Odio y polarización

Podría parecer que estamos en una batalla entre unos niñatos multimillonarios, propietarios de redes sociales, y algunos gobiernos de las democracias europeas. No es verdad. Estamos en otra cosa. En una guerra entre facciones que se disputan un fin común: manipular a los ciudadanos.

Imaginen que Donald Trump aprueba una ley en Estados Unidos que impone el control de las redes sociales al tiempo que amenaza con detenciones y cárcel a cualquier persona que critique los valores tradicionales de la sociedad norteamericana. Una ‘caza de brujas’ como la del senador Joseph McCarthy contra los comunistas. ¿No sería un escándalo antidemocrático?

Algunos gobernantes demócratas europeos —Sánchez y Macrón— han anunciado medidas contra el libre acceso a las redes sociales. Ponen de excusa a los menores, pero quieren controlar a los mayores. Sánchez ha prometido que España se colocará a la vanguardia de «rastrear, cuantificar y exponer» a quienes, a su juicio, alimentan en las redes sociales la división social. Quiere imponer un sistema de seguimiento para rastrear «cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio». Solo una apostilla relevante: las plataformas no alimentan nada; son los que las usan.

El artículo 510 del Código Penal español castiga los llamados «delitos de odio», que son la incitación a la violencia, la discriminación o humillación contra grupos o personas por motivos racistas, antisemitas, ideológicos, religiosos, orientación sexual, género, enfermedad o discapacidad. Incluye penas que pueden llegar a los cuatro años de cárcel, por fomentar la hostilidad o negar los genocidios. Todo suena estupendo. ¿Pero qué es exactamente discriminar o humillar a grupos o personas? ¿Se podría establecer que los políticos del PP humillan a los del PSOE cuando les llaman chorizos? ¿Puede ser un delito de odio y polarización que un ministro socialista diga que Toni Cantó «es simplemente una mierda que no te llega a la suela del zapato»? O que Isabel Díaz Ayuso es una «incompetente de dudoso equilibrio mental»? O que un portavoz de Podemos asegure que María Corina Machado «se ha arrastrado como un gusano lamiendo las botas de Trump»? O llamar «saco de mierda» a un diputado opositor.

Este país empezó a desbarrar cuando legisló contra la opinión libre con la «apología del terrorismo». Se inauguró un mundo tenebroso. Un vasco que afirmara que la lucha armada era legítima para conseguir la independencia de su país se la estaba jugando en los mismos juzgados por los que más tarde pasarían raperos y antisistemas que expresaron opiniones consideradas «de odio» por llamar al rey «capo mafioso» y «borracho tirano» o acusar a la policía de torturar y matar a manifestantes y migrantes. ¿Barbaridades? Sin duda. Pero ¿para ser encarcelados?

Las democracias europeas no pueden tomar las mismas medidas que solo han adoptado dictaduras como China, Corea del Norte, Irán o Rusia, donde se ha bloqueado el acceso a redes sociales. Permitir a un chico o chica de catorce años que decida sobre su salud, cambie de nombre o, en su caso —con ciertos requisitos— de sexo; obligarle a tener DNI o, por ejemplo, permitirle interrumpir un embarazo, con autorización de un progenitor, no casa con presentarle como una víctima descerebrada de la influencia perniciosa de las redes. No se puede estar mojado y seco al mismo tiempo. Y además, lo potencialmente peligroso que está en las redes también está en internet. ¿Se va a controlar también el acceso a la red?

A Sánchez le viene bien esta polémica. Es tinta de calamar para los escándalos que le acosan. Pero por si fuera en serio, un aviso a navegantes: aceptar que una mayoría diga cuál es el marco de lo políticamente correcto en las redes sociales abre la puerta a que mañana una mayoría distinta ponga otras reglas morales diferentes. Podría llegar a ser delito negar la existencia de ese Dios en el que creen millones de españoles. O criticar el patriotismo como un último refugio de los canallas. O decir que el celibato del clero es una fábrica de reprimidos sexuales. Vaya usted a saber. Si admitimos que los gobiernos de hoy limiten la libertad de expresión, también lo harán los de mañana. Recuérdenlo.

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