El problema del absentismo

La sincronizada progresista ya no tiene tiempo de asimilar todos los argumentarios. Hay tantos frentes que muchas sale de los atolladeros con el cambio automático. Hasta ayer mismo, por ejemplo, hablar del absentismo laboral tenía el riesgo de ser acusado de negacionista. Como en lo del cambio climático. Y desencadenaba una oleada de reproches y cancelaciones. ¿Es que los trabajadores no se pueden poner enfermos?

Obviamente sí que pueden. Y hablar del aumento de bajas no significa necesariamente pronunciarte contra la clase trabajadora ni aplaudir con las orejas a las patronales. Porque es que las bajas se han disparado en los últimos años, en número y en duración, hasta el punto de que se han activado las alarmas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que pagó el año pasado 16.500 millones por costes de bajas laborales. Hay una luz de alerta en el panel de mando y no basta, como hace la sincronizada, con decir que la gente «tiene derecho» a enfermarse. Para empezar porque enfermar no es un derecho, sino una putada.

El dato del absentismo es tan preocupante que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha instado a tomar medidas. Considera que hay una pésima gestión y también fraude. Las bajas por contingencias comunes se han duplicado desde el año 2017 mientras que las profesionales permanecen congeladas en las 700.000 al año. Según la AIReF las bajas aumentan conforme el empleado está más protegido. Los trabajadores que apenas se cogían la baja cuando eran temporales, aumentaron su uso cuando pasaron a ser indefinidos. La seguridad en el puesto enferma más.

El INSS propone hacer un seguimiento prioritario a los trabajadores que estén en incapacidad temporal de forma reiterada, a los médicos que hagan diagnósticos con «desviaciones sistemáticas respecto de los tiempos óptimos» y procesos que «superen umbrales predefinidos de duración». O sea, que se acabó la barra libre.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha anunciado la puesta en marcha de manera «inminente» de un observatorio estatal de la incapacidad temporal (IT) para monitorizar, «con carácter permanente y guiado por criterios científicos», la situación de la incapacidad temporal, con la idea de involucrar también a las comunidades autónomas, responsables de la gestión de los Servicios Públicos de Salud y de las listas de espera. 

Y cuando aún no habíamos terminado de sorprendernos, Salvador Illa, presidente socialista de Cataluña, ha tomado la muy capitalista decisión de utilizar la zanahoria; o sea, los incentivos. Premiará en los presupuestos con un plus económico a los centros de salud que recuperen en menor tiempo a los trabajadores con bajas, que en Cataluña se han disparado por multitud de casos de salud mental.

Ya no se trata del ataque de los neoliberales a los sufridos obreros. Ahora es un problema de listas de espera, de tratamientos sanitarios que se alargan y de inepsia de los servicios públicos. Bien. Hay una izquierda socialista que sigue pensando por encima de argumentarios trasnochados que no se desplomaron con el muro de Berlín. Lástima que solo sea posible encontrarla en Cataluña.

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