La otra cara de la moneda

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística constituye, desde la óptica del análisis económico regional, una herramienta esencial para comprender la situación real de los hogares más allá de las magnitudes macroeconómicas convencionales. A diferencia de los indicadores de producción o empleo agregado, esta operación estadística permite aproximarse a la vida cotidiana de las familias, a su capacidad efectiva de consumo, a la estabilidad de sus ingresos y a la presencia de privaciones materiales que condicionan la inclusión social. Cuando se traslada esta mirada al ámbito de Canarias, el diagnóstico que emerge es el de una economía que, pese a mostrar dinamismo en términos de actividad y crecimiento sectorial, mantiene fragilidades persistentes en la distribución del bienestar.

El Archipiélago arrastra históricamente una mayor exposición al riesgo de pobreza y exclusión social que el promedio estatal. La evidencia que ofrece la encuesta confirma que una proporción significativa de la población canaria se sitúa en posiciones de vulnerabilidad, ya sea por insuficiencia de ingresos, por carencias materiales o por una vinculación débil e intermitente con el mercado laboral. No se trata únicamente de hogares con rentas bajas en sentido estricto, sino de unidades familiares que experimentan restricciones simultáneas en varios frentes, entre las que se encuentran las dificultades para atender gastos cotidianos, la imposibilidad de afrontar imprevistos o limitaciones para acceder a bienes y servicios considerados básicos en una sociedad desarrollada.

Mientras que a escala nacional se aprecia una cierta mejora paulatina de las condiciones medias de vida, asociada a la recuperación del empleo y a la moderación de algunas tensiones inflacionarias, el comportamiento de Canarias es más lento y menos intenso, razón explicativa de la divergencia evolutiva que se manifiesta desde principios de siglo, por lo que la convergencia con el resto del país resulta incompleta. El diferencial territorial persiste y coloca al archipiélago entre las regiones con mayores niveles de fragilidad social. Este patrón no puede interpretarse como un fenómeno coyuntural, sino como la manifestación de desequilibrios estructurales que condicionan la capacidad de la economía insular para generar prosperidad inclusiva. Al ser la geografía inmutable, fuimos, somos y seremos islas de pequeña dimensión fragmentadas y alejadas del continente, de ahí que la compensación económica como punto de partida debe estar permanentemente presente.

Uno de los rasgos que mejor explica esta situación es la configuración del tejido productivo. La especialización en actividades de servicios vinculadas intensivas en empleo con limitado valora añadido genera un volumen considerable de contrataciones. Este tipo de inserción laboral dificulta el crecimiento de rentas y condiciona la probabilidad de que los hogares alternen periodos de ocupación con fases de desempleo o subempleo. La encuesta, en este sentido, recoge precisamente esta realidad al incorporar la dimensión de intensidad laboral, que muestra cómo no basta con tener empleo para garantizar condiciones de vida adecuadas si la participación en el mercado de trabajo es intermitente o insuficiente.

A esta debilidad estructural del empleo se suma la presión del coste de la vida. La insularidad, la dependencia de suministros externos y la tensión en determinados mercados, especialmente el de la vivienda, reducen la renta disponible de las familias. Muchos hogares destinan una parte muy elevada de sus recursos a gastos fijos, lo que limita su capacidad de ahorro y los deja expuestos ante cualquier contingencia. La incapacidad para hacer frente a desembolsos imprevistos o para permitirse determinados consumos básicos no responde tanto a comportamientos individuales como a un contexto económico que estrecha los márgenes financieros de amplias capas de la población.

La encuesta también sugiere la existencia de brechas internas. Los riesgos se concentran con mayor intensidad en determinados colectivos: hogares con menores a cargo, personas jóvenes con trayectorias laborales inestables, mujeres con empleos a tiempo parcial involuntario o personas con menor cualificación. Estas diferencias revelan que la pobreza y la exclusión social en Canarias no son homogéneas, sino que adoptan un marcado componente estructural y generacional. Sin intervenciones específicas, existe el riesgo de que la vulnerabilidad se transmita de padres a hijos, consolidando círculos de desventaja difíciles de romper. Y aquí la geografía también influye.

Desde una perspectiva de política económica, los resultados obligan a cuestionar la idea de que el crecimiento agregado basta por sí solo para mejorar el bienestar colectivo. Canarias ha experimentado etapas de expansión ligadas al turismo y a la llegada de visitantes, pero ello no ha garantizado una mejora equivalente en los indicadores sociales. El efecto derrame es limitado cuando la mayor parte del empleo creado es de baja productividad. Por tanto, el reto no consiste únicamente en crecer, sino en transformar la estructura productiva hacia actividades con mayor valor añadido, más cualificación y mejores salarios. En paralelo, la información de la encuesta apunta a la necesidad de reforzar los mecanismos de protección social. Las transferencias públicas, los servicios de apoyo a las familias y las políticas de vivienda desempeñan un papel determinante para amortiguar las situaciones de carencia material. En contextos donde una parte relevante de los hogares vive al límite de sus posibilidades, cualquier debilitamiento de estas redes puede traducirse rápidamente en exclusión. La cohesión social depende tanto de la capacidad de generar renta como de la existencia de instituciones que redistribuyan y protejan. Asimismo, el análisis regional debe incorporar la dimensión territorial. La dispersión insular y las diferencias entre islas crean desigualdades adicionales en acceso a empleo, servicios y oportunidades educativas. Las estrategias de desarrollo no pueden diseñarse de forma uniforme, sino adaptarse a las particularidades locales, fomentando la diversificación económica, la conectividad y la provisión de servicios básicos en todo el territorio.

Canarias dibuja un escenario en el que la vulnerabilidad social sigue siendo una característica estructural del modelo económico regional. Aunque se aprecian señales de mejora respecto a etapas más adversas, una parte sustancial de la población continúa experimentando limitaciones significativas en su bienestar cotidiano. Por ello, la prioridad no debe centrarse en la capacidad real de los hogares para vivir con seguridad económica, estabilidad laboral y acceso efectivo a los bienes esenciales en un entorno de un tejido productivo competitivo. Sin esa mejora tangible de las condiciones de vida, el progreso macroeconómico seguirá siendo, en gran medida, una estadística que no termina de reflejarse en la experiencia diaria de la sociedad canaria. Parece complicado aunar todas las motivaciones, pero como siempre se dice, si fuera fácil lo podría hacer cualquiera.

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