Lealtad indebida

El Parlamento de Canarias aprobó ayer el ‘decreto Canarias’. No fue por unanimidad, pero tampoco por accidente: ocurrió lo que se esperaba. Votaron a favor los grupos que sostienen al Gobierno; Vox y Nueva Canarias dijeron que no, y el PSOE optó por la vergonzante gimnasia de la abstención: ni sí ni no, sino todo lo contrario.

La resolución es meridianamente clara: el Gobierno autonómico tendrá que defender y negociar ante el Estado la aprobación urgente de un Real Decreto que haga efectivas en Canarias las medidas recogidas en un documento que no recoge deseos etéreos ni literatura identitaria. Habla de cohesión social, igualdad de oportunidades y desarrollo económico. Es decir: de lo que se supone que debe garantizar el Estado en un territorio ultraperiférico y con problemas de desarrollo.

La crítica de la oposición ha sido más bien estética. No voy siquiera a referirme a Vox, lo suyo es holliganismo intelectual, no juegan en la liga de la razón, sino del daño. Su urticaria ante cualquier forma de autonomía les convierte en un inútil accidente en la política isleña. En cuanto a su ocasional compañero de viaje, Luis Campos, tuvo Su Señoría que hilar muy fino para explicar una oposición al decreto que ya ni el PSOE canario se atreve a mantener: reconoció que la idea original –que el Gobierno Sánchez apruebe un decreto estatal específico para Canarias– era «inteligente y adecuada». Pero parece ser que luego Fernando Clavijo convirtió la propuesta de decreto canario en el «decreto Clavijo», una «carta a los Reyes Magos» y un instrumento para confrontar con Sánchez. Vale como idea, pero no se sostiene mucho: la carta al Rey Sánchez ya venía firmada por él, fue él quien retorció el argumentario.

Según la verificación realizada por la Cadena SER, 40 de las 49 medidas incluidas tienen anclaje previo en compromisos ya adquiridos por el Gobierno sanchista: la Agenda Canaria pactada para lograr el voto de Cristina Valido en la investidura, los últimos Presupuestos aprobados hace tres años o el propio Estatuto reconocen esas peticiones. Lo que se plantea en el decreto que Clavijo se ofreció en presentárselos en un único texto a Sánchez para evitar más demoras no son delirios tropicales ni caprichos sobrevenidos de última hora. Estamos hablando, en un ochenta por ciento del decreto, de obligaciones ya asumidas por el Estado.

Por eso conviene recordar algunas cuestiones de primero de bachiller: el REF no es una concesión graciable, sino un derecho económico y fiscal recogido en el Estatuto y amparado por la Constitución y por la normativa europea. El REF no supone un conjunto de subvenciones coyunturales, es más bien un instrumento que compensa las desventajas estructurales fruto de la lejanía, la fragmentación y la insularidad. El Estatuto de 2018 no fue una novela de terror que Canarias le escribió al Ministerio de Hacienda. Fue un pacto institucional que amplió derechos, blindó el REF y reforzó el reconocimiento singular de Canarias. La Agenda Canaria, firmada para facilitar la gobernabilidad del país, tampoco es una quiniela en una servilleta de bar. Es un compromiso político explícito, adquirido por el Gobierno para que Sánchez contara con un voto más, y que Sánchez y su leal ministro Torres –un hombre que siempre pondrá la lealtad a César por encima de la lealtad a su tierra– han decidido ahora convertir en papel mojado.

Cuando se dice que este decreto es una exageración o una lista de deseos, la pregunta que hay que hacerse es qué partes exactamente resultan excesivas. ¿Las que ya estaban recogida en el Estatuto? ¿Las que fueron votadas e incorporadas a los Presupuestos? ¿Las que forman parte del acuerdo de investidura? Si pedir el cumplimiento de lo firmado es confrontar, entonces el problema no es de ninguna manera el enfado del Gobierno de Canarias, sino el nulo valor de la palabra del PSOE y de su jefe, el desprecio absoluto de este Gobierno a sus compromisos con Canarias. Es triste que sea un ministro canario quien se apresure a defender que su Gobierno desprecie a Canarias y se arrodille y boquee frente a la más mínima exigencia de catalanes y vascos.

No creo que haya un solo diputado con sangre en las venas al que esto le parezca bien. Pero es lo que hay: Franquis argumentó que hay 28 artículos que no tienen nada que ver con la agenda canaria y advirtió contra «la confusión entre visibilidad mediática y eficacia política». No sé qué es lo que quiere decir esa frase, pero a él debió parecerle redonda. La cuestión es que Canarias acumula ya demasiados compromisos en espera permanente de cumplimiento.

La equidistancia o neutralidad del PSOE canario cuando se trata de defender los intereses de Canarias resulta bastante mezquina. Este no es un debate ideológico sino estructural, y cuando se trata de financiación, de inversiones pendientes, de cumplimiento estatutario, mantenerse en tierra de nadie puede interpretarse como lo que es: priorizar la bronca antes que la defensa explícita de una posición común de las islas. Más temprano que tarde, esta cobarde equidistancia les pasará factura.

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