracíclicas propias. En contextos de desaceleración económica, cuando más necesario sería el gasto público para sostener la actividad, la comunidad puede verse condicionada por restricciones externas.

Paralelamente, el debate sobre modelos de financiación singularizados, como el propuesto para Cataluña, introduce nuevas tensiones sistémicas. Una mayor autonomía recaudatoria para territorios con elevada capacidad fiscal puede reducir el volumen de recursos disponibles para la nivelación horizontal y desplazar la carga redistributiva hacia el Estado. Si no se compensa con mayor aportación presupuestaria central, las regiones con menor capacidad podrían ver erosionada su suficiencia financiera. Desde la teoría del federalismo fiscal, ello implica un riesgo de fragmentación, competencia a la baja en tipos impositivos y debilitamiento del principio de solidaridad interterritorial.

En este escenario, la estrategia de Canarias debe combinar realismo institucional y ambición reformista. Primero, resulta imprescindible reforzar el reconocimiento explícito de los costes de ultraperiferia mediante fórmulas objetivas, transparentes e indexadas a indicadores verificables -como costes logísticos, dispersión efectiva o dependencia energética-, evitando negociaciones ad hoc que generen incertidumbre. Segundo, conviene consolidar el REF como complemento estable, no como sustituto de la financiación ordinaria, garantizando que sus ingresos no se utilicen para justificar menores transferencias del sistema común. Tercero, es necesario avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal y calidad del gasto, priorizando inversiones con impacto en productividad, digitalización, diversificación sectorial y capital humano.

La financiación, en última instancia, debe concebirse como palanca de desarrollo y no como simple compensación. Recursos adicionales que no se orienten a transformar la estructura productiva corren el riesgo de perpetuar dependencias. Por ello, la política presupuestaria regional debe alinearse con estrategias de largo plazo. Solo así los mecanismos redistributivos cumplirán su función última, que es facilitar la convergencia real y no solo contable.

De todo esto debemos quedarnos con que la financiación autonómica no debe ser un juego de suma cero entre territorios, sino una herramienta de política económica para maximizar el desarrollo agregado. Un diseño eficiente debe equilibrar autonomía, solidaridad, transparencia y responsabilidad fiscal. Cuando estos principios se aplican con rigor técnico y visión estratégica, territorios con singularidades estructurales como Canarias pueden transformar sus desventajas geográficas en ventajas competitivas. Cuando solo se aplica la visión política, no. La clave reside en pasar de una lógica reactiva, centrada en compensar déficits, a una lógica proactiva, orientada a generar crecimiento sostenible, resiliencia macroeconómica y bienestar duradero para la ciudadanía, porque los modelos de financiación que ignoran la realidad perpetúan la desigualdad, mientras que los que la reconocen, construyen futuro.

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