Opinión | Editorial
Tasas aéreas contra Canarias

Archivo - El presidente de AENA, Maurici Lucena Betriu, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Parece que Canarias recibe una lluvia de millones de Aena para modernizar sus aeropuertos, pero esa expresión esconde en realidad un duro golpe que puede dañar directamente a su principal motor económico: el turismo. La red aeroportuaria española contará entre 2027 y 2031 con un plan de inversiones de 13.000 millones de euros, de los que aproximadamente mil millones irán a los aeródromos canarios. Aunque no de igual manera a todos. En apariencia, una buena noticia para instalaciones históricamente olvidadas y con carencias evidentes, como los aeropuertos de Tenerife o Lanzarote, aunque mucho menor será el esfuerzo en Gran Canaria y el resto de islas. Remodelaciones y ampliaciones de terminales, reclamadas por el Gobierno de Canarias y por el sector turístico, se presentan como un alivio esperado durante años.
Pero esta inversión viene con un precio que los canarios difícilmente pueden asumir. Aena, y quienes se lo permiten, ha anunciado un incremento de las tasas aeroportuarias que alcanzará el 20% en cinco años, sumándose a la subida ya aprobada para este 2026. En términos concretos, la tarifa por pasajero pasará de 10,52 euros en 2026 a 12,69 euros en 2031. Para los residentes, que dependen del avión como única conexión efectiva entre las Islas y el continente, esta subida no es un detalle menor; para los turistas, puede ser un factor disuasorio en un mercado cada vez más competitivo, donde destinos rivales luchan por atraer visitantes a precios más atractivos.
La contradicción de Aena es evidente: mientras anuncia un ambicioso plan inversor, impone un golpe directo a quienes usan sus aeropuertos. El ente asegura que la subida no pone en riesgo el turismo y que su impacto sobre el precio del billete va a ser mínimo. Sin embargo, la realidad es otra. La subida, por pequeña que parezca, puede afectar tanto a la competitividad del destino como al bolsillo de los canarios que viajan, y que no siempre lo hacen por placer.
No sorprende que tanto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo como la Asociación Española de Líneas Aéreas y el conjunto de las organizaciones empresariales canarias hayan rechazado el incremento. Estas voces apuntan a un principio elemental: invertir en infraestructura no debe ser sinónimo de penalizar a quienes dependen de ella.
Canarias es una de las regiones más sensibles a los efectos de estas subidas. El Gobierno autonómico ha solicitado de manera insistente que sus ocho aeropuertos queden fuera del incremento tarifario. Peticiones que han sido ignoradas. La cogestión aeroportuaria, prevista en el Estatuto de Autonomía, aparece aquí como única vía para que la región tenga voz y voto en decisiones que impactan sobre su economía y su movilidad. Porque no se trata solo de turistas: los canarios necesitan aeropuertos eficientes, modernos y asequibles para desplazarse dentro del Archipiélago y hacia el exterior.
La realidad es clara: Aena da a la región una de azúcar y otra de sal. La inversión prometida es necesaria, pero insuficiente si se convierte en un instrumento para justificar subidas de tarifas que ponen en riesgo la competitividad de Canarias como destino turístico. La cogestión no es un capricho administrativo, sino un mecanismo para que el Archipiélago pueda proteger su infraestructura y su economía, evitando que decisiones centralizadas perjudiquen a quienes dependen de ellas día a día.
Si Canarias quiere seguir siendo un destino turístico líder y garantizar la movilidad de sus ciudadanos, debe tener un papel activo en la gestión de sus aeropuertos. No se trata de rechazar la inversión, sino de exigir que esta no venga a costa de tasas desproporcionadas. La sostenibilidad del turismo, la competitividad frente a otros destinos y la vida cotidiana de los canarios están en juego. Aena tiene la oportunidad de demostrar que su plan de inversiones no es un gesto aislado, sino un compromiso real con las regiones a las que sirve. Máxime en una comunidad autónoma que le proporciona pingües beneficios. Canarias espera más que cifras; exige decisiones que respeten su economía, su movilidad y su futuro.
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