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Opinión | El recorte

No somos excepcionales

Las Islas deben plantearse cuanto antes qué servicios públicos pueden mantener con sus propios recursos. Y cuánta riqueza pueden generar y atraer

Sesión de control al presidente Fernando Clavijo y el resto de miembros del Gobierno.

Sesión de control al presidente Fernando Clavijo y el resto de miembros del Gobierno. / Andrés Gutiérrez

En Teruel (135 mil habitantes), Soria (90 mil) y Cuenca (200 mil), existen reducciones en las cotizaciones empresariales y una cuota muy reducida para autónomos en virtud de una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del año 2022. Son reducciones fiscales especiales que afectan a más de cuatrocientos mil ciudadanos. En Ceuta (84 mil habitantes) y Melilla (87 mil) existe una deducción del 60 % en la cuota íntegra del IRPF para las rentas obtenidas en dichos territorios, incluidas las rentas del trabajo y las actividades económicas.

Cuando se dice que Canarias no puede aspirar a un tratamiento fiscal singular en las cotizaciones empresariales o en las rentas del trabajo se está ignorando que no se trata de una petición excepcional. Ya se aplica en otras partes. En unos casos por razones de despoblamiento y como estímulo económico. En otros, como compensación al hecho extra peninsular. ¿No tiene sentido que en un territorio ultraperiférico, fragmentado y afectado por los sobrecostos de la lejanía, se tomen medidas que favorezcan notablemente la vida de los residentes?

La respuesta, obviamente, es que sí. Pero, habitualmente, el partido que gobierna en España –en estos tiempos el PSOE en un alambicado pacto– tiene una servicial delegación en las Islas que actúa con previa hostilidad ante cualquier petición. Es el síndrome del medianero, que defiende la finca del dueño como si fuera realmente suya.

Lo estamos viendo con el Decreto Canarias. Ese texto que intenta cristalizar un paquete de medidas excepcionales para favorecer a esta tierra. Ha faltado tiempo para que un ministro canario, haciendo de peninsulero, haya empezado una campaña echando tinta de calamar. Dice que lo que contiene ese decreto no está en la Agenda Canaria que se pactó en la investidura de Sánchez. Es verdad. ¿Pero no sería mejor que eso lo argumentaran en Moncloa en el marco de unas conversaciones bilaterales como las que suelen tener con Cataluña? ¿Por qué los socialistas canarios tienen que hacer de correveidiles peninsulares? Pero es que, además, la cuestión no es lo que se pactara ayer, sino lo que se puede pactar hoy. Muchas de las cesiones realizadas al País Vasco y Cataluña han surgido en el devenir de los años. Y ningún socialista, vasco o catalán, ha servido de dique contra las aspiraciones de su propia tierra.

Una de las mayores desvergüenzas de este país llamado España consiste en escuchar a algún político engolado hablando de igualdad. Porque es una trola como la catedral de Burgos. No existe una imposible igualdad entre ciudadanos. Especialmente, porque el sistema no se diseñó para que seamos iguales. El País Vasco y Navarra disfrutan de un régimen foral que conduce a un privilegio financiero que todos los años va en aumento.

En enero de este año, Pedro Sánchez y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, firmaron la cogestión de los aeropuertos vascos: eso que el director general de AENA, Maurici Lucena, le dice a los canarios que no se puede hacer. Pero es que además pactaron el cupo vasco, que es la cantidad que aporta esa comunidad a los gastos generales del Estado, ya que la recaudación de casi todos los impuestos es exclusivamente autonómica.

El País Vasco y Navarra son los territorios más ricos. Tienen una financiación superior a los 6.600 euros por habitante, casi el doble que la media de las quince comunidades de régimen común. Pero lo asombroso es que el actual cupo supone una aportación que apenas llega al entorno de los 1.500 millones de euros, cuando expertos fiscalistas señalan que debería superar los 8.700 millones. No es extraño que Cataluña que está hasta el moño de poner dinero para la solidaridad interterritorial, haya dicho «hasta aquí hemos llegado: lo mío es mío, como hacen los vascos».

El error del Decreto Canarias no es lo que pide. Es que pide. El signo de los tiempos es que los territorios ricos se irán y los pobres se quedarán solos. Las Islas deben plantearse cuanto antes qué servicios públicos pueden mantener con sus propios recursos. Y cuánta riqueza pueden generar y atraer. Pero entretanto, que cualquier canario, de cualquier partido, se oponga a que se nos trate mejor, es como para llamarlo godo. Que es el peor insulto que se me puede ocurrir.

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