El Gobierno rectifica. A medias

Hace pocos días, el pasado 27 de enero, el Congreso tumbó por una mayoría absoluta de 179 votos (PP, Vox, UPN y Junts) un decreto ómnibus que subía las pensiones con el IPC –una apuesta del Gobierno Sánchez– y un conjunto de medidas, el llamado escudo social, que entre otras cosas prohibían los desahucios para proteger a «los vulnerables». Algo que viene de cuando la pandemia.

Escribí entonces que el Gobierno tendría que rectificar –y que ya lo debería saber cuando aprobó el decreto– porque nadie osaría oponerse a lo de las pensiones (son diez millones) pero que, por el contrario, el variopinto escudo social –en concreto la prórroga de la prohibición de los desahucios– iba a propiciar una mayoría contraria. ¿Por qué el Gobierno envió este decreto ómnibus sabiendo que –salvo milagro– sería derrotado? La única razón es que creyera en los milagros (aunque el ministro Bolaños sabe sumar y restar), o que prefiriera una aparatosa derrota –la primera del año– a una trifulca pública con su socio de Gobierno (y sus aliados parlamentarios) que evidenciaría no ya que se pierde una votación emblemática, sino que no hay ni un Gobierno con un mínimo de unidad ni mayoría parlamentaria. Extraño.

Y en una semana ha llegado la hora de la rectificación. Forzada. Los 10 millones de jubilados no podían cobrar menos en febrero que en enero, cuando Junts y el PP dijeron que votaban contra lo otro, no contra las pensiones. Por eso, el pasado martes el Gobierno aprobó un nuevo decreto –solo sobre pensiones– que será convalidado en el Congreso.

El Gobierno ha rectificado –sería de sabios, si ya antes no supiera que debería hacerlo–, pero hay muchas posibilidades de que vuelva a sufrir otro varapalo con el nuevo decreto ómnibus, el del escudo social. Contiene medidas –prórroga de las ayudas por la dana, del bono social energético…– poco discutibles. Y el Gobierno dice creer –presionado por Sumar– que, una vez pactado con el PNV que los desahucios serán admitidos para los propietarios que solo tengan un piso en alquiler, el nuevo ómnibus pasará.

Dice el Gobierno, ¿quién querrá que muchos vulnerables –incluido niños– se queden sin vivienda, sin calefacción, e incluso sin agua, por no poder pagar el alquiler? Pero no valora dos cosas. Una, que el PP y Vox quieren que se vaya –y ya votaron en contra– y que a Junts, con muchos electores tentados por Silvia Orriols, no le conviene alinearse con Sánchez. Así, lo más probable es que el nuevo ómnibus –exigido por Sumar y tragado por Bolaños- vuelva a morder el polvo.

Y hay algo más de fondo. Un Gobierno competente debería saber que la prórroga continua y repetida de los desahucios –no como una medida excepcional (pandemia), sino habitual– implica que los costes generados cada año corran a cargo de los arrendadores, lo que no tiene sentido económico y –más grave– entorpece aún más el tan necesario y reducido mercado de vivienda en alquiler. Si el Gobierno decide proteger a los auténticos vulnerables –objetivo encomiable de un Estado social–, no debería externalizar los costes a los arrendadores –propiedad privada– sino asumirlos. Proporcionando otra vivienda… o pagando los alquileres, la luz y el agua.

Además, un Gobierno responsable debe saber que las medidas que adopte deben tener mayoría parlamentaria para ser aprobadas. Caso contrario, solo generan mucho ruido y frustración. Y una mayoría parlamentaria plural exige asumir esa pluralidad. Y parece claro que Sumar (y algún otro socio) no lo quiere admitir. ¿Junts y el PNV solo deben estar para seguirles la corriente?

Así, Yolanda Díaz –inquieta porque ella y Sumar no van bien– acaba de pactar con los sindicatos pasar de dos días (ampliables a cuatro), a nada menos que 10 los permisos por la muerte de un familiar. ¿Reformismo a plumazos? No le importan los costes para las empresas, ni que luego el decreto sea rechazado en el Congreso. No cuenta gobernar, sino hacer barullo a favor de sus ocurrencias, que no siempre tienen en cuenta la realidad económica.

Sánchez quiere acabar su mandato. Pero, ¿puede hacerlo con unos socios que demuestran cada día que no les interesa tanto gobernar como generar estériles batallas? Un gran exparlamentario me dijo hace ya meses: «Todo tiene un límite».