Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Retiro lo escrito

La crisis que vendrá

Oficina de empleo

Oficina de empleo / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Los datos: el peor enero desde 2010 con la pérdida de unos 12.000 puestos de trabajo en Canarias y el desempleo alcanzó a 113 personas. Aun así el paro disminuyó en más de 10.000 personas en el último año, afectando también a los desempleados de larga duración. La evolución sigue siendo positiva, aunque la tasa de desempleo continúa en el 12%. Ocurre, sin embargo, que tanto el Gobierno como los agentes sociales advierten que muy probablemente hemos llegado al techo del presente ciclo expansivo. Durante este año será difícil mantener los actuales niveles de ocupación y es altamente probable que durante 2027 se encoja el mercado laboral. Y todo eso si fenómenos externos –llamémosles así– como las trapisondas del Gobierno central con su modelo para la financiación autonómica no nos conducen a medio plazo a algún estropicio y –más lejos en el tiempo– el nuevo marco financiero de la UE prepara las exequias de las RUP, además de concentrar el poder decisorio y planificador en la Comisión en perjuicio de la labor propositiva y fiscalizadora de la Eurocámara.

Como toda economía de servicios, Canarias está a expensas de la salud económica de sus clientes turísticos o, para ser más exactos, de los clientes de las cadenas hoteleras turísticas instaladas en el archipiélago. Y la salud económica europea no luce precisamente espléndida y está sembrada de incertidumbres por el cambio geoestratégico que se está desarrollando actualmente y que solo resulta muy parcialmente controlable por la Comisión y la burocracia bruselense. Por de pronto Europa habrá de financiar su propia seguridad militar y sus propios sistemas de inteligencia. En lo primero deberá gastar unos 800.000 millones de euros durante la próxima década, durante 2026 el gasto en defensa de toda la UE superará probablemente los 400.000 millones de euros. Pero eso solo es una parte del problema. Basta con escuchar a los gobiernos de Alemania, Francia e Italia en su coincidencia común sobre el Estado de Bienestar: no es financieramente sostenible por el envejecimiento de la población y las bajísimas tasas de natalidad combinadas por la alta presión migratoria. El modelo social europeo –esa arcadia de garantías universales que protege a los ciudadanos from the cradle to the grave, como decían los viejos laboristas– es inviable a medio plazo, y se pretende evitar el colapso introduciendo reformas ya, lo que significa niveles de cohesión social más bajos y una vida entre más modesta y mucho más modesta. Hace ya más de medio siglo que el turismo (asociado con las vacaciones) se entiende casi como un derecho. Pero la era de la democratización del turismo puede estar agotándose. Si antes desde Alemania podías visitar Baleares o Canarias todos los años, ahora quizás puedas permitirte un par de visitas cada lustro y gastando lo menos posible de tu bolsillo. No es un escenario que pueda condensarse peligrosamente de aquí a diez años. Puedes ser mucho más rápido y con un impacto más duro en los destinos turísticos más consolidados. Mejor no mencionar –por añadidura– una situación inimaginable en Europa hace muy poco tiempo: la guerra. Serían conflictos localizados pero cargados de tensión política y diplomática en todo el continente y con consecuencias inmediatas en las economías nacionales y familiares.

Todo eso –que significa el empobrecimiento de las clases medias europeas– ocurrirá casi indefectiblemente en la Europa venidera con su inevitable correlato turístico en Canarias. Y deberíamos hacer todo lo posible por estar atentos al desarrollo de acontecimientos y prevenir sus efectos perniciosos para que no escalen hasta lo catastrófico. Entre lo relativamente escaso que podemos hacer al respecto está blindar un conjunto de políticas y medidas por parte del Gobierno español a una comunidad en la que el desplome del turismo podría traducirse en una ruina generalizada y una desarticulación territorial y social inimaginable. La agenda canaria –y su vehículo normativo, el decreto que negocia el Gobierno de Fernando Clavijo– no es en este contexto una ayudita, sino un instrumento preventivo de resistencia.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents