Defender Canarias desde la responsabilidad

Defender Canarias exige algo más que titulares, gestos o escenificaciones. Exige serenidad, rigor y responsabilidad. Desde esa convicción ha actuado siempre el Partido Socialista en Canarias, tanto cuando ha gobernado como cuando ha ejercido la oposición. Porque gobernar y hacer oposición no es hacer ruido: es servir a la ciudadanía.

Hemos sostenido gobiernos y hemos liderado la oposición, estando presentes en los momentos decisivos y en los debates que han marcado la vida de los canarios y las canarias. Hemos promovido leyes, dialogado, acordado y pactado, y también hemos sabido decir no cuando hacerlo era un ejercicio de responsabilidad. Si algún partido puede acreditar una trayectoria de consensos democráticos, de lealtad institucional y de sentido de Estado, es el partido que hoy represento.

Los socialistas no necesitamos improvisar ahora una idea de Canarias. La dejamos escrita hace más de cuatro décadas en el Estatuto de Autonomía, que apoyamos entonces y que volvimos a respaldar con claridad cuando aprobamos su reforma en 2018. Ahí está nuestra forma de entender esta tierra: una Canarias socialmente avanzada, políticamente madura e institucionalmente fuerte.

Creemos en la política como un instrumento útil al servicio de la sociedad, no como una herramienta de propaganda, confrontación permanente o victimismo interesado. La Canarias que defendemos es un proyecto compartido entre todas las islas, basado en valores comunes y plenamente consciente de los desafíos del futuro: compartir y no trocear; abrirnos al mundo y no levantar muros; proteger y no abandonar.

En la práctica, eso significa una Canarias capaz de cuidar a quien enferma, de proteger a quien pierde su empleo, de garantizar dignidad a quien envejece y de ofrecer oportunidades reales a la juventud. Significa combatir la desigualdad con políticas públicas sólidas y construir una sociedad cohesionada, social y territorialmente. Esa ha sido siempre nuestra guía política.

Desde esa convicción actuamos con lealtad institucional, con altura de miras y con un profundo sentido de Estado, porque creemos en el autogobierno y en su fortalecimiento. La España autonómica ha traído democracia y progreso, especialmente a territorios como el nuestro, que durante décadas estuvieron condenados al olvido.

Precisamente desde esa responsabilidad tomamos una decisión que algunos han querido tergiversar: no acudir a la reunión convocada por el presidente del Gobierno de Canarias para hablar del ‘Decreto Clavijo’. En política, la responsabilidad no se mide por la mera presencia en una mesa, sino por la coherencia de los actos. No siempre acudir a una reunión es un ejercicio de responsabilidad; en ocasiones, lo verdaderamente responsable es decir que no. Y dijimos no porque no creemos en los paripés ni en las escenificaciones pensadas para la foto, carentes de voluntad política, de diálogo real y de respeto institucional.

Meses atrás, el Gobierno de Canarias solicitó aportaciones a los grupos de la oposición para un documento que supuestamente iba a negociarse con el Gobierno de España. El Partido Socialista respondió con seriedad, con propuestas concretas y con una alternativa clara para transformar el modelo socioeconómico de Canarias.

Nuestra propuesta partía de una realidad incuestionable: Canarias arrastra problemas estructurales muy graves –baja productividad, alta pobreza, precariedad laboral, excesiva dependencia del turismo y enormes dificultades de acceso a la vivienda– que no han sido resueltos pese al actual ciclo de crecimiento económico, con aumento del PIB, récords turísticos y mayor recaudación fiscal. Existe una desconexión evidente entre los buenos datos macroeconómicos y el bienestar real de la mayoría social.

Ante esta situación propusimos la aprobación de un decreto-ley para impulsar un Plan Extraordinario de Transformación Socioeconómica de Canarias, al amparo del Estatuto de Autonomía, con el objetivo de garantizar derechos sociales, combatir la pobreza, impulsar empleo de calidad, mejorar la productividad y diversificar la economía. Un plan acompañado de una fiscalidad más justa, un uso más eficiente del gasto público, el refuerzo de los servicios públicos y una gobernanza más eficaz.

¿La respuesta del Gobierno de Canarias? Ninguna de nuestras propuestas fue aceptada. Ni una sola. Todas fueron rechazadas sin debate, sin explicación y sin voluntad de acuerdo. Y, aun así, se nos convocó a una reunión para simular consenso. Eso no es diálogo político. Eso es teatro. Y el Partido Socialista no participa en representaciones cuyo desenlace está decidido de antemano.

Pero hay una razón aún más grave. Este Decreto Clavijo no es una propuesta de cooperación institucional, sino un intento evidente de trasladar al Estado más de 3.000 millones de euros para financiar políticas que son competencia directa del Gobierno de Canarias. Se decide aquí, se legisla aquí y se promete aquí, pero se pretende que sea el Gobierno de España quien pague. Eso no es defender Canarias: es eludir responsabilidades.

Hablan de urgencia y excepcionalidad, pero tras casi tres años al frente del Gobierno de Canarias la realidad es incontestable: no han planificado, no han ejecutado y ahora buscan un culpable externo. La pobreza, la baja productividad, la dependencia, la vivienda, la educación infantil o la sanidad no son emergencias sobrevenidas; son problemas estructurales bien conocidos que requieren gestión, prioridades claras y un uso responsable de los recursos propios.

Imaginemos por un momento que los cabildos tomaran la iniciativa de elaborar un borrador de decreto-ley para exigir al Gobierno de Canarias la financiación adecuada de sus políticas en atención a la dependencia y gestión de centros sociosanitarios; infraestructuras y carreteras insulares; protección del medio ambiente y de los espacios naturales; transporte público insular; turismo y desarrollo económico; y defensa del patrimonio histórico y cultural. Imaginemos también la respuesta: el Ejecutivo probablemente alegaría que esa financiación ya está regulada, lo tacharía de invasión competencial o acusaría a los cabildos de politizar la gestión.

En definitiva, Clavijo reclama al Estado lo que jamás estaría dispuesto a reconocer a los cabildos: una incoherencia política difícil de justificar.

Desde el Partido Socialista defendemos que Canarias necesita recursos del Estado y el cumplimiento íntegro del REF. Pero defendemos con la misma firmeza que el autogobierno no consiste solo en reclamar, sino en asumir responsabilidades. Gobernar no es enviar cartas para tapar la falta de gestión y de proyecto.

Por eso no fuimos a esa reunión. Porque no íbamos a avalar una ficción política que confunde a la ciudadanía, debilita el autogobierno y disfraza de urgencia lo que en realidad es falta de gestión.

El Partido Socialista seguirá defendiendo Canarias con rigor, con propuestas y con lealtad institucional. Pero no será cómplice de una forma de hacer política basada en el ruido, la confrontación permanente y el teatro mediático.

Canarias no necesita excusas ni paripés: necesita un Gobierno que asuma sus responsabilidades y esté a la altura de esta tierra y de su gente.