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Opinión | Editorial

Canarias frente a la regla de gasto

La consejera de Hacienda, Matilde Asián.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián. / Álex Rosa

Canarias se encuentra ante una paradoja que resulta difícil de entender. Es una región que cumple con los criterios de déficit y deuda pública, que mantiene la sostenibilidad financiera y proyecta superávit para los próximos años, y sin embargo se ve constreñida por la rigidez de la llamada regla de gasto. Una norma concebida para evitar el derroche presupuestario se ha convertido, en el caso del Archipiélago, en un freno para invertir en sanidad, educación, políticas sociales e infraestructuras.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, lo expresó con claridad esta semana ante el Parlamento: «Prefiero incumplir la regla de gasto a dejar desatendidos a los canarios, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma». Sus palabras no son meras declaraciones; reflejan la realidad de un territorio que ya incumplió la regla de gasto en los años 2024 y 2025, y que las previsiones apuntan a que volverá a hacerlo en 2026, pese a mantener superávit y una deuda que es la más baja de España.

El origen de este incumplimiento es de carácter extraordinario. Según el Plan Económico Financiero de Canarias, la desviación se debe a gastos derivados de la reconstrucción de La Palma tras el volcán, la atención a menores migrantes, sentencias judiciales pendientes, inversiones puntuales en infraestructuras administrativas y medidas para paliar costes energéticos en diversas islas.

El dilema es innegable: Canarias podría ajustar sus cuentas para cumplir la regla, pero hacerlo exigiría recortar servicios esenciales o posponer medidas extraordinarias. Eso significaría dejar desatendidos a canarios vulnerables y frenar proyectos para el desarrollo social y económico. Matilde Asián insiste en que «no tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda», y reclama una flexibilidad que Europa permitiría, pero que España se niega a aplicar a las autonomías.

Mientras Canarias se ve limitada, otras comunidades con déficit y deuda reciben un trato más laxo. El conjunto de las administraciones españolas y la propia administración central, en ocasiones, ha incumplido sus objetivos sin que se le apliquen sanciones. Los partidos de la oposición en las Islas han criticado una postura que denominan como «irresponsable», argumentando que incumplir la regla de gasto implicará ajustes futuros.

El problema no es la disciplina financiera, sino la forma en que se interpreta la norma, que castiga el rigor isleño y premia, de manera indirecta, la relajación presupuestaria de otras regiones. La cuestión que subyace es estructural. ¿Qué sentido tiene un límite de gasto cuando la región ya tiene superávit y deuda mínima? La uniformidad normativa no tiene en cuenta la realidad económica y social de territorios ultraperiféricos. La consecuencia es que cumplir la regla de gasto se convierte en un obstáculo para atender a la ciudadanía.

La Unión Europea reconoce la necesidad de una senda de estabilidad que permita a las regiones gestionar su gasto de manera responsable, especialmente en territorios ultraperiféricos. Canarias cumple con esos objetivos y sin embargo se ve atrapada por una interpretación rígida de la norma nacional que no refleja la realidad de su economía ni de sus necesidades sociales.

La regla de gasto debería ser un instrumento de control inteligente, no un corsé que impida a Canarias invertir en lo esencial. El Archipiélago ha demostrado que es posible mantener la disciplina fiscal y, al mismo tiempo, garantizar políticas públicas efectivas.

La sostenibilidad financiera no debe convertirse en un pretexto para la insostenibilidad social. La atención a la educación, la sanidad, la protección de menores y la reconstrucción de territorios devastados no puede supeditarse a una norma que castiga la prudencia y no la improductividad. Canarias es un ejemplo de que se puede cumplir con la estabilidad presupuestaria mientras se invierte en lo que importa, y la pregunta que queda en el aire es si España está dispuesta a reconocer esta realidad y adaptar sus reglas o seguirá aplicando un doble rasero que castiga a quienes hacen las cosas bien y premia a quienes no.

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