Política sin empatía: prometer no es cumplir

El ministro Torres ha asegurado que el Estado ha cumplido «al cien por cien» con La Palma. Lo dijo sin titubeos, durante una visita institucional, rodeado de alcaldes y con la solemnidad que exige el paisaje aún herido del Valle de Aridane. Cumplimiento total. Cien por cien. Ni una coma pendiente.

Es probable que para el ministro cumplir signifique aprobar un decreto. Pero para miles de palmeros que llevan cuatro años esperando soluciones, cumplir significa ejecutar. Y ejecutar en tiempo y forma. Cumplir no es exactamente lo mismo para el ministro y los vecinos afectados por la erupción de Cumbre Vieja.

El Estado ha tardado hasta cuatro años -desde que el Tajogaite mostró su mal genio- para aprobar un decreto que permite devolver parte del dinero adelantado por el resto de las instituciones y que garantiza la continuidad del descuento del IRPF en 2025. Cuatro años para cerrar jurídicamente compromisos que se anunciaron en aquel festival televisivo de entonces, cuando salía lava del cráter. Cuatro años en los que cabildos y ayuntamientos adelantaron fondos, en los que familias reconstruyeron su vida con incertidumbre fiscal, en los que la burocracia avanzó al ritmo de una administración que no siente la urgencia porque no vive sobre la colada.

¿Es compatible esta demora de cuatro años con el cumplimiento ci al cien por cien que nos asegura Torres? Yo creo que no: si la justicia tarda cinco años en dictar sentencia, podrá decir que ha dictado sentencia. Pero nadie afirmará que se ha hecho justicia en tiempo razonable. El derecho sin plazo es una forma sofisticada de incumplimiento. Y la ayuda sin calendario es una promesa diferida.

El ministro se apoya en sus cifras. Fondos para enseres, para daños estructurales, para comunidades de propietarios. Seis millones para Puerto Naos y La Bombilla. Sensores de gases. Centro Nacional de Vulcanología. Mete en la cuenta hasta la oferta del nuevo telescopio, como si mirar las estrellas pudiera sacar las coladas del cuarto de estar de tu vivienda. Cuando Torres asegura que el Estado ha cumplido «al cien por cien», en realidad está hablando en términos administrativos. En términos humanos, ese porcentaje es muy discutible. Cuando gestiona un desastre, la política requiere empatía: no puede limitarse a la contabilidad. La reconstrucción no se mide sólo en partidas presupuestarias; se mide en certezas recuperadas. Y en La Palma aún hay demasiadas incertidumbres abiertas.

En septiembre pasado el propio Gobierno admitía que aún no se había abonado el valor de 20 primeras viviendas por problemas de documentación: herencias, discrepancias en tasaciones, expedientes incompletos. El dinero está consignado, decía el Ejecutivo. Se abonará cuando la burocracia se ponga a tono. Pero quien perdió su casa no debería esperar cuatro años a que los expedientes se tramiten. Un ciudadano que se quedó sin vivienda en una noche de lava y ceniza de septiembre de 2021 no tiene por qué aceptar ni comprender esta espera. El tiempo vital transcurre a una velocidad muy distinta al tiempo administrativo.

En fin. El ministro Torres afirma que el Estado ha contribuido con lo pactado en el convenio en vigor y que los cien millones adicionales que reclama el Cabildo no forman parte de ese compromiso. Eso puede ser jurídicamente impecable, pero parece de letra pequeña. Suena a interpretación restrictiva de la tragedia cotidiana de miles de palmeros.

El argumento de Torres, «hemos cumplido lo firmado», es un argumento más propio de abogado de empresa que de gestor público en una catástrofe. En situaciones excepcionales, el cumplimiento formal rara vez coincide con la percepción social de justicia. Además, el ministro desliza una apelación a la «lealtad política» para remar todos en la misma dirección. Es una curiosa formulación. La lealtad política no consiste en aplaudir decretos tardíos ni en aceptar que la reconstrucción se mida en ruedas de prensa. La lealtad empieza por reconocer que la recuperación de La Palma ha sido más lenta de lo prometido, más compleja de lo previsto y más desigual de lo deseable.

Quizá el problema sea conceptual. Para la Administración central, cumplir es ejecutar el convenio en vigor. Para los palmeros, cumplir era responder con rapidez proporcional a la magnitud del desastre. No cuatro años después. No tras múltiples prórrogas y ajustes normativos. Cumplir no es anunciar que se va a cumplir. Cumplir no es consignar partidas. Cumplir no es aprobar cuatro años después en Consejo de Ministros lo que debió estar resuelto hace años. Cumplir es que el agricultor pueda volver a explotar su finca sin limitaciones absurdas en las zonas rojas. Cumplir es que quien perdió su vivienda tenga una solución definitiva sin tener que convertirse en experto en derecho sucesorio. Cumplir es que las infraestructuras no se eternicen en informes cruzados.

Porque hay una diferencia sustancial entre cerrar un expediente y cerrar una herida. Torres debería saberlo. Pero parece haberlo olvidado.

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